IDL Reporteros advierte que la investigación fiscal por su muerte está congelada y ningún fiscal asume el caso.

Mauricio Ruiz perdió la vida luego de ser impactado por un arma de fuego del policía Luis Magallanes durante la protesta que exigía reformas políticas en el gobierno el pasado 15 de octubre de este año.

Inicialmente el caso fue tomado por el fiscal Roger Yana quien inició diligencias preliminares por el presunto delito de homicidio calificado con alevosía contra el policía Luis Magallanes.

Además, Roger Yana, argumentó –citando jurisprudencia del sistema interamericano y resoluciones del Ministerio Público– las razones por las que investigaba el asesinato de Trvko como violaciones a los derechos humanos, que vuelve imprescriptible el delito.

Debido a ello el fiscal habría sido víctima de un hostigamiento legal, mediático y político encabezado por Stefano Miranda, el abogado de Luis Magallanes, que presentó una queja contra Yana en la Junta Nacional de Justicia (JNJ). A esto le siguió ataques del presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi.

El hostigamiento llevó a Yana a cambiar totalmente su línea investigativa y derivó el caso a una fiscalía penal común llegando a la fiscal Fara Cubillas que reafrimó que el caso se produjo en un contexto de violación de derechos humanos y lo regresó a la Tercera Fiscalía Supraprovincial de Derechos Humanos.

Cubillas consulta a varios despachos, entre ellas de la coordinadora de las fiscalías especializadas de derechos humanos, Rosario Quico, para que decidan qué fiscal provincial debe investigar. 

La fiscal Quico asignó a Andrés Montoya, de la Tercera Fiscalía Superior Nacional Especializada en Derechos Humanos y Terrorismo, pero en noviembre le reiteró el encargo. Y el caso fue derivado al Equipo Fiscal de Casos con Víctimas en protestas (Eficavip). 

De más está decir que Eficavip también rechazó investigar la muerte de Trvko y después de recorrer seis despachos fiscales, la indagación llegó a Patricia Benavides, la fiscal que obstaculizó las investigaciones de las muertes durante protestas.  

Mientras nadie quiere hacerse cargo del caso, Tomás Aladino Gálvez, fiscal interino, nombró el viernes 12 al fiscal superior Montoya, como nuevo coordinador de las fiscalías de derechos humanos en reemplazo de Quico.

El informe de IDL muestra cómo varias fiscalías evitan tomar el caso, lo que demuestra que los efectos de las acciones tomadas contra Delia Espinoza ya estarían surtiendo efecto contra los fiscales, es decir, habría una institución más tomada por intereses ya conocidos que impiden que el caso de Trvko obtenga justicia.

Lea el informe completo de IDL aquí: https://www.idl-reporteros.pe/el-asesinato-de-trvko-en-riesgo-de-quedar-impune/

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