Gobierno formaliza minería sin licencia ambiental
La minería en Bolivia está dañando el medio ambiente y provoca la degradación de los suelos. Foto: cortesía Javier Mamani
El gobierno de Bolivia impulsa un decreto para convertir autorizaciones mineras en contratos con requisitos mínimos, excluyendo licencia ambiental, en una región donde la minería ya genera grave contaminación por mercurio.
Por Iván Paredes Tamayo
Mongabay, 22 de marzo, 2026.- En Bolivia, el gobierno de Rodrigo Paz tiene a la firma un decreto supremo para beneficiar a 3982 operaciones mineras sin adecuarse a la norma. Esta iniciativa busca convertir esos trámites en contratos administrativos mineros con solo la presentación de requisitos mínimos que excluyen la licencia ambiental para el caso de cooperativas mineras. El 38 % de estas operaciones están en la Amazonía boliviana.
En el país existen las Autorizaciones Transitorias Especiales (ATE) que necesariamente deben adecuarse a la Ley Minera 535. Las ATE en ese país son áreas mineras reguladas anteriormente por una norma ya caducada y que ahora deben pasar por un proceso de adecuación a la ley vigente. Sin embargo, con este decreto 3982 ATE podrían ser aprobados sin necesidad de presentar requisitos y tener una licencia ambiental.
Mongabay Latam tuvo acceso al borrador del proyecto, que tiene el título “Decreto Supremo sobre Reglamentación de Procedimientos y Plazos para la Adecuación de Derechos Mineros (ATEs) a contratos administrativos mineros para fortalecer la inversión en el sector minero de Bolivia”, elaborado en febrero pasado por el Ministerio de Minería y Metalurgia y luego transferido al Ministerio de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente.
Además, el documento oficial tuvo el apoyo de la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE), que es la instancia que aprueba las medidas económicas.
Fuentes del Ministerio de Minería y Metalurgia confirmaron a este medio la veracidad del proyecto de decreto, pero aseguran que no existe una fecha para su aprobación.
En este proyecto se establece que es necesario considerar el proceso de adecuación de derechos mineros otorgados antes de la Ley 535. Bajo ese fin, los titulares deben presentar su trámite de adecuación. Sin embargo, no se menciona el derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas, originarios y campesinos que habitan en las zonas mineras ni la aprobación de licencias ambientales.
Fátima Monasterio, abogada e investigadora de la Fundación Solón, explicó a Mongabay Latam que a este proyecto se lo conoce como un “fast track” (vía rápida) para lograr nuevos contratos mineros. La experta detalló que esta iniciativa tiene la “misma narrativa” del decreto 5503, que fue derogado a inicios de este año por el presidente Paz luego de una convulsión social.
“Esto trata de garantizar las inversiones y dejar en un tercer plano el tema ambiental. Es muy grave porque la minería puso a los ecosistemas y las comunidades indígenas en una situación de crisis, de casi un colapso ambiental. Ahora, se propone consolidar casi 4000 derechos mineros sin tomar en serio la crisis que ocasiona la minería”, resaltó Monasterio.
La investigadora añadió que cerca del 70 % de las 3982 ATE ya iniciaron su trámite y que cerca de la mitad de esos trámites iniciados fueron observados. “No dijeron por qué. No se sabe porque fueron observados, si es por falta de requisitos, si es por tema ambiental. Se desconoce”, dijo.
En Bolivia, uno de los problemas más alarmantes asociados a la minería aurífera es la contaminación por mercurio. El uso indiscriminado de este metal pesado en el proceso de extracción de oro refleja un incumplimiento de las regulaciones ambientales.
Existen recientes estudios que comprueban que la minería aurífera provocó daños en varias poblaciones indígenas. Comunidades padecen las consecuencias de la contaminación por mercurio. Además, se comprobó que los peces que habitan en el río Beni, uno de los principales de la Amazonía boliviana, tienen diferentes niveles de mercurio, como informó este medio.
Según datos oficiales, existen 3982 “derechos mineros” previos a la promulgación de la Ley 535 que aún deben adecuarse a esta norma. En 12 años y luego de 11 prórrogas, solo unos 350 (cerca del 8 %) completaron el proceso y obtuvieron su contrato administrativo minero.
Desde la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), entidad pública encargada de aprobar las operaciones mineras, confirmaron que el proyecto de decreto fue elaborado por el Ejecutivo y revisado por AJAM. La intención es resolver este procedimiento en diez meses.
Pablo Solón, director de la Fundación Solón, cuestionó cómo un decreto pretende simplificar requisitos que están fijados por una ley nacional. “Habrá que preguntarse si el decreto puede establecer dos [requisitos], cuando la ley establecía ocho o nueve en el caso de los empresarios privados y cinco o seis en el caso de las cooperativas [mineras]”, afirmó.
La propuesta del gobierno de Paz podría beneficiar tanto a los 2816 mineros que dejaron su trámite a medias, como a los 1166 que no iniciaron el proceso en más de una década, es decir, los 3982 que están vigentes. Para lograrlo, la propuesta normativa establece dos caminos.
Por un lado, según la Fundación Solón, plantea la reducción de las exigencias a solo dos documentos: registro vigente y pago de patentes al día. Y por otro, la resolución de las adecuaciones en diez meses.
“Entonces, el objetivo es un nuevo perdonazo mediante una vía rápida porque los plazos que establece el documento son cortos: seis meses para que el interesado presente la solicitud, un mes para que la revisen, tres meses más para que se publique la lista. O sea, el Gobierno estaría pensando que en diez meses se va a regularizar todo”, detalló Solón.
Según la nómina de los 3982 ATE a la que accedió Mongabay Latam, un 38 % de esa cifra están en la Amazonía. Las demás operaciones están en zonas del Altiplano boliviano, donde se explota plata, zinc, cobre, entre otros minerales, y en zonas del valle, como en los departamentos de Chuquisaca, Cochabamba y el sur de Potosí, donde se extrae oro.
De los 3982 derechos mineros, 511 corresponden a derechos mineros de titularidad de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) sobre áreas no nacionalizadas y 2816 solicitaron su adecuación de derecho minero al nuevo régimen contractual, quedando pendiente 1166 sin solicitud, dice el documento.
El artículo 1 del proyecto de decreto establece que el objeto de la normativa es el de reglamentar los procedimientos y plazos para la Adecuación de Derechos Mineros de las ATE a contratos administrativos mineros, “con la finalidad de otorgar seguridad jurídica y desburocratizar trámites”.
Mientras que el artículo 2 señala que el decreto se aplica a todos los actores productivos mineros que se encuentran en adecuación respecto a derechos adquiridos o preconstituidos.
En el caso de las cooperativas mineras, los requisitos para llegar a contratos administrativos son menores: no se les exige el certificado del Servició de Impuestos Nacionales, la licencia ambiental ni el plan de trabajo e inversión. Pese a estas facilidades, solo el 8 % de los actores mineros concluyó su trámite.
De acuerdo con Solón, el proyecto de decreto no establece de manera específica la obligatoriedad de presentar la licencia ambiental para los procesos de adecuación. “Lo extraño es que menciona solamente dos de los requisitos que contempla actualmente la ley minera. En uno de los artículos sí hay una referencia a que todo se llevará a cabo de acuerdo con varios artículos de la legislación vigente, pero no es específico”, dijo.
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