Milei: el topo y la epistemología de la ignorancia
Fuente: huelladelsur.ar
El presupuesto 2026 (articulo 30) elimina el Fondo creado para el financiamiento de la Educación Técnico Profesional e instala un ajuste feroz en educación y ciencia, que se expresa en la derogación que garantizaba el 6% del PBI para educación y el 1% para Ciencia y Técnica. Asimismo plantea una rebaja sustancial a las universidades —sometidas ahora a controles que fiscalizarán cómo “invierten” sus recursos— y en el desfinanciamiento casi total de la educación técnica, con un 93% menos presupuestado, respecto de 2023.
La epistemología de la ignorancia se convierte en matriz política del gobierno: un dispositivo que intenta naturalizar la precarización, la desinformación, controlar el acceso al conocimiento y legitimar la represión sistemática.
Minorías que traman nuestros destinos
En ese mismo marco, la “estafa libra” y el “fraude en discapacidad” exhiben la selectividad del orden jurídico. Jubiladxs y trabajadorxs fueron sistemáticamente reprimidos, cada semana por defender derechos básicos, con la aplicación del conocido vulgarmente como “protocolo antipiquetes” de la ex ministra de (in) Seguridad, Patricia Bullrich, a todas luces absolutamente inconsistente, en virtud de lo cual en un fallo reciente fue declarado nulo por el juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº11, haciendo lugar al pedido de una medida cautelar que realizaron diversas organizaciones, como se explica en la nota publicada en Huella del Sur.
Sin embargo, lo que parecía una batalla ganada por las organizaciones sociales y a pesar de los incontrastables argumentos del fallo, el ministerio de (in)Seguridad presentó recurso con efecto suspensivo, lo que dejó sin aplicación la nulidad dictada por el juez Martín Cormick. La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal es la que debe resolver de fondo la validez del protocolo —y eso puede suceder después de la feria judicial (o nunca)— mientras tanto continúa vigente la licencia para reprimir de la que gozan las fuerzas federales. “El orden no se negocia”, posteó la ex ministra en su red de X, haciendo gala de su preceptiva pretoriana.
Esa celeridad “jurídica” no aparece en las investigaciones judiciales de la estafa libra, ni en el fraude en la ANDIS, que ahora el gobierno decidió cerrar, tal vez más que para profundizar la puesta en crisis del colectivo de discapacidad, para borrar los rastros fraudulentos de su administración. Ambas hipótesis —tratándose de la destrucción (selectiva) del Estado— son válidas.
En esa lógica de ajuste y palos, el ajuste educativo se enlaza con la lógica de endeudamiento permanente y la dependencia respecto de Estados Unidos —voto mayoritariamente colonial en las elecciones legislativas— y las corporaciones empresariales, junto con concesiones ilimitadas a fundaciones y ong’s permeabilizadas por las políticas del extractivismo educativo.
El presente se vuelve asfixiante para las juventudes, que ven cancelado su futuro mientras son empujadas por el espejismo capitalista del culto al individualismo y a la meritocracia, en algunos casos, o a la miseria planificada que genera el sistema, en la mayoría.
El discurso del “orden”, repetido por gobernantes y funcionarios variopintos y reforzado con el eslogan de aquello de “el que las hace las paga”, actúa sobre los cuerpos y la vida cotidiana de la inmensa mayoría de la población que lucha por sus derechos.
Orden y organización colectiva I
Pero de qué “orden” se trata, del único que conoce el coloniaje celebratorio del autoritarismo cuando asume un poder del que no es propietario, pero que estas democracias disfuncionales se lo permiten: un poder judicial arcaico (y aristocrático) que no reacciona o lo hace tarde, frente a una resolución (protocolo antipiquetes) que legisla sobre otras leyes y sobre la propia Constitución; o, paradójicamente, con otras dos leyes aprobadas, a pesar de los vetos presidenciales, quedaron vigentes y el gobierno no las cumple: la de Financiamiento Universitario y la de Emergencia Pediátrica y desde el poder judicial, ministerio Público Fiscal incluido, no parece haber la misma reacción que tiene para detener y encarcelar manifestantes, ambientalistas, defensores del agua —como veremos a continuación—, por ejemplo.
