Cuando Milei se lava las manos: la discapacidad como daño colateral del ajuste
Fuentes: Rebelión
La disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad no es una decisión administrativa: es una definición política que revela cómo este gobierno entiende al Estado, a los derechos y, sobre todo, a los cuerpos vulnerables.
El anuncio oficial intenta presentarse como un gesto de “orden” y “transparencia”, pero en realidad funciona como una coartada elegante para profundizar un ajuste que ya viene golpeando con crudeza a las personas con discapacidad. La excusa es conocida: irregularidades, desprolijidades, supuestos abusos. El método también. Ante un problema complejo, se rompe el termómetro y se declara éxito.
La ANDIS fue creada para dotar a la política de discapacidad de autonomía, especialización y jerarquía institucional. No era un capricho burocrático, sino el reconocimiento de que la discapacidad no puede administrarse como una planilla más dentro de un ministerio saturado. Absorberla en Salud no “simplifica”: diluye responsabilidades, licúa prioridades y vuelve invisible un área que, sin estructura propia, queda siempre al final de la fila.
El argumento oficial es frágil. Si hubo corrupción —y la investigación judicial indica que la hubo— la respuesta racional es fortalecer controles, auditar procesos y sancionar responsables. No desmantelar el organismo. Cerrar una agencia por corrupción es como clausurar un hospital porque un médico robó: castiga al sistema y abandona a los pacientes, mientras los verdaderos beneficiarios del delito muchas veces quedan indemnes.
Aquí aparece la metáfora central de esta etapa: un Estado que se presenta como cirujano, pero actúa como carnicero. En nombre de la eficiencia, corta donde duele menos políticamente. Y la discapacidad duele poco en términos de costo electoral. No corta mercado, no genera lobby poderoso, no ocupa prime time. Por eso se avanza.
El caso ANDIS, además, desnuda una contradicción estructural del discurso libertario. Se denuncia al Estado como botín, pero se gobierna con redes de intermediación privadas que reproducen exactamente ese botín. Droguerías cartelizadas, compulsas direccionadas, funcionarios amigos, operadores que prometen Lamborghinis. El problema no es el Estado: es quién lo captura y para qué intereses se pone a trabajar.
Desde una mirada peronista, esto es central. Los derechos no son un gasto, son una inversión social y moral. La discapacidad no es una falla individual, sino una construcción social que el Estado debe compensar para garantizar igualdad real. Cuando se retira, no aparece la libertad: aparece la ley del más fuerte, del que puede pagar, del que tiene contactos.
La absorción de la ANDIS no garantiza transparencia ni continuidad. Garantiza algo mucho más previsible: menos visibilidad, menos presupuesto efectivo y más discrecionalidad encubierta. Un ajuste silencioso, sin titulares dramáticos, pero con consecuencias concretas en la vida cotidiana de miles de familias.
El futuro que se proyecta es peligroso. Un país que naturaliza que los derechos pueden reorganizarse como si fueran muebles de oficina es un país que renuncia a la idea misma de justicia social. La alternativa existe: reconstruir un Estado inteligente, con control social, con participación, con organismos fuertes y no dóciles.
La pregunta final no es técnica. Es política y moral: ¿vamos a aceptar que la discapacidad sea la variable de ajuste de un experimento ideológico, o vamos a volver a poner al Estado del lado de los que más lo necesitan? La respuesta define mucho más que una agencia. Define qué tipo de sociedad estamos dispuestos a ser en las próximas décadas; ¿Sera la LEY de la selva; donde sobrevive el depredador más fuerte?.
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Fuente: rebelion.org
