Delcy Rodríguez anuncia un proyecto de amnistía general en Venezuela

La mandataria encargada precisó que no serán beneficiados «aquellos procesados por homicidio, por tráfico de drogas, por corrupción y por violaciones graves a los derechos humanos».

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez Gómez, anunció este viernes que someterá a consideración de la Asamblea Nacional un proyecto de ley de amnistía general, en interés de «cerrar las heridas» que han dejado la «violencia política» y el «extremismo» desde 1999 al presente. 

«Hemos decidido impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el período de violencia política de 1999 al presente y encargo a la Comisión para la Revolución Judicial y al programa para la Convivencia Democrática y la Paz, para que en las próximas horas, instalados en urgencia, presenten la ley ante la Asamblea Nacional», informó la mandataria en un acto a propósito del inicio del año judicial. 

A ese respecto, expresó su deseo de que la normativa –discutida en el seno del alto mando político de la Revolución bolivariana y que cuenta con la venia del presidente Nicolás Maduro– «sirva para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política desde la violencia y desde el extremismo; que sirva para reencausar la justicia […] y la convivencia entre los venezolanos y las venezolanas». 

Exhortó asimismo a los beneficiarios por medidas de excarcelación a que «no se imponga la venganza, la revancha ni el odio». «Estamos dando una oportunidad para vivir en paz y en tranquilidad en Venezuela, con diferencias, que las hay», en el marco del respeto mutuo y a la observancia de la ley y la Justicia, apuntó. 

Rodríguez aclaró que, de conformidad con lo estipulado en la Constitución local, la iniciativa excluye a quienes están incursos en delitos graves, concretamente a «aquellos procesados o condenados por homicidio, por tráfico de drogas, por corrupción y por violaciones graves a los derechos humanos». 

Humanización de la justicia

En sus reflexiones, la dignataria interina llamó la atención sobre la así llamada «criminalización de la pobreza», al referir que en Venezuela, 68,8 % de los privados de libertad provienen de entornos empobrecidos, mientras que solo el 1,14 procede del estrato socioeconómico más rico, lo que da cuenta de la existencia «un componente de selectividad socioeconómica» en la aplicación de la ley. 

«Yo les pido que le demos un giro a esta realidad, que el Estado venezolano tenga intervención social y económica para la prevención del delito. Y pido también […] medidas alternativas al castigo y a la punición […], en el marco de una categorización de los delitos», solicitó. 

Tras esta exposición, hizo pública la convocatoria a «una gran consulta nacional» cuyo propósito será la construcción de un «nuevo sistema de justicia». La iniciativa estará a cargo de la Comisión de la Revolución por la Justicia, que encabeza el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello. 

«Hay espacios donde los venezolanos y las venezolanas podemos seguir andando y dando pasos firmes, en cohesión y en unión nacional. Y la justicia es un espacio para la unión nacional, porque es la justicia para la tutela de los derechos de todos los venezolanas y venezolanos, sin distingo de clase social, acceso a poderes de ningún tipo. Es el concepto de justicia universal que debe tener un país para sostenerse», alegó. 

Para concluir, anunció que las instalaciones de El Helicoide, empleadas hasta ahora como centro de detención, se convertirán «en un centro social, deportivo, cultural y comercial para la familia policial y para las comunidades aledañas» a ese recinto. 

Apostolos Tzitzikostas sostuvo que no ve indicios de que «potencias adversarias» estén dirigiendo operaciones contra la isla.

El comisario europeo de Transportes, Apostolos Tzitzikostas, minimizó las preocupaciones por la presencia de accionistas chinos en puertos estratégicos europeos y afirmó que no ve un problema de seguridad vinculado a esa participación.

En declaraciones a Euractiv, consultado por la implicación de inversores extranjeros en infraestructuras sensibles, como los puertos de Hamburgo o El Pireo, donde China ha realizado importantes inversiones, el comisario griego respondió: «No, no diría que exista un problema de seguridad«.

Tzitzikostas aseveró que el hecho de que terceros países tengan participación accionaria en puertos de la Unión Europea (UE) no constituye en sí mismo un riesgo, aunque precisó que la próxima Estrategia Portuaria del bloque —prevista para el 18 de febrero— incluirá medidas específicas para abordar la propiedad extranjera en activos considerados estratégicos.

«No es un punto caliente»

Sus comentarios llegan pocos días después de la publicación de la nueva Estrategia de Defensa Nacional de Estados Unidos, que por primera vez en más de una década, deja de apuntar a Pekín como principal amenaza de seguridad.

El comisario recordó que la participación de actores extranjeros en infraestructuras críticas ya es «una norma» en algunos lugares, citando como ejemplo Groenlandia, donde Estados Unidos opera una pista en su base militar de Pituffik. Esa revisión de infraestructuras se enmarca en un esfuerzo más amplio de la UE para reforzar la movilidad militar, un debate intensificado por las recientes tensiones en torno a Groenlandia y el renovado interés por la posición europea en el Ártico.

Tzitzikostas también restó importancia a las advertencias sobre la seguridad en Groenlandia y en el extremo norte. Según dijo, no hay indicios de que «potencias adversarias» estén dirigiendo operaciones contra la isla ni de que sea necesario realizar inversiones urgentes para desplegar tropas allí. «No considero que el Ártico sea un punto caliente en este momento», señaló.

• Groenlandia, la isla más grande del mundo, forma parte de Dinamarca, aunque goza de una amplia autonomía al ser una entidad que tiene su propio gobierno.
• El mandatario estadounidense lleva meses manifestando que su país necesita controlar Groenlandia por cuestiones de seguridad internacional. Su Administración no ha descartado utilizar, si fuera necesario, la fuerza militar para apoderarse de la isla, uno de los tres territorios constituyentes del Reino de Dinamarca, que a su vez es miembro de la OTAN. 

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