A pesar de que se perdieron 86.000 puestos de trabajo asalariado en los últimos 6 meses y noviembre 2025 marcó el mayor nivel de despidos en un año. Y que el mismo Indec reconoce que una familia tipo con 4 integrantes necesitó $ 1.360.299 para no ser pobre en enero 2026.

Se aprobó la reforma laboral en Diputados

Se aprobó la reforma laboral en la Cámara de Diputados pero tendrá que volver al Senado por los cambios ya que tuvo que eliminar el artículo de las licencias por enfermedad.

La Cámara de Diputados sesionó con un paro general en rechazo a la reforma laboral que se estaba votando. Fue lo distintivo de la jornada que comenzó con piquetes en varios puntos del país, y continuó durante todo el día con movilizaciones frente al Congreso. Así se expresó un rechazo masivo a la reforma laboral en la calle.

En la votación en general, entre los afirmativos (135) estuvieron La Libertad Avanza que aportó 94, y se le sumaron los ex Juntos por el Cambio del PRO (12), UCR (6) y Banfi (1) y MID de Zago (2). Hubo varios de Provincias Unidas que también marcaron positivo como los santafesinos (Sacaglia y Núñez), algunos cordobeses del PJ de Llaryora (Basualdo, Gutiérrez), Capozzi (Río Negro).

De los gobernadores peronistas fueron decisivos los 3 tucumanos de Osvaldo Jaldo, exintegrantes de Unión por la Patria (Medina, Noguera, Fernández).

Hizo su aporte Gustavo Sáenz, gobernador de Salta, con sus 3 diputados (Vega, Biella, Outes); y los misioneros del gobernador Passalacqua (Arrúa, Herrera, Ruiz, Vancsik) que integran Innovación Federal.

Completa la nómina de aliados del mileísimo en su cruzada contra los trabajadores el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, que ordenó a su diputado (Garrido) que acompañe a pesar de su extracción sindical. También su par sanjuanino, Marcelo Orrego, y finalmente apareció el apoyo del gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa (Maureria).

En contra de la reforma laboral (115) estuvieron Unión por la Patria, la bancada completa del Frente de Izquierda (Bregman, Del Caño, Del Plá y Pitrola), Coalición Cívica (2), algunos de Provincias Unidas (Juliano, Lousteau, Coletta, Avila, Paulón, Farías), Miguel Angel Pichetto y Nicolás Massot, Pagano.

Los 3 catamarqueños del PJ del gobernador Jalil, en la votación en general optaron por el rechazo a pesar de haber sido claves para habilitar la sesión dando el quórum. Sin ellos no empezaba la sesión.

Una vez más la imagen fue la de un Congreso blindado y con represión, sesionando y votando en contra del pueblo. Es que el gobierno de Javier Milei solo pudo avanzar con la aprobación de la reforma laboral en ambas Cámaras impidiendo un debate abierto hacia la población, en extraordinarias, y con un trámite exprés para que no se conozca su contenido e implicancias. Solo en los días posteriores a la media sanción en el Senado el rechazo y la bronca crecieron en menos de una semana.

El ocultamiento no fue la única condición para este resultado: los colaboracionistas fueron centrales. En una ley tan amplia con 218 artículos, estuvieron predispuestos a negociar distintos sectores. Una fue la conducción de la CGT, que quedó tan mal parada que se vio obligada a convocar un paro general. Otros, fueron los gobernadores. En los pasillos, hubo diputados que detallaron cómo el Poder Ejecutivo les mejoró la oferta para, por ejemplo, saldar deudas de las cajas previsionales provinciales, especialmente en el caso de Córdoba y Santa Fe.

Lo que ya es seguro es que tendrá que volver al Senado para que acepte o rechace los cambios. Patricia Bullrich se adelantó y convocó antes de que Diputados sesione, a las comisiones que deberán dictaminar nuevamente sobre el texto. El tiempo apremia y la sanción definitiva recién podría llegar el 27 de febrero con la sesión en el Senado. Un día antes de que terminen las extraordinarias. Dos días antes de que Javier Milei brinde su discurso inaugural del año legislativo en el Congreso y pueda festejar la reforma laboral y el régimen penal juvenil.

Queda una pelea más inmediata el 27 de febrero con la sesión del Senado. Una vez que se sancione definitivamente empezará otra etapa, la disputa por su aplicación.

