Según organismos humanitarios los fallecidos no tenían condenas y tampoco perfiles de pandilleros.

Según la ONG, el 94% de fallecidos eran personas procesadas y sin condena que no tenían perfil de pandilleros y alertó que el número de muertes bajo custodia del Estado podría superar los 1.000.

El régimen de excepción, fue aprobado en marzo de 2022 por el Congreso tras una escalada de homicidios y se ha ampliado en 40 ocasiones por periodos de 30 días a petición del Gobierno del presidente Nayib Bukele.

“De acuerdo con los datos oficiales, en este contexto suman más de 87.100 las detenciones de supuestos pandilleros y personas ligadas a estas bandas, de las que unas 8.000 correspondería a inocentes, según ha admitido el Gobierno” detalló informó la DW.

Hasta el momento, las organizaciones humanitarias han recibido más 6.400 denuncias de atropellos a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones de corta de duración.

Diversas organizaciones humanitarias y analistas han señalado que este régimen se ha mantenido por más de tres años como «un mecanismo de control social y para perseguir a voces críticas del Ejecutivo de Bukele«, según EFE.

 

 

A ello se suma la reforma penal aprobada en 2023 por la Asamblea Legislativa -dominada por el oficialismo que permite la realización de procesos penales masivos y colectivos por grupo de pandilla, y elimina los procesos individuales.

Medida que según han denunciado las organizaciones defensoras de derechos humanos vulnera el derecho al debido proceso de cada una de las personas procesadas.

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