Decir basta se constituye en una estrategia didáctica contra el orden (delirante) impuesto por las minorías que traman nuestros destinos y contraponer la organización colectiva es una tarea pedagógica que ya conocimos en varios momentos de nuestra historia y en la historia reciente: la pueblada de 2001; las movilizaciones de la marea verde; la multitudinaria protesta LGBTIQ+ contra los dichos homofóbicos del señor presidente en Davos 2025; las marchas universitarias por presupuesto y la movida de trabajadorxs del Hospital Garrahan; las marchas por el fraude en la Agencia Nacional de Discapacidad y la gran movilización por el agua en Mendoza que dejó una evidencia más de lo que significa legislar contra el pueblo, sus luchadorxs detenidos y procesados; lo mismo sucedía en Chubut, también en lucha por el agua; mientras gobernantes y legisladores se “benefician” con las “nuevas” leyes (de Indias) que habilitan la megaminería minería contaminante y apropiadora de territorios.
El orden, en los términos del poder de las minorías, produce ignorancia, la organización colectiva produce saberes que moldean un horizonte de emancipación, lo llevaron a la acción los estudiantes que lograron la famosa reforma universitaria en 1918; lo supieron los trabajadorxs y estudiantes que fueron protagonistas del Cordobazo en 1969, para no abundar.
El ajuste como proyecto de destrucción de la educación pública y el conocimiento científico
El presupuesto 2026 materializa y profundiza la autopercepción de Javier Milei como “el topo que venía a destruir el Estado”. Esa frase, pronunciada como provocación, se convierte en programa de gobierno y se traduce en cifras que desmantelan pilares básicos de la vida pública, que por supuesto había que mejorar y mucho, pero que lejos de una mejora, la “topocidad” — si se me permite el neologismo, sería un atributo específico de los topos (en sentido presidencial)— se sigue reproduciendo en diputados, senadores y en el mundillo judicial.
Según el Informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) se elimina del presupuesto la garantía del 6% del PBI para educación y el 1% para Ciencia y Técnica, porcentajes que estaban establecidos por la Ley de Educación Nacional. Sin embargo para Ciencia y Técnica el recorte será del 48.8% en 2026 respecto de lo ejecutado en 2023, siendo que de 3.075.646 (en millones de pesos) lo presupuestado por el topo pasa a 1.575.382.
En conjunto, Educación y Cultura sufre una caída del 47,3%; de 14.685.793 (en millones de pesos) en el 2026 dispondrá de 7.742.689. Por otra parte, las becas estudiantiles caerán un 76,6%, tomando el mismo período.
También, y a pesar de la Ley de Financiamiento Universitario, como ya dijimos, que el ejecutivo no cumple, se opera una rebaja sustancial a las universidades, que además, serán sometidas a un esquema de control sobre el uso de sus recursos para continuar recibiéndolos —con la discrecionalidad que la topocidad ostenta—, siendo que por la ley vigente la universidades son auditadas por la Auditoría General de la Nación (AGN). Veamos, en 2023, en millones de pesos, se ejecutaron para esas casas de estudio, 7.354.745 y después de la “topocidad” presupuestaria para 2026 el número se reduce en 33,8%, quedando en 4.572.016.
La motosierra de la topocidad llega al desfinanciamiento extremo de la educación técnica, con un 93% menos presupuestado que en 2023. De 159.642 millones de pesos ejecutados en 2023 pasamos a 11.281 prescripto en el presupuesto 2026.
Los números condensan una estrategia de vaciamiento que reduce al Estado a un aparato mínimo, incapaz de garantizar derechos. El “topo” horada desde adentro las instituciones públicas, debilita su capacidad de sostener la vida colectiva y abre paso a la lógica privatizadora y extractiva. El presupuesto se convierte así en herramienta de demolición, en clave de un proyecto que se legitima con la retórica del orden y la eficiencia, mientras produce precariedad, ignorancia y mayor colonialidad.
Epistemologías
La epistemología de la ignorancia permite comprender cómo el poder organiza la ausencia de saberes como una trama que selecciona qué conocimientos circulan y cuáles se silencian. En esa administración del desconocimiento se inscribe la injusticia epistémica, que deslegitima voces y experiencias, ya sea porque se las considera poco fiables —como ocurre con los testimonios de jubilados reprimidos o de familias que denuncian el gatillo fácil— o porque se les niegan las herramientas conceptuales necesarias para nombrar su propia situación.