Por Cicyp

Lo primero que hizo un grupo reducido de empresarios poderosos del país fue ponerse de acuerdo en unir lazos operativos para redactar la reforma laboral que le fue esquiva durante décadas y que por primera vez vieron con posibilidades reales de lograr. El plan fue recobrar la gobernanza adentro de las empresas, que habían perdido con el avance de los sindicatos, y debilitar a las organizaciones gremiales para rebalancear el poder desequilibrado durante las administraciones peronistas y las decisiones populistas de los gobiernos liberales.

 “En conjunto, esta ley representa un cambio estructural. Apunta a reducir la litigiosidad, ordenar la relación laboral, mejorar la gobernanza interna de las empresas y devolver previsibilidad a los costos laborales”, resumió un paper que circuló entre los empresarios más poderosos del país, en donde se detalló más de media docena de puntos destacados que traerá como beneficios para los dueños del sector privado.

Fue clave el rol del Consejo de Mayo, el órgano consultivo que creó el presidente Javier Milei, que preside el jefe de Gabinete Manuel Adorni, pero que regentea el ministro de Desregularización, Federico Sturzenegger. “Una instancia que muchas veces fue vapuleada o subestimada, pero donde se realizó la mayor parte del trabajo técnico que hizo posible esta ley”, destacaron desde el interior del CM.

Rappallini, el interlocutor del sector productivo

Según confesaron las fuentes consultadas, “prácticamente el 95% del articulado fue redactado y consensuado dentro del Consejo, a lo largo del último semestre, a partir del diálogo entre los equipos técnicos de todos los sectores representados”. Para lograr ver la luz, el Senado debió ceder algunos puntos importantes, pero mantuvo lo que consideran el “núcleo de la norma”. “Esto demuestra que, cuando hay ámbitos de diálogo serio y técnico, es posible construir reformas profundas y equilibradas para el país”, afirmaron.

Además de los funcionarios nombrados, en el Consejo de Mayo participan el gobernador mendocino, Alfredo Cornejo; los legisladores nacionales Carolina Losada y Cristian Ritondo; el líder del gremio de la Construcción, Gerardo Martínez (sic); y el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini. El representante de las fábricas más poderosas del país asumió el rol de representante del círculo rojo en el país y cumplió un rol clave.

Sucede que Rappallini se convirtió en un puente entre los sectores productivos, golpeados por la crisis de la actividad y el consumo, y un gobierno que desistió de proponerse como un paraguas en el medio de la guerra comercial mundial que afecta al país con una lluvia de importaciones. El industrial llevó al Consejo de Mayo la mirada del Grupo de los Seis, quienes aportaron a sus equipos técnicos para la confección de la reforma laboral, según confirmaron distintas fuentes.

 “Fue un trabajo colectivo, pensado desde la realidad productiva de las empresas, especialmente de las pymes”, destacaron. No resultó raro que en el medio del calor del festejo oficialista por la media sanción en el Senado, Rappallini se reunió con el ministro de Economía, Luis Caputo, para llevarle una serie de propuestas que incluye la dinamización de otros sectores, como la relegada construcción, en desgracia por el fin de la obra pública desde la llegada de Milei al poder central.

El statu quo empresario y gremial

También fue clave la negociación por los aportes laborales. Si la negociación política le iba a sostener a los sindicatos los ingresos por aporte solidario, 6% de obra social y retención empresaria de las afiliaciones, entonces la caja de las entidades que solventan una parte de su funcionamiento con aportes obligatorios a un puñado de Cámaras empresarias, pero entre las que se encuentra la poderosa CAC, que representa a los grandes comercios del país.

Los trece puntos que destaca el paper que circula entre empresarios son: Gobernanza interna de las PyMEs; Previsibilidad en las indemnizaciones; Fondo de cese laboral (FAL); Reducción de la litigiosidad y ordenamiento del sistema judicial; Instrumentos contra bloqueos y tomas de planta; Fin de la ultraactividad y estímulo a la negociación; Facultades de organización del empleador; Regulación de servicios esenciales y actividades continuas; Combate al ausentismo y ordenamiento del sistema de licencias; Banco de horas y flexibilidad operativa; Nuevo esquema de responsabilidad en la tercerización; Incentivos a la formalización y reducción de costos no salariales; y Vacaciones.

Es nuestro tiempo y tenemos que aprovecharlo. Cuando hubo gobiernos que los ampararon, los sindicatos traspasaron límites y llegaron a agredir empresarios, tomar empresas, bloquear plantas y multiplicaron la conflictividad en los lugares de trabajo, al punto de la atomización gremial. Esto iba a tener consecuencias y retomar la gobernanza adentro de nuestras empresas es la base para ordenar de nuevo el escenario del sector privado y que cada cual ocupe su rol”, confesó el dueño de una empresa importante del país.

