Bolivia bajo presión social: ya suman más de 57 bloqueos mientras crece la exigencia de abrogar el DS 5503 y se reanuda el diálogo
Por Noelia Carrazana
Con al menos 57 puntos de bloqueo en todo el país, la Central Obrera Boliviana y organizaciones campesinas, indígenas y urbanas refuerzan su unidad para exigir la abrogación total del Decreto Supremo 5503, mientras el Gobierno insiste en el diálogo. En paralelo, el exejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, fue trasladado al penal de Chonchocoro, en un contexto de alta conflictividad social y política.
Bolivia atraviesa una nueva escalada de tensión social y política marcada por la expansión de bloqueos de carreteras, la articulación de organizaciones sindicales y campesinas, y un diálogo interrumpido entre la Central Obrera Boliviana (COB) y el Gobierno del presidente Rodrigo Paz. De acuerdo con datos oficiales de la Policía, este viernes se contabilizan 57 puntos de bloqueo en todo el territorio nacional, con mayor concentración en el departamento de La Paz, particularmente en áreas rurales, aunque también se registran cortes en Oruro, Potosí, Cochabamba, Santa Cruz y Beni.
En este escenario, el diálogo entre la COB y el Ejecutivo, que había entrado en cuarto intermedio la noche del miércoles, se reanudó la tarde de este viernes en la Casa Grande del Pueblo. Sin embargo, los dirigentes sindicales ratificaron que su posición sigue siendo invariable: la abrogación total del Decreto Supremo 5503, al que consideran una amenaza a la soberanía nacional y a los derechos laborales.
“El diálogo debe conducir a una solución real. Está en manos del presidente atender esta demanda del pueblo boliviano”, afirmó Andrés Paye, secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), al confirmar la reanudación de las conversaciones. No obstante, el dirigente aclaró que las bases rechazaron la propuesta gubernamental de derogar parcialmente el decreto, manteniendo la exigencia de su eliminación absoluta.
Unidad sindical y campesina frente al decreto
Mientras el diálogo avanza con incertidumbre, las medidas de presión se sostienen y se fortalecen. La COB firmó un pacto de no “traición” con la Federación de Campesinos Túpac Katari, las Bartolinas y la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), con el objetivo de mantener una posición unificada frente al Gobierno. A esta articulación se sumaron sectores como mineros sindicalizados, fabriles, maestros, transportistas, federaciones de juntas vecinales (Fejuves) y choferes de El Alto.
Desde los puntos de bloqueo, dirigentes campesinos advirtieron que la protesta no se limita al DS 5503, sino que expresa un rechazo más amplio a lo que califican como políticas de “entreguismo” y decisiones tomadas sin consulta social. En este marco, la Federación Túpac Katari de La Paz y los Ponchos Rojos otorgaron 48 horas al Gobierno para abrogar de manera absoluta los decretos 5503, 5509 y 5515, advirtiendo que, de no existir respuesta, desde la próxima semana exigirán la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
Paralelamente, algunos sectores anunciaron que ya no asistirán a reuniones en la sede de Gobierno, demandando que las autoridades se trasladen a los puntos de bloqueo para entablar un diálogo directo con las organizaciones movilizadas.
En medio de este clima de alta conflictividad, se conoció que Juan Carlos Huarachi, exejecutivo de la Central Obrera Boliviana, fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, en La Paz, durante la medianoche. La información fue confirmada por fuentes policiales a Urgente.bo.
Huarachi fue aprehendido el pasado 17 de noviembre por riesgo de fuga y se encontraba recluido en el penal de San Pedro. Está imputado por enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y concusión, y de manera preliminar se investiga si habría dado instrucciones a dirigentes sindicales en el actual contexto de movilización. Su traslado se produce en un momento especialmente sensible, en el que el Gobierno busca descomprimir el conflicto social mientras los sectores movilizados denuncian persecución política.
Desde el Ejecutivo, el comandante general de la Policía, Mirko Sokol, llamó a una solución pacífica y advirtió sobre el impacto de los bloqueos en la población, especialmente en viajeros y sectores populares. Sin embargo, desde las organizaciones sociales se sostiene que la presión en las carreteras es la única vía para ser escuchados.
Con el diálogo reanudado, pero sin señales claras de acuerdo, Bolivia permanece en un escenario de incertidumbre, donde la magnitud de los bloqueos, la unidad de los movimientos sociales y la judicialización de dirigentes sindicales configuran un conflicto que trasciende lo sectorial y vuelve a poner en debate el rumbo político y económico del país.
Rodrigo Paz y una herencia política cuestionada
Rodrigo Paz Pereira, actual presidente de Bolivia desde noviembre de 2025, llegó al poder tras capitalizar el desgaste del ciclo político anterior y proponer un giro económico orientado a la apertura y la reducción del rol del Estado. Antes de asumir la presidencia, fue alcalde de Tarija, donde su gestión estuvo marcada por grandes obras de infraestructura y un fuerte endeudamiento municipal. Diversos sectores locales cuestionaron que esos proyectos priorizaran el impacto visual por sobre mejoras estructurales en empleo, servicios básicos y desarrollo productivo.
El actual mandatario pertenece además a una familia con larga trayectoria en el poder. Su padre, Jaime Paz Zamora, gobernó Bolivia a comienzos de la década de 1990, en un periodo caracterizado por acuerdos políticos con la derecha y políticas de ajuste que, según críticos, profundizaron desigualdades sociales. A nivel histórico, su linaje político se vincula también a Víctor Paz Estenssoro, figura clave de las reformas económicas neoliberales de los años 80, ampliamente señaladas por sus efectos negativos sobre trabajadores, campesinos e industrias nacionales.
Este recorrido personal y familiar es hoy parte del debate público, en un contexto donde amplios sectores sociales denuncian que las decisiones del actual Gobierno reproducen modelos que priorizan el mercado y los intereses empresariales, en detrimento de la soberanía económica y las mayorías populares.
Para más información sobre las implicancias del decreto:
Fuente: Urgente.bo, Erbol, La Razón Bolivia
