COP30 concluyó con un sabor más agrio que dulce

“Hoy, el principal desafío es político: decidir si seguimos confiando en un sistema que posterga la justicia y privilegia la retórica, o si desde el Sur construimos una arquitectura de cooperación sólida, capaz de convertir compromisos en acciones concretas y verificables” concluye un artículo de la Fundación Heinrich Böll.

La COP30 dio un paso adelante en algunos temas como adaptación, salud y financiamiento, pero no logró cubrir todos los frentes clave de la crisis climática con la urgencia y ambición que el mundo esperaba.

Según el Instituto de Recursos Mundiales (WRM) los compromisos nacionales (NDC) siguen siendo poco ambiciosos para alcanzar el límite de 1,5 °C. 

Entre los aspectos positivos se encuentra que la COP30 ha puesto un fuerte foco en la adaptación –y no solo en reducir emisiones–, reconociendo que muchos países ya sufren los impactos del cambio climático.

Si algo quedó claro en la sesión plenaria de cierre de la COP30 es que la niñez y la juventud tienen más visión, valentía y sentido de futuro que muchos adultos aferrados al pasado.

Es la primera COP después de que la Corte Internacional de Justicia (CIJ), clarificara que los Estados tienen la obligación de limitar la temperatura por debajo de los 1.5 grados.

Sin embargo, esta COP30 termina con debates sin sentido sobre lo que ya nos ha clarificado el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) y la CIJ manifestó Mariana Campos Vegas, coordinadora para América Latina de World’s Youth for Climate Justice.

“El hecho de que la opinión consultiva no se encuentre referenciada en los textos, no desaparece las obligaciones de los Estados. La ciencia y el derecho se encuentran en un mismo camino, redirigir la gobernanza climática a ese camino no sólo es necesario, es urgente” dijo Mariana Campos. 

El punto más controvertido es que el borrador final no incluye una hoja de ruta vinculante para dejar los combustibles fósiles. El texto final se ha calificado como “débil” por omitir compromisos explícitos sobre petróleo, gas y carbón.

Según WRI, más de 80 países apoyaban una transición justa, pero algunos “petroestados” presionaron para debilitar el acuerdo final, lo cual pone en evidencia una de las limitaciones de la arquitectura de las COP que exigen acuerdos por consenso.

El medio Infobae cita un comunicado de científicos como Thelma Krug o Johan Rockström que afirman que la omisión de los “combustibles fósiles” es “una traición a la ciencia” y pone en riesgo el límite de 1,5 °C.

La situación contraviene la advertencia de la Corte Internacional de Justicia que indica que seguir subsidiando y expandiendo la explotación fósil podría constituir una violación del derecho internacional.

Colombia mostró una gran coherencia a favor de la creación de una hoja de ruta para la salida global de los combustibles fósiles y defendió este mensaje dentro y fuera de la sala de negociación.

En la COP30 los gobiernos de Colombia y los Países Bajos presentaron la Declaración de Belém y anunciaron la organización conjunta de la Primera Conferencia Internacional sobre la Transición Justa hacia energías renovables.

El evento tendrá lugar el 28 y 29 de abril de 2026 en la ciudad portuaria de Santa Marta, Colombia, y servirá como espacio estratégico para el diálogo entre una amplia gama de actores.

Su finalidad es explorar caminos viables, justos y equitativos para la transición hacia una energía sostenible, diversificada y accesible.

Concebida para impulsar transformaciones sólidas y estructurales, la cumbre busca facilitar una eliminación gradual, planificada, justa y sostenible de los combustibles fósiles y abordar la necesidad de un cambio estructural en nuestro modelo socioeconómico.

Aunque se discutió movilizar 1,3 billones de dólares anuales, los compromisos firmes siguen sin materializarse, dejando a países vulnerables sin garantías.

Se acordó triplicar los fondos para adaptación climática hacia 2035 y los bancos multilaterales de desarrollo anunciaron medidas concretas para acelerar ese financiamiento.

También se lanzó una Alianza para la Implementación de Planes Nacionales de Adaptación (NAP), para coordinar recursos públicos y privados y llevar a cabo planes de adaptación en los países más vulnerables.

Sin embargo, Climate Action Network América Latina (CANLA) lamenta que la COP30 no consolidara una discusión sólida sobre la provisión de financiamiento público y de calidad bajo el artículo 9.1, pese a ser una reclamación legítima, necesaria y colectiva del Sur Global.

La inclusión de esta conversación en el Mutirão terminó diluyendo la obligación jurídica de los países desarrollados de proveer financiamiento y asegurar que este sea previsible y de calidad.

La provisión de financiamiento de calidad de los países del norte global se encuentra establecida en el artículo 9.1 del Acuerdo de París y es una señal de responsabilidad y solidaridad con territorios que, esos países continúan explotando.

CANLA observa que ubicar el 9.1 “en el contexto del artículo 9 en su conjunto” desplaza la responsabilidad hacia un terreno más amplio y políticamente cómodo para los países del Norte global.

Deja un programa de trabajo sin modalidades, sin cronograma y sin productos claros, contribuyendo a dilatar una conversación sustantiva sobre el tema, indica CANLA. 

La decisión de triplicar el financiamiento para la adaptación a 2035 no disipa la desconfianza y varios países no industrializados exigen más transparencia y un compromiso más firme de parte de los países ricos. 