La discusión por el impacto de la apertura comercial en la industria volvió a ganar temperatura

En San Francisco, uno de los polos industriales del interior cordobés, ZF Argentina, única planta del grupo en Sudamérica dedicada a la fabricación de amortiguadores, enfrenta una fuerte caída en su nivel de actividad tras un salto del 300% en las importaciones de ese componente clave para la cadena automotriz.

Según datos aportados por la propia compañía, durante 2024 ingresaron al país cerca de 525.000 amortiguadores importados, mientras que en 2025 esa cifra trepó a 2,1 millones de unidades. El aumento abrupto alteró el equilibrio del mercado y obligó a la firma a revisar sus proyecciones productivas, con impacto directo en una planta que emplea a unas 420 personas, entre personal permanente y temporario.

La fábrica de San Francisco tiene una trayectoria de décadas en el rubro. Nació bajo la conducción de la familia Delfabro, fue adquirida por Sachs en 1997 y desde 2003 forma parte de ZF Group, un gigante alemán con siete plantas en Sudamérica. Sin embargo, solo en Córdoba se producen amortiguadores, lo que vuelve a la planta particularmente sensible a los cambios del mercado local.

El director general de la filial local, Andrés Fava, advirtió que la actual dinámica comercial se está dando en condiciones asimétricas. “Si a nosotros nos replican las mismas condiciones con las que trabaja China, puedo tener un producto igual o más barato”, afirmó, en línea con los planteos que viene realizando la Unión Industrial Argentina sobre la existencia de una “cancha inclinada” para competir.

El principal problema, explicó, no pasa por la eficiencia interna. De hecho, la compañía exporta entre el 45% y el 50% de su producción y es proveedora clave de la región: “De cada 100 camiones que se producen en América del Sur, 60 llevan nuestros amortiguadores”. El golpe se siente especialmente en el mercado de reposición, que representa la mitad de las ventas locales y hoy está “fuertemente afectado” por productos importados —en su mayoría de origen asiático— que llegan con precios muy bajos.

“Hay productos muy buenos, pero también mucha porquería”, señaló Fava, al describir la heterogeneidad del material importado. En ese contexto, la empresa volvió a registrar una caída productiva cercana al 30%, similar a la que había sufrido en 2021, aunque por razones opuestas: entonces faltaban insumos; ahora, sobran amortiguadores importados.

Desde la conducción de ZF aclaran que el reclamo no apunta a cerrar la economía. Por el contrario, Fava fue crítico del esquema anterior: “No se podían importar insumos, no se podían comprar máquinas. Eso llevó a que muchas empresas se fundieran”. Pero advirtió sobre el péndulo: “Hoy vamos al otro extremo. Está bien tener una economía abierta, pero si no se hace con razonabilidad, termina siendo contraproducente”.

El problema, subrayó, es que a la competencia global se le suma el contexto argentino, con alta carga impositiva, costos laborales no salariales y ausencia de una política industrial que amortigüe el impacto. “La amenaza china la tienen Brasil y México también, pero a nosotros se nos agrega todo lo local”, explicó.

A corto plazo, la estrategia de la empresa es adelantar programas de producción para mitigar el impacto y evitar despidos, aunque el escenario sigue siendo incierto. “Es pan para hoy y hambre para mañana si no hay respuestas del mercado”, resumió el directivo.

Fate baja la persiana y deja a 920 familias en la calle

En un movimiento que sacude el cordón industrial del Gran Buenos Aires, la empresa de capitales argentinos Fate S.A.I.C.I. confirmó el miércoles 18 el cierre definitivo y unilateral de su planta industrial ubicada en la localidad de Virreyes, partido de San Fernando. La decisión empresarial conlleva el despido de 920 trabajadores, eliminando de forma súbita una de las fuentes de empleo más significativas de la región.

A través de un comunicado oficial, la firma notificó que la interrupción de las tareas rige «a partir del día de la fecha». Al momento de explicar la drástica medida, la patronal apeló a fórmulas ambiguas, señalando que «los cambios en las condiciones de mercado» los obligan a encarar el futuro desde un «enfoque diferente». Sin embargo, esta reestructuración de negocios se traduce concretamente en el desmantelamiento de una estructura productiva con más de ocho décadas de historia.

