Durante los años 70 y 80, la dictadura chilena incubó el crimen organizado dentro de instituciones militares y de seguridad, en colaboración con otras dictaduras latinoamericanas. El químico Eugenio Berríos produjo cocaína negra y armas químicas con apoyo del Instituto Butantan de Brasil. Al mismo tiempo, figuras como Carlos Cardoen fabricaban bombas de racimo para exportación ilegal a países bloqueados, como Iraq entre 1982 y 1989. Israel proveyó conocimiento probado en campo de batalla, transferido luego como asesoría de seguridad a Chile y a otros países de la región.

Por: Nicolás Romero Reeves

Hoy, el discurso público sobre el combate al crimen organizado domina los medios y los gobiernos de la región. Casos como el Tren de Aragua se presentan como amenazas transnacionales que justifican la presencia de fuerzas extranjeras. Pero detrás de esta narrativa hay una historia más profunda: la lucha contra el narcotráfico sirve como excusa para que Estados Unidos, Israel y sus aliados traigan su guerra a Latinoamérica, integrando sus ejércitos, agencias de inteligencia y bases militares en nuestros países.

Recurrentemente, hemos visto cómo sectores del Ejército, las Fuerzas Armadas, Carabineros y la derecha chilena se vinculan a negocios ilegales: desde robo de leña en el sur, robo de cables, transporte de cocaína en aviones de la FACH, hasta escuchas ilegales a periodistas mediante agencias de seguridad del Ejército. Este patrón demuestra que el crimen organizado no es externo: está incrustado en las instituciones de poder del país.

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La historia nos enseña que los negocios ilegales siempre necesitan mezclarse con negocios legales para mantenerse. La experiencia de Colombia y México lo demuestra: Pablo Escobar aspiraba a ser político pero no podía lavar su dinero; los carteles modernos como el de Cali aprendieron a ocultar operaciones en bancos y empresas legales. Rastrear el origen histórico de estas redes es clave para desbaratarlas, porque solo así entendemos cómo se estructuraron y cómo persisten hasta hoy.

En Chile, esa historia comienza con la dictadura de Pinochet. Tras el asesinato de Orlando Letelier en Washington en 1976, la presión internacional derivó en un bloqueo de ventas de armas de EE.UU., obligando al régimen a buscar aliados alternativos. Israel apareció entonces como socio sucio de Washington, proveyendo entrenamiento militar, logística, tecnología de espionaje y formación en negocios ilícitos y venta clandestina de armas. Este entramado tenía además el objetivo de debilitar la capacidad de los Estados de la región, dejándolos vulnerables a los intereses de EE.UU., Israel y sus aliados.

Durante los años 70 y 80, la dictadura chilena incubó el crimen organizado dentro de instituciones militares y de seguridad, en colaboración con otras dictaduras latinoamericanas. El químico Eugenio Berríos produjo cocaína negra y armas químicas con apoyo del Instituto Butantan de Brasil. Al mismo tiempo, figuras como Carlos Cardoen fabricaban bombas de racimo para exportación ilegal a países bloqueados, como Iraq entre 1982 y 1989. Israel proveyó conocimiento probado en campo de batalla, transferido luego como asesoría de seguridad a Chile y a otros países de la región.

Desde prisión, Manuel “Mamo” Contreras confirmó la producción de cocaína negra y su integración en redes internacionales, abriendo la caja negra de la narcodictadura. Además, se han detectado fondos ocultos de Pinochet en Suiza, EE.UU. y otros países, con nombres distintos, vinculados a contratos de armamento, exportaciones ilícitas y narcotráfico. Estas fortunas tienen origen en el crimen organizado, no en simples ahorros personales.

Pero la influencia de Israel y EE.UU. no terminó en la dictadura. Hasta hoy, Chile sigue siendo asesorado en materia de seguridad y compra de armamento, mientras en países como Colombia esta asesoría ha sido codificada en prácticas militares y de inteligencia. En la región, vemos ejemplos contemporáneos del mismo modelo:

Álvaro Uribe en Colombia: consolidación de un narcoestado con aliados políticos y militares.

Vladimir Montesinos y Alberto Fujimori en Perú: redes de corrupción y control de seguridad vinculadas al narcotráfico.

Novoa en Ecuador: empresa acusada de transporte de cocaína hacia Europa.

Bukele en El Salvador: mega cárceles y mano dura como modelo de combate al crimen organizado.

EE.UU. también ha utilizado la migración inducida como estrategia: crisis económicas en países como Venezuela han facilitado el desplazamiento poblacional y la instalación de bases militares extranjeras, mientras Israel y EE.UU. aseguran su presencia en Argentina, Ecuador, Perú y Chile bajo la excusa de “seguridad pública”. Debemos ser claros: no todo reporte público sobre narcotráfico refleja realmente el negocio ilícito. Gran parte del discurso oficial busca normalizar la presencia extranjera y controlar territorios estratégicos, no combatir el crimen de manera efectiva.

Nuestra miniserie #NarcoDerecha muestra cómo los negocios ilegales se mezclaron con la legalidad:

Introducción de pasta base para adormecer a la juventud que resistía al régimen.

Producción de cocaína negra, camuflada en exportaciones legales.

Adopciones ilegales de niños, fracturando familias.

Venta ilegal de armas y lavado de dinero, incluyendo la familia Pinochet y narcos colombianos como Baramdyka, Tavares y Ochoa Galvis.

Producción de armas químicas, con Israel como aliado logístico y proveedor de conocimiento probado en conflictos.

Incluso durante la transición de los 90, estos negocios no fueron desmantelados. La venta de armas, el narcotráfico y el lavado de dinero continuaron encubiertos, mientras el discurso público se centraba en la “guerra contra el crimen organizado”. Ese discurso sirvió para normalizar la intervención extranjera, fortalecer relaciones militares con EE.UU. e Israel y mantener estructuras de impunidad dentro de nuestras Fuerzas Armadas y sectores políticos.

Hoy debemos preguntarnos: ¿cómo sobrevivieron estas redes durante la transición y perpetuaron su influencia? La respuesta está en la combinación de impunidad, apoyo internacional y control de instituciones estratégicas. Conocer esta historia no es solo un ejercicio académico: es el primer paso para desmontar la #NarcoDerecha y recuperar la soberanía de nuestros Estados.

Fuente: revistadefrente.cl