Debido a que no se consiguió resguardar por completo el parque nacional, la minería ha avanzado en zonas cercanas al área natural, poniendo en peligro a las comunidades indígenas y la biodiversidad.
En 2002 los indígenas participaron del proceso de consulta para la categorización del Parque Nacional Ichigkat Muja-Cordillera del Cóndor. En 2004, el Estado peruano llega a un acuerdo con el pueblo indígena para esta creación de 152,873.76 Has.
Sin embargo, en agosto de 2007 el Gobierno de Alan García Pérez crea el Parque Nacional Ichigkat Muja-Cordillera del Cóndor con solo 88, 477.00 Has, lo cual es tomado como una traición por los pueblos Awajún y Wampis.

Este problema causó la muerte de 34 personas entre 2008 y 2009 por protestas indígenas que reclamaban el reconocimiento del área. No obstante, el Estado en lugar de atender sus demandas otorgó concesiones mineras a empresarios extranjeros y peruanos.
Hasta 2013 se llegó a identificar la presencia de 109 concesiones mineras dentro del área excluida del parque. De estas 7 concesiones eran de Minera Afrodita S.A.C. de Jorge Bedoya Torrico.
Así inicia la problemática de la expansión extractiva que causó división entre las comunidades indígenas y las organizaciones debido a que algunas decidieron apoyar los intereses de mineras como Afrodita S.A.C.
Aunque en 2015, a través de demandas legales las comunidades y las organizaciones llegaron a anular todas las concesiones mineras, impidiendo a Afrodita SAC y demás empresas avanzar con su trabajo en la zona, se optaron por otras estrategias de expansión.
Una fuente confiable informó a Servindi que en 2016 los ilegales habrían optado por hacer alianzas con dirigentes de comunidades para a través de estos inscribir concesiones en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO).
Asimismo, habrían optado por crear comunidades indígenas dentro de la zona no reconocida, para mostrar que había comunidades indígenas que respaldaban la actividad extractiva.
Al no poder conseguir el reconocimiento legal para esta comunidad los ilegales habrían optado por unirse con grupos criminales ecuatorianos y peruanos que actualmente operan en la zona repartidos en diferentes facciones mineras.
Actualmente, según informó nuestra fuente, tres de estas organizaciones extraen oro utilizando dinamitas, cianuro, mercurio, gasolinas, dragas y maquinarias pesadas.
En consecuencia, las aguas cristalinas y dulces de estos ríos y quebradas donde antes abundaban especies acuíferas de sustento alimentario de la población están contaminadas.
Estas tres organizaciones contarían además con el resguardo de grupos criminales de nacionalidad peruana, ecuatoriana, colombiana y venezolana.
Los Choneros son los más conocidos en Ecuador, los Lobos y Pulpos en Perú, además de otros grupos colombianos y venezolanos.
A pesar de que el gobierno anuncia acciones de interdicción en la Amazonía contra la minería ilegal, hay una desconfianza hacia las fuerzas del orden pues habría indicios de corrupción en las instituciones.
Actualmente los líderes indígenas y defensores se enfrentan a grandes riesgos por la expansión de la minería ilegal y las múltiples amenazas, aunque el gobierno no tome en cuenta su problemática, ellos anuncian que continuarán en la lucha por sus territorios.
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