Ecuador limita defensa de derechos y de la naturaleza

Organizaciones han cuestionado Ley que restringe y silencia la defensa de derechos, territorios y naturaleza, bajo el argumento de “transparencia”.

Bajo el argumento de fiscalizar a organizaciones de la sociedad civil, el gobierno tendrá la capacidad de vigilar, clausurar y retener fondos de organizaciones que identifique como sospechosas de recibir ‘flujos económicos ilícitos’.

“Es un paso más en la estrategia de control, silenciamiento y criminalización del tejido social que defiende derechos, territorio y naturaleza”, explicó la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE).

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Promovida por el gobierno y ampliamente cuestionada por organizaciones indígenas, ambientales y de derechos, la medida ya había sido aprobada por la Asamblea Nacional ecuatoriana a fines de agosto.

Por ello, el lunes 27 de octubre, mediante el Decreto Nº 191, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa emitió el reglamento de la ‘Ley de Transparencia Social’, también conocida como ‘Ley Fundaciones’.

La norma define la naturaleza de las Organizaciones Sociales sin fines de Lucro y detalla que estas “no podrán intervenir, directa ni indirectamente, en actividades orientadas a obstaculizar o interferir con proyectos mineros legalmente autorizados”.

En caso se verifique el incumplimiento a esta disposición, la sanción que la normativa determina consiste en la suspensión de la personería jurídica de la organización por cuatro años.

Asimismo, en su artículo 44, este decreto propone la retención de fondos por presuntas actividades injustificadas o sospechosas clasificar a las organizaciones sin fines de lucro según su nivel de riesgo y la posibilidad de retener los fondos que reciben

La normativa también exige el registro en el Sistema Unificado de Información de Organizaciones Sin Fines de Lucro (SUIOS), clasificándolas en función a su nivel de riesgo (alto, mediano, bajo).

El artículo 35 del decreto detalla que entre los aspectos a considerar para esta clasificación se consideran “evaluaciones de riesgo nacional, sectorial o institucional realizadas por autoridad competente”, lo que será revisado periódicamente. 

Como han reportado medios ecuatorianos, organizaciones indígenas y de derechos la han interpuesto seis demandas de inconstitucionalidad contra la mencionada ley.

Entre los demandantes se encuentran la Alianza por los Derechos Humanos, Acción Ecológica, Fundamedios y el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), detalló El Universo.

“El gobierno exige a las organizaciones que entreguen información como si fueran sospechosas, pero no aplica lo mismo a las empresas mineras, contratistas ni cuentas del poder”, cuestionó la CONAIE.

Cabe recordar que, en el marco del Paro Indígena, organizaciones denunciaron que el Estado congeló las cuentas bancarias de sus integrantes, situación que ha sido observada por organismos internacionales. 
 

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