La región insistió —y lo seguirá haciendo— en que la adaptación no puede seguir dependiendo de compromisos vagos ni financiamiento incierto. No pedimos caridad, exigimos responsabilidad, indica un texto de CANLA. 

La COP30 quedó vacía de decisiones para transformar los mecanismos existentes de reparación por pérdidas y daños. Un fondo insuficiente y la negación de las obligaciones de reparar siguen siendo elementos centrales de la arquitectura del régimen climático.

Los debates sobre cómo apoyar a comunidades afectadas por sequías, inundaciones y pérdida de biodiversidad quedaron trabados.

Adríán Martínez Blanco, director ejecutivo de La Ruta del Clima, manifestó que las comunidades en todo el mundo exigen acceso a la justicia y el fin de la especulación con el sufrimiento.

“Es hora de que los Estados cumplan con sus obligaciones y reparen el daño causado. Ni los derechos ni los deberes legales deberían estar a negociación: la CMNUCC debe alinearse con el derecho” prosiguió Adrián Martínez Blanco.

La creación de un mecanismo en el marco del Programa de Trabajo de Transición Justa (JTWP, por sus siglas en inglés) representa una victoria política significativa para América Latina.

Por primera vez se logra un espacio dedicado que reconoce la transición justa como un componente central para implementar el Acuerdo de París y el Balance Global.

El texto incorpora la mayoría de los principios propuestos por la sociedad civil, proporcionando una base sustantiva desde la cual avanzar.

Además, invita a los países a integrar rutas a nivel nacional y reconoce la necesidad de financiamiento adicional y altamente concesional.

Sin embargo, el mecanismo quedó establecido sin un marco holístico que articule plenamente estos principios y su operacionalización se aplaza a la COP31 con entrega final en la COP32.

A pesar de su potencial transformador, el mecanismo aún carece de salvaguardas y directrices de gobernanza, dejando brechas que deberán cerrarse para garantizar que la transición sea realmente justa.

“Celebramos la creación del Mecanismo de Acción de Belém: una victoria obtenida tras un año completo de presión constante desde la sociedad civil” dijo Laura Restrepo Alameda, oficial de incidencia de Climate Action Network en América Latina.

“Y aun en este momento de avance, es profundamente desalentador que las Partes no hayan acordado ninguna referencia a dejar atrás los combustibles fósiles, un silencio que pesa sobre un paso que, de otro modo, sería histórico” agregó Restrepo.

Por su parte, Camila Mercure, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), expresó que celebraba que la COP30 reconozca que una transición justa debe poner en el centro a las personas, los territorios y los derechos.

“Pero esa transición no puede construirse ignorando la realidad: sin un compromiso explícito de transitar lejos de los combustibles fósiles y sin abordar los riesgos socioambientales de las nuevas cadenas de minerales, la justicia queda incompleta” agregó.

Brasil presentó un “Plan de Acción en Salud de Belém” para fortalecer la resiliencia del sector salud frente al cambio climático. Se han comprometido unos 300 millones de dólares para esa iniciativa.

Este plan considera equidad en salud, justicia climática y reforzamiento de capacidades con monitoreo, innovación y gobernanza. 

Hay reconocimientos institucionales de que la adaptación debe tener la misma prioridad que la mitigación, especialmente para países más vulnerables. 

Los bancos multilaterales además propusieron métricas más claras para evaluar la efectividad del financiamiento climático, lo que puede mejorar la rendición de cuentas. 

La adopción de los indicadores de adaptación –aunque marcada por inconsistencias técnicas– fue un paso necesario para avanzar hacia la fase de implementación.

La llamada Visión Belém-Addis ofrece ahora una oportunidad clave para corregir estas fallas y asegurar que el marco sea operativo de aquí a 2027.

Existen numerosos retos operativos y de implementación que ahora se desplazan a los países con fines de incidencia de los compromisos entregados por las Partes a fin que no queden solo en promesas. 

Aun con una “Agenda de Acción” muy ambiciosa, llevar estos planes a la práctica será un gran desafío, especialmente en países con menos capacidad institucional, voluntad política y recursos.

No todos los actores podrán cumplir con las soluciones propuestas si no hay mecanismos claros de seguimiento y recursos adecuados.

Florencia Ortúzar, de la organización regional AIDA dijo al respecto: “Desde la sociedad civil seguiremos exigiendo NDC más ambiciosas, coherentes e implementables, que marquen el camino de los países hacia soluciones reales y en los tiempos que la ciencia exige”.

El futuro de la acción climática se define tanto en la COP como en las decisiones políticas nacionales escriben Rodrigo Astorga Hering y Benjamín Carvajal en un artículo publicado por la Fundación Heinrich Böll.

“Hoy, el principal desafío es político: decidir si seguimos confiando en un sistema que posterga la justicia y privilegia la retórica, o si desde el Sur construimos una arquitectura de cooperación sólida, capaz de convertir compromisos en acciones concretas y verificables” concluyen.

Comunicación intercultural para un mundo más humano y diverso.

Calle Los Cipreses 350 – San Juan de Miraflores – Lima – Perú.

Servindi.org es un sitio web especializado en promover el diálogo intercultural sobre temas de interés indígena y ambiental.

Las ediciones son de responsabilidad propia y no compromete la opinión de ninguna organización indígena local, nacional o internacional.

Los contenidos de este sitio se encuentran bajo licencia : Reconocimiento al autor, Sin fin de lucro, Compartir igual Sindique las noticias (RSS).

Fuente: www.servindi.org