«Cartel de los Soles» y los intereses ocultos de EE. UU.

El gobierno de Trump ha llegado a calificarla como organización “terrorista global especialmente designado” y sostiene –sin pruebas– que está “encabezado por Nicolás Maduro y otros altos funcionarios venezolanos”.

Reportes de prensa especializada destacan que la etiqueta “cártel” no describe con precisión lo que varios analistas consideran: una red difusa de corrupción y complicidades más que una organización criminal convencional.

El nombre “Cartel de los Soles” proviene de los soles –las insignias doradas en forma de estrella– que llevan en las charreteras los generales de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) de Venezuela.

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En las décadas de 1990 y 2000 investigaciones periodísticas, judiciales y académicas sindicaban a generales con dos soles en el uniforme (general de división) y luego a oficiales con tres soles (general en jefe) en actividades de narcotráfico.

Periodistas y analistas empezaron a referirse a estas supuestas redes como “los soles” y eventualmente como el “Cartel de los Soles”, no porque fuera un cartel típico como el de Sinaloa, sino porque se atribuía la participación de altos mandos militares.

Es importante precisar que el nombre no implica necesariamente la existencia de un cartel formal o una estructura única, sino que fue una etiqueta temprana usada para señalar redes de corrupción dentro de cuerpos militares.

Con el tiempo, la etiqueta se tornó muy conocida para referirse a oficiales vinculados al tráfico de drogas, acciones cómplices relacionadas con el contrabando y la protección de rutas.

Medios de investigación especializados en temas sobre criminalidad como InSight Crime advierten que la narrativa del “Cártel de los Soles” como una estructura monolítica puede ser una simplificación excesiva.

Según ellos, lo que existe con más claridad son redes de corrupción y complicidad entre sectores militares, policiales y del Estado con narcotraficantes, no necesariamente un “cártel” clásico con jerarquía, estructura clara y miembros identificables. 

En ese sentido señalan que aunque puede haber apoyo estatal al narcotráfico, eso no equivale — al menos no siempre — a una organización delictiva cohesionada como las que típicamente se llaman “cárteles”.  

Muchos críticos de la decisión del Departamento de Estado de los Estados Unidos para declarar al Cartel de los Soles como grupo terrorista señalan que la motivación responde a una combinación de objetivos geopolíticos, estratégicos y políticos.

Presión para un cambio de régimen en Venezuela. Uno de los motivos principales es intentar debilitar al gobierno del Nicolás Maduro, generar aislamiento internacional y justificar intervenciones diplomáticas —o incluso militares— bajo pretextos de “lucha antidrogas”.

La acusación serviría como herramienta para erosionar la legitimidad del régimen, tanto interna como externamente, creando un clima de “narcoterrorismo estatal” que facilite la presión internacional.

Brian Winter, vicepresidente de Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) señala que la designación como grupo terrorista podría estar orientada más a dar cobertura legal a acciones agresivas de EE. UU.

En lugar de actuar frente a una realidad comprobada de organización estructurada la etiqueta serviría como herramienta para intentar legitimar operaciones, incluido el uso de la fuerza, en nombre de la lucha antidrogas. 

Brian Winter sugiere que, más allá del combate al narcotráfico, la medida parece estar inserta en una estrategia de presión política hacia el gobierno del Nicolás Maduro. 

Acceso o control sobre los recursos naturales de Venezuela. Otra crítica frecuente afirma que detrás de la narrativa antinarcóticos estarían intereses energéticos y geoeconómicos.

Esto debido a que Venezuela posee una de las mayores reservas de petróleo y otros recursos naturales de la región, lo que podría atraer a actores interesados en recuperar influencia sobre esos recursos.

En ese marco, debilitar al gobierno venezolano facilitaría a potencias externas —o empresas afines— negociar acceso a petróleo, gas u otros recursos estratégicos en condiciones favorables. 

Cabe citar que María Salazar, congresista republicana del estado de Florida, comentó en una entrevista brindada el lunes que “las compañías petroleras estadounidenses harán su agosto en Venezuela, porque supondrá más de un billón de dólares en actividad económica”.

Justificación de una escalada militar y expansión de presencia en el Caribe / Latinoamérica. La designación como “terrorista” le daría a EE. UU. una base legal para desplegar fuerzas, sancionar a individuos, extender presiones financieras y diplomáticas, e incluso justificar operaciones militares contra supuestas “redes terroristas/narco”.

Analistas advierten que esa militarización puede servir más para enviar una señal de poder regional, reafirmar influencia en el Caribe, y presionar no solo a Venezuela sino a otros países de la región, en un contexto geopolítico de rivalidades internacionales, reportó el medio The Guardian.

Uso político interno — para consumo doméstico en EE. UU. En un contexto de sensibilidades sociales frente al narcotráfico, acusar al gobierno venezolano de “narco-terrorismo” puede servir políticamente para justificar sanciones, restricciones migratorias, políticas de seguridad, o gasto militar.

Críticos lo ven como una narrativa que moviliza apoyo interno, a expensas de una política exterior agresiva, observa el medio The Guardian.

Eso también ayuda a enmarcar la “amenaza venezolana” de forma que justifique acciones más duras sin necesidad de procesos diplomáticos largos o transparencia internacional. 

Debilitar la influencia del chavismo y sus aliados geopolíticos. EE. UU. podría estar buscando reducir el poder del chavismo y su red internacional, disminuir su capacidad para operar diplomática o comercialmente, y aislarlo en foros internacionales.

Como lo vienen advirtiendo diversos analistas la acusación al Cartel de los Soles no es solo una medida judicial o de seguridad, sino un instrumento de política exterior, lo que implica riesgo de politización del combate al narcotráfico.

La estrategia podría derivar en intervenciones militares, sanciones masivas o manipulación del discurso antinarcóticos para fines geopolíticos, lo que generaría precedentes peligrosos en la región.

La narrativa dominante —“narcoestado + terrorismo” bajo el mando de Maduro— simplifica realidades complejas y podría justificar acciones sin suficiente evidencia pública.

La narrativa de “narco-terrorismo estatal” podría ser usada como una puerta para debilitar al gobierno venezolano, interferir en su soberanía, y eventualmente abrir las puertas a intereses internacionales sobre los recursos naturales de Venezuela. 

Además, la mayor presencia militar de EE. UU. en el Caribe y zonas próximas a Venezuela, podría habilitar operaciones más allá de la persecución antidrogas, generando riesgo de operaciones militares o intervención indirecta.

Una política basada en acusaciones controvertidas y con escasa transparencia de pruebas podría sentar un precedente peligroso para otros países de la región: el uso de la etiqueta “terrorismo” como herramienta de presión política.

Para  quienes investigan el narcotráfico, confundir red de corrupción + complicidades con cártel estructurado puede dificultar el entendimiento real de cómo operan estas redes, e incluso puede obstaculizar enfoques más efectivos de prevención, control y justicia.

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Con información de In Sigth Crime, Democracy Now!, Infobae, Animal Político, The Guardian y La Nación, entre otras fuentes consultadas. 

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