Por Redacción MC

La audiencia de primera declaración del abogado y defensor de derechos humanos Ramón Cadena Rámila fue reprogramada para el 23 de octubre de 2025, según resolvió el Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal. Cadena ha anunciado que se presentará de forma voluntaria a tribunales, aunque enfrenta una orden de aprehensión en su contra, por lo que corre riesgo de ser detenido al momento de su llegada.

El caso de Cadena se enmarca dentro del proceso conocido como Toma USAC: Botín Político, mediante el cual el Ministerio Público (MP) ha judicializado la protesta universitaria contra la imposición de Walter Mazariegos como rector de la Universidad de San Carlos. A raíz de su oposición pública a este nombramiento, Cadena ha sido criminalizado, junto a otros estudiantes, docentes, periodistas y defensores de derechos humanos.

El pasado 16 de junio, el MP solicitó a Interpol emitir alerta roja contra Cadena y otras ocho personas señaladas por su participación en las protestas universitarias. Frente a esta situación, el Bufete Jurídico de Derechos Humanos realizó una comunicación urgente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para solicitar medidas cautelares y evitar capturas arbitrarias.

A la par, Cadena, junto a organizaciones campesinas e intelectuales, presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra los expresidentes Jimmy Morales y Alejandro Giammattei, la fiscal general Consuelo Porras, y los fiscales Rafael Curruchiche y Cinthia Monterroso. La denuncia sostiene que los hechos configuran un delito de lesa humanidad, al tratarse de una persecución sistemática y generalizada contra población civil por motivos políticos.

Criminalización del derecho a la resistencia

El MP acusa a los implicados en el caso de cuatro delitos: sedición, asociación ilícita, depredación de bienes culturales y usurpación agravada. Para Ramón Cadena, estas figuras penales se están usando de forma genérica para castigar la protesta legítima y silenciar la defensa de los derechos humanos.

“El delito de sedición ya debió ser derogado. Lo están utilizando para perseguir a estudiantes y defensores. Están restringiendo el derecho a la resistencia digna”, denunció el abogado.

Una estrategia de impunidad y Persecución judicial como crimen internacional

Cadena sostiene que las acciones del MP y ciertos jueces responden a una estrategia del pacto de corruptos, que busca mantener estructuras de poder e impunidad, incluso dentro de la universidad. En este contexto, vincula las acciones judiciales con intereses del crimen organizado que rechazan el proyecto anticorrupción del gobierno de Bernardo Arévalo y el partido Semilla.

Además, cuestiona la figura de “rebeldía” decretada por el juez Víctor Cruz, al considerar que se está utilizando de forma incorrecta para anticipar medidas represivas.

La denuncia presentada ante la CPI enfatiza que la persecución contra jueces, fiscales, periodistas, abogados y estudiantes representa un patrón sistemático. “Primero fueron los jueces, luego los fiscales, ahora los estudiantes. Es generalizado y sistemático. Es un crimen de lesa humanidad, y debe investigarse internacionalmente”, afirmó Cadena.

El abogado también mencionó casos previos en los que Interpol ha rechazado pedidos similares del MP por tratarse de procesos espurios, como los de Juan Francisco Sandoval y Carmen Rosa de León.

Un sistema de justicia colapsado y cómplice

Cadena denuncia que existe una colusión entre fiscales y jueces para perseguir selectivamente a quienes se oponen a redes de corrupción: “El Ministerio Público y los jueces no actúan de forma independiente. Están protegiendo la impunidad del ‘pacto de corruptos’ y castigando a quienes lo enfrentan”.

“El daño que se está haciendo es gravísimo. No solo institucional, sino humano, psicológico. A los estudiantes y defensores se les está robando el futuro. Esto debe ser entendido como un crimen de persecución”, advirtió Cadena.

Frente a la inoperancia de la justicia nacional, el abogado plantea la necesidad de una nueva estrategia internacional: una instancia como la extinta CICIG, una reforma constitucional que devuelva independencia al sistema de justicia, y el uso de tribunales internacionales como la CPI.

39 organizaciones de derechos humanos solidarias con Ramón Cadena

En los primeros días de julio El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (OMCT-FIDH) y otras organizaciones y asociaciones de derechos humanos solidarias con Ramón Cadena, abogado y defensor de derechos humanos, exigieron el alto a la criminalización de la defensa de derechos humanos en Guatemala #SolidaridadConRamónCadena

Las organizaciones de derechos humanos firmantes nos dirigimos a las autoridades guatemaltecas y a la opinión pública nacional e internacional para manifestar nuestra profunda preocupación y solidaridad activa ante la audiencia judicial prevista para el próximo 9 de julio de 2025 contra el abogado y defensor de derechos humanos Ramón Cadena Rámila, en el caso catalogado por el Ministerio Público como “Botín Político USAC”.

Se tiene programado que el Sr. Cadena y otras personas vinculadas a este caso comparezcan ante el Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal de Guatemala, a cargo del juez Víctor Cruz. Se trata de una audiencia de primera declaración que podría abrir la vía para su enjuiciamiento penal, en un contexto de criminalización y persecución judicial claramente motivado por su labor de defensa de derechos humanos y acompañamiento legal a estudiantes universitarios.

Ramón Cadena es un destacado abogado de derechos humanos guatemalteco, reconocido internacionalmente por su labor en defensa de los derechos humanos, especialmente en casos relacionados con los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, y los derechos sobre la tierra y la justicia medioambiental. Fue Director de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) para Centroamérica por más de 14 años apoyando a varias organizaciones de derechos humanos y grupos de defensa legal en Guatemala. En 2016, la casa del Sr. Ramón Cadena fue allanada en relación a su trabajo como abogado. Posteriormente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas cautelares CIDH 661-16, las cuales siguen vigentes hasta la fecha.

