Santo Domingo (Prensa Latina) La reciente decisión del presidente Luis Abinader de aumentar los precios de los combustibles, electricidad, transporte y algunos alimentos, genera un amplio debate en la República Dominicana, donde partidos de oposición y ciudadanos cuestionan el alcance de sus efectos.


Por Mariela Pérez Valenzuela

Corresponsal jefa en República Dominicana

El Gobierno justifica las medidas como respuesta a un “choque externo de gran magnitud”, resultante del conflicto en Medio Oriente y el alza del petróleo en los mercados internacionales, factores que inciden de manera directa en una economía altamente dependiente de las importaciones de hidrocarburos.

En un mensaje a la nación, Abinader aseguró que los ajustes son “inevitables”, aunque prometió que no serán desproporcionados.

Explicó que el Estado continuará amortiguando el impacto mediante subsidios y programas sociales, y destacó que solo en 2025 fueron destinaron más de 105 mil millones de pesos (unos mil 770 millones de dólares) al sector eléctrico.

El mandatario planteó como prioridad preservar el equilibrio macroeconómico, al tiempo que llamó a una “responsabilidad compartida” entre Estado, empresas y ciudadanía.

Asimismo, subrayó la necesidad de avanzar hacia una transición energética que reduzca la dependencia de los combustibles fósiles.

REACCIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Las principales organizaciones opositoras de la República Dominicana han coincidido en cuestionar tanto el contenido como la forma de las medidas.

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) consideró que el país requiere un plan de austeridad estatal para evitar que el peso de la crisis recaiga sobre la población.

Su vicepresidente, Temístocles Montás, advirtió que el Gobierno ofreció explicaciones coyunturales, pero no soluciones estructurales.

El PLD propuso reducir el gasto público no prioritario, revisar programas ineficientes y eliminar excesos administrativos, e insistió en que la sostenibilidad fiscal no debe depender únicamente de subsidios o aumentos de costes.

Por su parte, el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), a través de su presidente Héctor Guzmán, criticó la falta de consenso en la adopción de los cambios, en tanto señaló que el Gobierno actúa con improvisación.

El Frente Amplio sostuvo que existen contradicciones en la política económica oficial y recordó que en contextos similares anteriores también se aplicaron subsidios, pero sin que el impacto llegara a los consumidores.

Recordó que el Gobierno aplicó esta vez dos aumentos consecutivos a los combustibles en una semana y situó la gasolina premium a 305 pesos por galón (5.17 dólares) y la regular a 287.50 pesos (4.87 dólares), lo que, a su juicio, evidencia un perjudicial cambio de criterio, en menoscabo de los ciudadanos.

Consideró que la República Dominicana no necesita discursos que normalicen sacrificios, sino decisiones coherentes para proteger a la gente.

Mientras, el expresidente Leonel Fernández, líder de la Fuerza del Pueblo, afirmó que el país requiere soluciones concretas, más que explicaciones, y evocó experiencias pasadas en las que, según dijo, se manejaron crisis petroleras con mayor eficacia que ahora.

El líder de la oposición manifestó que ya la República Dominicana enfrentó precios más altos y respondió de manera eficaz, como en 2008, cuando el barril del crudo era cotizado en 147 dólares, comentó.

En tanto, el Partido Comunista del Trabajo (PCT) calificó las medidas como una “carga injusta”, al considerar que los sacrificios recaen principalmente en trabajadores y sectores vulnerables, sin afectar las ganancias de grandes empresas.

Mediante una declaración firmada por su secretario general, Aquiles Castro, la organización política denunció que el concepto de “responsabilidad compartida” mencionado por el jefe del Ejecutivo es ilusorio, ya que no toca las “ganancias netas indecentes” de los grandes empresarios nacionales y extranjeros.

“Los sacrificios no deben seguir siendo del pueblo. El componente del mensaje presidencial no deja lugar a dudas de que está dirigido a los de siempre: el pueblo de abajo”, afirmó Castro.

Ante lo que consideran un futuro incierto, el Buró Político del PCT presentó una serie de demandas urgentes para reorientar la economía nacional, entre ellas, una reforma tributaria progresiva y precisó que quienes más ganan deben ser los que más tributen al fisco.

Asimismo, sugirió la suspensión de inmediato de las exenciones fiscales y otras regalías a grandes corporaciones hoteleras, zonas francas y empresas de transporte, las que no se traducen en calidad de vida para la mayoría, además de detener el flujo de fondos del Estado hacia el gran capital.

El PCT también criticó la postura del presidente Abinader frente a la situación geopolítica actual y lo acusó de mantener una fidelidad excesiva a la política exterior de los Estados Unidos.

Señaló que el gobernante omitió hacer un llamado a la paz por razones de “elemental humanidad”, y enfocó su discurso solo en el impacto del precio del petróleo.

CLAVES DEL DEBATE ECONÓMICO

El eje central de la discusión gira en torno a tres puntos fundamentales. En primer lugar, la distribución del impacto, donde la oposición sostiene que las normas adoptadas son de carácter regresivo, pues afectan con mayor intensidad a los sectores de menores ingresos.

En segundo lugar, está la dependencia externa, aspecto en el que existe consenso entre los distintos actores, al considerar que la alta subordinación al petróleo importado agrava la vulnerabilidad económica del país frente a choques internacionales.

Por último, la estrategia de largo plazo marca una diferencia clave entre las posturas. Mientras el Gobierno apuesta por ajustes graduales orientados a preservar la estabilidad fiscal, la oposición reclama reformas estructurales y una mayor eficiencia en el gasto público.

VOCES DESDE LA CALLE

En medio del debate político, ciudadanos expresaron también su preocupación por el aumento del gasto familiar.

María Rodríguez, comerciante de 45 años en Santo Domingo, declaró a Prensa Latina que “cada vez que sube el combustible, sube todo. La comida, el transporte, la luz… y el dinero en el bolsillo es el mismo”.

Por su parte, Jesús Olivo, chofer del transporte público, afirmó que “uno entiende que el petróleo sube, pero al final somos nosotros los que cargamos con todo. Si sube la gasolina y tenemos que subir el pasaje, la gente se molesta”.

PANORAMA GENERAL

La situación refleja un escenario complejo en el que factores internacionales presionan la economía de muchos países, mientras a lo interno, en la República Dominicana el debate gira en cómo distribuir los costos de la crisis.

El Gobierno insiste en que las medidas son necesarias para preservar la estabilidad, pero la oposición política y sectores sociales demandan mayor equidad, transparencia y acciones que reduzcan la vulnerabilidad del país ante situaciones externas.

En el mensaje dirigido a la nación, Abinader aseguró que el país está preparado para enfrentar el impacto de la crisis global del petróleo.

“Ante esta situación será necesario asumir ciertos sacrificios. No desproporcionados, no indiscriminados, pero sí inevitables. Habrá presiones en las tarifas eléctricas, en el precio del transporte y, en alguna medida, en el de los alimentos…”, anunció.

Sin embargo, más allá de las explicaciones oficiales y las críticas políticas, el efecto real del anuncio comienza a sentirse en la ciudadanía, que enfrenta el desafío de ajustar sus ingresos a un costo de vida en ascenso.

En ese contexto, queda abierta la interrogante sobre hasta qué punto las decisiones oficiales adoptadas lograrán equilibrar la estabilidad económica con la protección efectiva de la población, en especial en sus sectores más humildes.

Fuente: publica.prensa-latina.cu

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