Más allá del narcotráfico, la operación busca consolidar la hegemonía estadounidense en América Latina frente a actores como China, Rusia e Irán.

 

En los últimos dos meses, el Gobierno estadounidense ordenó bombardear al menos a 20 embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental y actualmente tiene 15 000 militares desplegados en la región.

EE. UU. justifica la operación bajo su derecho interno y tratados bilaterales, pero no hay mandato multilateral de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ni de la Organización de Estados Americanos (OEA) que autorice acciones ofensivas en Laguas internacionales o territorios soberanos.

La Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes (1988) permite la cooperación internacional, pero no autoriza ataques unilaterales.

La Convención de Montego Bay (1982) protege la soberanía marítima de los Estados costeros hasta 200 millas náuticas. Las acciones de interdicción en estas zonas requieren consentimiento del Estado ribereño.

Juan Pappier, subdirector de Human Rights Watch (HRW) para las Américas, afirmó que “han muerto 80 personas en lo que, según el derecho internacional, son ejecuciones extrajudiciales”.

Si bien el Pentágono afirma que los barcos transportaban drogas, las autoridades admiten que no conocen la identidad de las personas muertas en estos ataques dijo en una entrevista con el medio Democracy Now!

“Es hora que desde aquí, el progresismo y toda la gente de buena voluntad en Estados Unidos y Puerto Rico, nos pongamos de pie y dejemos claro que no apoyaremos ningún intento de volver a la vieja diplomacia de cañonero ni de invadir otro país latinoamericano” dijo Pappier.

“Y tenemos que hacerlo pronto, porque esto está avanzando muy rápido”, dijo Juan González, copresentador de Democracy Now! Para ver la entrevista completa en inglés, haga clic aquí.

En términos prácticos, la Operación Lanza del Sur consiste en el despliegue militar en el Caribe de buques de guerra y portaaviones como el USS Gerald R. Ford, con capacidad para lanzar cazas F-35 y helicópteros de interdicción.

Asimismo el despliegue de guardacostas y drones marítimos para patrullar rutas sospechosas de tráfico de drogas, especialmente entre Venezuela, República Dominicana y Puerto Rico.

Todo este despliegue cuenta con bases de apoyo en Florida, Panamá y posiblemente en islas aliadas como Curazao o Aruba.

Además de la interdicción armada de embarcaciones se emplea tecnología de vigilancia mediante satélites y radares costeros mientras aviones de reconocimiento P-8 Poseidón rastrean embarcaciones desde el aire.

Todo estas actividades vienen acompañadas de una campaña que promueve una narrativa pública y mediática que intenta presentar como una operación de defensa del pueblo estadounidense frente al “veneno” del narcotráfico.

Se advierte asimismo una agresiva campañas de desinformación que pretende vincular el narcotráfico con gobiernos adversarios para justificar acciones militares.

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