Millonaria corrupción en organismos mineros
Foto: Cícero Pedrosa Neto / Amazon Watch
Parlamentarios y sociedad civil exigen creación de comisión investigadora sobre minería tras detenciones a funcionarios de entidades reguladoras.
A través de la ‘Operación Rejeito’, la Policía Federal descubrió una trama de sobornos y licencias fraudulentas a empresas mineras del estado de Minas Gerais, lo que revelaría la captura del Estado por parte de intereses privados.
La operación dio lugar a 22 detenciones, la suspensión de funcionarios públicos y a la congelación de 280 millones de dólares en activos y otros 3400 millones en proyectos.
Entre los detenidos se encuentra Caio Mário Seabra, director de la Agencia Nacional de Minería (ANM) y un alto funcionario del Servicio Geológico de Brasil (SGB).
Tras el escándalo de corrupción, la diputada Célia Xakriabá (PSOL-MG), recordó que las medidas de protección de los territorios han sido bloqueadas sistemáticamente en Minas Gerais.
“[Esta omisión] es un riesgo directo para el abastecimiento de agua de la región metropolitana y para la supervivencia de los pueblos indígenas, quilombolas y comunidades tradicionales y sus territorios”, sostuvo.
A su vez, la diputada Duda Salabert se refirió a una “mafia minera” enquistada en todas las instancias del poder.
En ese sentido, solicitó la creación de una Comisión de Investigación Parlamentaria, para la que se requieren 171 firmas en la Cámara Baja del Congreso.
La Alianza Volta Grande do Xingu, que agrupa a comunidades, organizaciones e investigadores, expresó su apoyo a la iniciativa de la comisión investigadora y sumó su cuestionamiento a la empresa Belo Sun Mining y su proyecto ‘Volta Grande’, en el río Xingu (estado de Pará).
“Permitir que Belo Sun siga adelante significaría repetir en la Amazonía los mismos errores que devastaron Minas Gerais”, recalcó la Alianza en alusión a la iniciativa de construcción de la mina de oro a cielo abierto más grande de Brasil.
Como recuerda Amazon Watch, en 2017 se suspendió la licencia de este proyecto, por problemas en proceso de consulta con los pueblos indígenas juruna y arara.
Además, autoridades y grupos de la sociedad civil han acusado a la empresa de acaparar tierras y contratar seguridad armada para intimidar a las comunidades locales.
“Las investigaciones muestran que los principales reguladores mineros de Brasil favorecieron el saqueo de los bienes públicos por parte de intereses privados”, sostuvo Ana Alfinito, asesora jurídica de Amazon Watch.
“Esto pone en tela de juicio la integridad y la eficacia de todo el modelo regulador, que debe ser reestructurado y reconstruido”, agregó.
A puertas de la realización de la COP30, la diputada Salabert también lamentó la aprobación de la Ley Devastación, debido a que abriría más lagunas jurídicas para estos delitos.
“¿Queremos ser un referente mundial en materia de protección del medio ambiente? Eso no sucederá mientras las empresas mineras y otras empresas contaminantes sigan sin rendir cuentas”, señaló Salabert.
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Con información de Amazon Watch.
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