Pese al impacto social de los despidos, la compañía dedicó gran parte de su misiva a reivindicar su «liderazgo industrial» y su rol como único productor nacional de neumáticos radiales para transporte. En el texto, la dirección de Fate resaltó haber generado «empleo de calidad» y desarrollado tecnología de exportación durante 80 años, una trayectoria que contrasta con la celeridad del cese de actividades actual.

El comunicado concluye con un agradecimiento formal a colaboradores y clientes, mientras se consolida la pérdida de casi mil puestos de trabajo en el entramado productivo bonaerense. Hasta el momento, no se han brindado detalles sobre el esquema de indemnizaciones para el personal afectado por la clausura de la planta.

La mirada del dueño de FATE

Madanes Quintanilla había manifestado que el ajuste propuesto por Milei era «el más duro de la historia», sumado a la falta de apoyo a las empresas argentinas, y comparó el panorama económico con el mismo que hubo en 2001, aunque más profundo.

“Respeto mucho la inversión extranjera, pero es muy diferente la conversación con un CEO de una compañía multinacional instalada en la Argentina que con alguien que tiene una trayectoria de larga data en el país. A veces siento un cierto menosprecio al capital nacional. Es difícil que se pueda ser competitivo en un país donde el sector informal hoy está entre el 40% y el 50% de la economía”, aseguró en mayo de 2024.

Asimismo, sostuvo que el plan económico llevado adelante por Luis Caputo, e impulsado por el Presidente de la Nación, afecta “gravemente” a las pymes y señaló que el Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones (RIGI) debería promover inversiones “de manera equitativa”, contrariamente a lo que invoca. Paralelamente, cuestionó la «pasividad» de la Unión Industrial Argentina (UIA) y adjetivó a su dirigencia como “insignificante”.

Elio del Re es un ingeniero industrial con amplia trayectoria. En el ámbito gremial empresarial se desempeña como presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina. Además, desde el pasado noviembre preside el Consejo de Administración de PromArgentina, la Agencia Nacional para la Promoción de Exportaciones e Inversiones.

Agustín Fontevecchia: ¿cómo está el sector metalúrgico hoy en día?

Nosotros desde la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina hacemos una medición, tenemos un Centro de estudios económicos donde medimos el nivel de actividad de todo el sector. El informe de diciembre nos dio una caída, con respecto a diciembre de 2024, de 7,1%. Claro que eso es el promedio del nivel de actividad metalúrgico.

El sector metalúrgico es un sector muy amplio, tiene muchos subsectores con distintas realidades. Es muy heterogéneo. Pero hay sectores, aquellos de la primera transformación, aquellos vinculados a la forja, la fundición, la laminación, la trefilación, que han tenido caídas más profundas, caídas que alcanzan casi el 18%. Y solamente tuvimos un sector que dio positivo, con un aumento de 1,2%, que fue el sector de acoplados y semirremolques.

En líneas generales, tenemos que entender que el sector metalúrgico en el compuesto anual, tuvo una caída de casi dos puntos cuando comparamos todo el año 2025 contra el 24. Pero no nos tenemos que olvidar que el año 2024 fue un año muy malo para el sector metalúrgico, con una caída promedio del 13%.

¿Cuántos trabajos genera el sector y cuántos perdió, por ejemplo, desde que empezó el gobierno de Milei?

El sector metalúrgico es un sector que emplea 300.000 trabajadores de manera directa y más de 1.000.000 si consideramos indirectos. Y de los últimos 24 meses tuvimos una pérdida de casi 17.000 puestos de trabajo. El sector metalúrgico es un sector que necesita de mucha capacitación. Entonces, el empresario metalúrgico lo último que quiere hacer es despedir, porque cuando despide casi que está de alguna manera reflejando su fracaso en términos productivos. Por eso digo que hoy la cantidad de despidos no tiene correlación con el nivel de actividad. El nivel de actividad ha sido mucho más bajo que la cantidad de despidos.

¿A qué atribuís la depresión del sector?

Ahí hay una multiplicidad de factores a los cuales lo atribuimos. Por un lado hay una demanda que está caída en Argentina, el consumo ha caído. Por otro lado la construcción también ralentizó muchos de los subconjuntos del sector. Y la eliminación de la compra pública para sectores como el equipamiento médico, maquinaria vial, también es un proceso. Pero claramente creo que el sector que sí es común a todos los sectores metalúrgicos es el aumento de las importaciones. Las importaciones interanualmente aumentaron casi un 70%. Hay un 70% más de importaciones de productos metalúrgicos que el año pasado. Claramente ese fue uno de los factores fundamentales.