La ignorancia se convierte en un recurso político que disciplina y precariza, y la injusticia epistémica en el mecanismo que impide que esas voces puedan disputar el sentido, un poco más allá del instrumental sentido común.
Esta dinámica se enlaza con la colonialidad del saber, que desde la conquista impuso un canon epistémico occidental —actualizado por la hegemonía de los valores burgueses— como universal y relegó los conocimientos locales y comunitarios a la condición de residuo. La colonialidad del poder articula estas dimensiones porque administra la ignorancia, produce injusticia epistémica y reproduce la subordinación de saberes, instalando la idea de que el conocimiento válido siempre proviene de afuera, es una manera de negarle al sujeto la construcción del propio conocimiento.
El ajuste educativo, científico y cultural actual puede leerse como traducción presupuestaria de esa matriz: se recortan recursos para producir ignorancia funcional al orden neoliberal y a la dependencia externa; se deslegitiman las voces que denuncian y se refuerza la idea de que el saber propio carece de valor. Comprender estas epistemologías es reconocer que la represión no actúa solo sobre los cuerpos, sino también sobre las memorias y las palabras, y que la organización colectiva debe convertirse en práctica pedagógica capaz de disputar ese monopolio del saber y abrir horizontes emancipadores.
Orden y organización (Madres y Abuelas) II
El discurso del orden, repetido como consigna por las derechas y reforzado por la frase “el que las hace las paga”, se despliega como pedagogía del miedo. Ese orden se inscribe en las balas de gatillo fácil, en la represión a jubilados, en el disciplinamiento de estudiantes y trabajadores, y en la naturalización de la precarización como destino.
La epistemología de la ignorancia sostiene este dispositivo: invisibiliza la violencia institucional, deslegitima las voces que denuncian y administra el desconocimiento como forma de control. Frente a esa maquinaria, la organización colectiva se convierte en práctica pedagógica y política. Las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo son el ejemplo histórico más contundente: allí donde el poder intentó borrar cuerpos y memorias, ellas construyeron un saber colectivo que desbordó el silencio y transformó la ausencia en presencia política. Su lucha contra la injusticia epistémica —la negación de credibilidad a las víctimas, la imposibilidad de nombrar la desaparición— abrió un horizonte donde la memoria se convirtió en conocimiento y la verdad en derecho público.
Esa experiencia histórica ilumina el presente: las puebladas de 2001, así como las movilizaciones de las que hablábamos más arriba, continúan esa pedagogía de resistencia, mostrando que la organización es un formato de respuesta política, pero, por sobre todo es producción de saber. En el presente, frente a la topocidad que corroe los derechos arrancados al poder y a la violencia estatizada que se legitima como seguridad, la organización colectiva aparece como la única alternativa. La construcción de esa alternativa común, con la fuerza de las memorias, la potencia de las juventudes y los saberes de lxs luchadorxs son las llaves de construcción de ese otro mundo mejor.
Las cifras del presupuesto y la violencia cotidiana muestran un proyecto que busca administrar la ignorancia y disciplinar la vida. Pero la historia argentina enseña que frente al silencio impuesto siempre hubo voces que se organizaron para nombrar lo innombrable. Las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo siguen siendo el ejemplo más luminoso: con pañuelos y memoria transformaron la ausencia en presencia política y abrieron un camino que hoy continúa en cada protesta, en cada marcha, en cada gesto para decir basta.
La producción de verdad, está en nosotrxs, es pedagogía de la conciencia de quienes somos, es horizonte de dignidad. En tiempos de topocidad y represión, la tarea es sostener esa memoria viva y convertirla en acción colectiva. Porque el futuro no se defiende con miedo ni con orden impuesto, sino con la fuerza de quienes se niegan a olvidar y se animan a construir, juntos, un presente emancipador que proyecte un futuro sobre bases que deberán deconstruir todos los modelos de producción —de verdad; de conocimiento; de comunicación; económica; tecnológica…— desde una epistemología de la socialización.
¡Basta de topocidad y sus variantes alegóricas y delirantes!
Por este 2026 y la organización colectiva por aquello de “otro mundo no solo es posible, sino necesario” y más que nunca, urgente. ¡Bienvenidos al año nuevo!
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Fuente: rebelion.org
