«EE.UU., la securitización del narcotráfico y la construcción de un enemigo en Venezuela»

«La revelación más grave llegó en agosto de 2025: Trump firmó en secreto una directiva al Pentágono para preparar opciones de uso de la fuerza militar contra cárteles latinoamericanos, incluyendo operaciones terrestres y marítimas fuera del territorio estadounidense. Según filtraciones, esta decisión busca trasladar la “guerra contra las drogas” al terreno de la defensa nacional, incorporando a las Fuerzas Armadas y a la comunidad de inteligencia para atacar a los grupos designados como terroristas. En palabras del propio Marco Rubio, esto implica “tratarlos como organizaciones terroristas armadas, no simplemente como narcotraficantes”, una redefinición que amplía el margen de acción de Washington y lo coloca por encima del derecho internacional.

Por: Nicolás Romero

En el tablero geopolítico latinoamericano, la Casa Blanca ha decidido profundizar una estrategia que no es nueva, pero que en 2025 adquiere un nivel de agresividad inédito: transformar la narrativa del narcotráfico en un problema de “terrorismo” para habilitar la intervención militar directa. Esta operación discursiva y política, conocida en teoría internacional como securitización, le permite a Washington actuar fuera del marco judicial y policial tradicional, otorgándose el derecho de operar con inteligencia militar, fuerzas especiales y operaciones encubiertas más allá de sus fronteras.

El caso venezolano es paradigmático. A lo largo de los últimos años, se ha construido el mito del “Cartel de los Soles”, una figura sin sustento judicial real pero repetida hasta el cansancio en informes del Departamento de Estado y en la gran prensa occidental, con el objetivo de vincular directamente al presidente Nicolás Maduro y a altos mandos militares con el narcotráfico internacional. A este relato se suma, desde febrero de 2025, la inclusión del Tren de Aragua en la lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras y de Terroristas Globales Especialmente Designados. La decisión —tomada por recomendación directa del secretario Marco Rubio al presidente Donald Trump— coloca a una banda criminal venezolana en la misma categoría que grupos armados como Al Qaeda o ISIS.

Lejos de ser una medida aislada, esta designación es parte de un andamiaje más amplio. El Departamento de Estado justificó la inclusión alegando que estos grupos “poseen armamento comparable al de fuerzas militares y controlan territorio”, y que en el caso del Tren de Aragua, su origen estaría “amparado por un régimen ilegítimo en Venezuela”. Con este sello, EE.UU. no solo persigue a presuntos miembros, sino que habilita acciones financieras, sanciones a terceros países y, sobre todo, operaciones militares transnacionales.

La revelación más grave llegó en agosto de 2025: Trump firmó en secreto una directiva al Pentágono para preparar opciones de uso de la fuerza militar contra cárteles latinoamericanos, incluyendo operaciones terrestres y marítimas fuera del territorio estadounidense. Según filtraciones, esta decisión busca trasladar la “guerra contra las drogas” al terreno de la defensa nacional, incorporando a las Fuerzas Armadas y a la comunidad de inteligencia para atacar a los grupos designados como terroristas. En palabras del propio Marco Rubio, esto implica “tratarlos como organizaciones terroristas armadas, no simplemente como narcotraficantes”, una redefinición que amplía el margen de acción de Washington y lo coloca por encima del derecho internacional.

No se trata, por tanto, de una política inocente para “proteger” a los pueblos de la región. Se trata de una doctrina de intervención encubierta, que convierte fenómenos criminales complejos —en gran parte alimentados por el propio mercado estadounidense de drogas— en excusas para cercar, aislar y golpear a gobiernos no alineados. La narrativa securitizadora en torno al Tren de Aragua y el “Cartel de los Soles” no solo busca justificar medidas punitivas, sino abrir la puerta a una escalada militar que, bajo el pretexto del combate al narcotráfico, podría derivar en un nuevo capítulo de injerencia directa en América Latina.

Fuente: revistadefrente.cl