El 16 de noviembre de 2023, el Ministerio Público giró 31 órdenes de allanamiento y 27 órdenes de aprehensión contra estudiantes, personal académico, personas defensoras de derechos humanos y abogadas, por los delitos de “usurpación agravada en forma continuada”, “depredación de bienes culturales en forma continuada”, “sedición en forma continuada” y “asociación ilícita”, en el marco de la ocupación pacífica de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC). En este contexto, se emitió una orden de aprehensión contra el Sr. Cadena, dentro de la causa número C-01070-2023-00023 MPE01-2023-39575-MP001-2022-5005, debido a su labor de asesoramiento jurídico a estudiantes durante esta acción colectiva de resistencia.

La persecución penal en su contra, junto a la de otras 27 personas defensoras, estudiantes y profesionales del ámbito académico y social, constituye una grave violación al derecho a defender derechos, a la libertad académica y a la protesta pacífica. Su criminalización es un intento claro de castigar la solidaridad legal y la defensa de los derechos humanos.

Sin embargo, este caso no es aislado. Es una persecución que se inscribe en un patrón sistemático de represalia judicial, y de criminalización de la defensa de derechos humanos en el país, tal cual ha sido calificada por organismos internacionales de derechos humanos que ya ha llevado a muchas personas defensoras a situaciones de detención arbitraria o de exilio forzado.

Ante esta audiencia clave, exigimos a las autoridades de Guatemala que:

  1. Garanticen el desarrollo efectivo, público y con todas las garantías procesales de la audiencia del 9 de julio, respetando el principio de la independencia judicial y el debido proceso.
  2. Cesen de inmediato la criminalización y persecución judicial contra el Sr. Ramón Cadena y contra todas las personas defensoras de derechos humanos y la autonomía universitaria vinculadas al caso USAC.
  3. Archiven de forma definitiva este proceso penal motivado por razones políticas y destinado a intimidar a quienes ejercen su derecho a defender derechos.
  4. Revoquen todas las órdenes de captura emitidas contra personas exiliadas por su rol en procesos sociales y académicos legítimos.
  5. Implementen políticas efectivas de protección y reparación integral para personas defensoras criminalizadas, incluyendo garantías de no repetición y vías seguras de retorno para quienes se encuentran fuera del país.

El mundo observa con atención lo que ocurra el 9 de julio. Solidaridad internacional con Ramón Cadena y todas las personas defensoras de derechos humanos en Guatemala.

Organizaciones firmantes:

  1. African Center for Democracy and Human Rights Studies (ACDHRS) – Gambia
  2. ActionAid Guatemala – Guatemala
  3. (Alternative ASEAN Network on Burma (ALTSEAN-Burma) – Myanmar
  4. Asociación Coordinadora de Comunidades Afectadas por la Construcción de la Hidroeléctrica Chixoy (COCAHICH) – Guatemala
  5. Asociación Unidad de Defensa Jurídica, Registro y Memoria por Nicaragua (AUDJUDRNIC) – Nicaragua
  6. Associació Grup Suport Con Vos – España
  7. Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI Derechos Humanos) – Colombia
  8. Centre for Human Rights and Development (CHRD) – Mongolia
  9. Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) – Regional
  10. Center for Human Rights and Environment (CHRE) – Estados Unidos
  11. CIVICUS Alianza Global – Sudáfrica
  12. Collectif des Femmes du Mali (COFEM) – Malí
  13. Comitè Solidaritat Oscar Romero – España
  14. Centre de Recherche sur l’Environnement, la Démocratie et les Droits de l’Homme (CREDDHO) – RD Congo
  15. Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR) – Egipto
  16. Ethiopian Human Rights Defenders Center (EHRDC) – Etiopía
  17. Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos – Internacional
  18. FIAN Alemania – Alemania
  19. Frente de Resistencia por la Defensa de los Recursos Naturales y los Derechos de los Pueblos (FRENA) – Guatemala
  20. Global Human Rights Group – Suiza
  21. Grupo Belga Solidair met Guatemala – Bélgica
  22. Guatemala-Netz Zürich (Red de Solidaridad con Guatemala, Zurich) – Suiza
  23. HUACAL, ONG de solidaritat amb El Salvador – España
  24. Intersection Association for Rights and Freedoms – Tunisia
  25. International Platform against Impunity – Suiza
  26. Karapatan Alliance Philippines – Filipinas
  27. km207 Guatemala Suiza – Suiza
  28. Movimiento Cimarrón Nacional Colombiano – Colombia
  29. Movimiento Unificado Francisco Sánchez 1932 (MUFRAS-32) – El Salvador
  30. Natural Resource Women Platform – Liberia
  31. Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos – Internacional
  32. Red Internacional para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Red-DESC) – Internacional
  33. Red de Solidaridad con Guatemala de Berna – Suiza
  34. Red Europea de Comités Oscar Romero (SICSAL-Europa) – Bélgica
  35. SNAPAP/CGATA Justice Sector Workers – Argelia
  36. Taula Catalana pels Drets Humans i la Pau a l’Amèrica Central – España
  37. Tunisian League for Human Rights Defence (LTDH) – Tunisia
  38. Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos Guatemala (UDEFEGUA) – Guatemala
  39. Viasna – Bielorrusia

Fuentes: Prensa Comunitaria, CODECA, OMCT

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