Bolivia: denuncian ley que mercantiliza tierras
Norma se elaboró a espaldas de sectores afectados y abriría paso a nuevos latifundios. Foto: Revista Nómadas
Norma fue elaborada y aprobada sin debate público ni consultas a organizaciones indígenas y campesinas. Sería parte de paquete agrario para eliminar tierras comunitarias y territorios indígenas.
Así lo alertan organizaciones indígenas, campesinas, centros de investigación social y periodística que denuncian que esta ley, que pone en riesgo las bases del régimen agrario, se elaboró y aprobó a espaldas de los sectores afectados.
La norma sería el primer paso de un paquete que busca “fragmentar las tierras comunitarias y territorios indígena originario campesinos afectando el derecho de existencia”.

Esta situación, llevaría a “la destrucción sistemática de la cultura, identidad, idioma y modos de vida de las naciones y pueblos indígena originario campesinos de Bolivia”, resaltan.
Mediante un pronunciamiento conjunto, las organizaciones denunciaron que esta medida habilita procesos de acumulación de la tierra, que es la base del sustento familiar y de la vida rural, para el retorno del latifundio.
En caso de promulgarse el proyecto de ley, las organizaciones anunciaron que presentarán un recurso de inconstitucionalidad por ser flagrantemente violatorio al espíritu del régimen de recursos naturales y artículos de la Constitución.
El pronunciamiento es suscrito por la Fundación Solón, Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), Organización de Apoyo Legal y Social (ORE), Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (Cipca), la Fundación TIERRA y CENDA.
Así como el Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS), Bloque de Organizaciones Campesinas Indígenas del Norte Amazónico de Bolivia (BOCINAB), Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático (PBFCC), la Coalición Nacional por la Tierra (CNT) y Revista Nómadas.
Aprobado el 26 de marzo en la Cámara de Diputados, el proyecto de Ley N.º 157 abre las puertas a la usura, la especulación y al control de la tierra por sectores con mayor poder económico.
Este proyecto de ley carece de estudios sobre la tenencia de la tierra, los problemas que ya existen y los impactos que generará en las diferentes regiones del país.
“Una norma con impactos estructurales sobre la tierra no puede aprobarse sin un debate nacional serio, amplio y plural”, subrayan las organizaciones firmantes.
Asimismo, debilitaría al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) en su función de verificación, fiscalización y resguardo de la pequeña propiedad, reduciendo su papel al de un “tramitador administrativo”.
La decisión legislativa también vulneraría la Constitución, dado que el artículo 394 de la misma protege a la pequeña propiedad agraria por su función social y su carácter de patrimonio familiar inembargable.
De igual manera, la reconcentración y el surgimiento de nuevos latifundios están prohibidos por el artículo 398.
Además, vulnera el artículo 401 al postergar por 10 años, para la propiedad mediana y empresarial, la verificación de la Función Económico Social (FES), el principal mecanismo de control estatal sobre el uso de la tierra.
“Bolivia necesita políticas que fortalezcan el desarrollo rural con equidad, no normas que debiliten derechos, erosionen la institucionalidad agraria y pongan en riesgo la base territorial de la vida”, sentenciaron las organizaciones.
Reforzando el cuestionamiento, el Cejis detalló cómo esta medida aprobada incrementaría los riesgos de presión sobre territorios indígenas, comunidades campesinas y espacios de propiedad colectiva.
A su vez, el proyecto terminaría afectando de manera indirecta los derechos territoriales de los pueblos indígena originario campesinos.
Frente a este contexto, la organización invocó a que se abra un debate amplio y plural sobre los efectos de esta ley y a revisar su constitucionalidad por las vías legales correspondientes.
Finalmente, el Cejis llamó a garantizar que cualquier política pública sobre tierra priorice la función social, la seguridad jurídica de los pequeños productores y los derechos territoriales de los pueblos indígenas, por encima de intereses de mercado.
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