Las importaciones ocurren porque el gobierno tiene una política de apertura de la economía y, al contrario, cree que la política industrial es una mala palabra. O sea, no tiene una política industrial. Pero de fondo el gran tema también es que la economía en sí no crece, ¿no?

Sí, claramente siempre hay una relación entre actividad y empleo. Finalmente no nos podemos escapar de eso. Sería interesante mirar lo que están haciendo la mayoría de los países del mundo, aquellos países con fuerte desarrollo, donde están implementando planes de política industrial muy fuertes. Creo que la clave está ahí.

Porque cuando un sector importante como el sector industrial comienza a perder empleo, empieza también a llevar esos problemas a otros sectores, porque la pérdida de empleo claramente tiene que ver con la caída del consumo. Porque no nos tenemos que olvidar que el consumidor también es trabajador.

El consumo en supermercados bajó en noviembre del 2025 y más familias optaron por financiar sus alimentos

Mi papá normalmente repite esa frase de Henry Ford, de que era importante pagarles bien a los empleados para que ellos vayan y compren los autos que ellos producían. Entonces, desde ese punto de vista tiene mucho sentido lo que estás planteando. Ahora, el gobierno de Milei, por su orientación ideológica, y no solo de Milei, históricamente el Fondo Monetario Internacional también consideraba mala palabra el concepto de política industrial.

¿Qué tipo de política industrial se podría implementar en el país que ayude a que se mantenga el empleo, pero que al mismo tiempo baje los precios de las cosas?

Sí, claramente por ahí la política que se implementó en el pasado no fue la acertada. Ahora, eso no invalida la política industrial. Creo que claramente ahí tenemos que hacer una división. ¿Por qué digo que los países que entraron en la economía, donde ellos también están bajo la órbita de las grandes instituciones sin duda lo están haciendo? O sea, que lo del Fondo Monetario tiene alguna doble mirada. Creo que tendremos que mirarlo con mayor profundidad y entenderlo de esa forma. Vuelvo: No hay país fuerte en el mundo que no tenga una industria fuerte y que no tenga una industria metalúrgica fuerte, porque es estratégico para el desarrollo.

El otro día salió el EMAE, que vendría a ser una especie de PBI mensual, que mostró una caída. Pero lo que deja en evidencia es que, en lo que va de la administración de Milei, hay un par de sectores que se llaman extractivistas, si se quiere, que se dedican a extraer materia prima. Tenés el campo, energía e históricamente, la pesca, y la intermediación financiera. Y el resto, todo el resto de los sectores, estaban muy en negativo en lo que va del año. Con lo cual se está planteando un modelo con una recuperación muy heterogénea. ¿Ves algún tipo de cambio en esa perspectiva? ¿Cómo imaginás el 2026?

Bueno, te voy a contestar lo que me gustaría que suceda, después de hacer un razonamiento. Nosotros trabajamos en un plan estratégico industrial, que entendemos que es un plan que involucra a toda la industria. Y en ese plan, brevemente, lo que pensamos es que aquellos sectores extractivistas, como los que mencionabas recién, donde estaba el agro, la minería, el petróleo y gas, la energía, esos sectores es importante que los podamos extraer, pero entendemos que la inteligencia es poder industrializar los procesos o industrializar los productos, y creemos que ahí está la clave.

Y tenemos un ejemplo concreto, que es el agro. Al lado del agro se generó una industria, que es la industria de la maquinaria agrícola, que es una industria metalúrgica, la cual exporta a 120 países. No exporta solo productos, exporta un sistema, que es la siembra directa, y es competitiva con el mundo, y creemos que ahí está la virtuosidad del sistema. Si eso mismo que ocurre con el agro y la maquinaria agrícola ocurriera con el petróleo y gas, con la minería, creo que tenemos Argentina industrial para rato.

Recientemente empezó a hacerse escuchar cada vez más Paolo Rocca, dueño de Techint, una de las empresas industriales más fuertes de Argentina, criticando la política del gobierno. O sea, que empiece a aparecer un industrial de ese calibre empieza a poner sobre la mesa la cuestión de otra manera, ¿no?

Sí, claro. Realmente ayuda a visibilizar el problema que estamos teniendo y espero que haya muchas más voces que se alcen en ese sentido, porque claramente entendemos que la industria metalúrgica es la solución a los problemas de Argentina, no es un problema en sí mismo.

Claro, porque vos podés tener un modelo macroeconómico que empiece a dar datos positivos en base a un par de sectores que tienen una proporción importante sobre el cálculo del PBI, pero si de fondo cada vez tenés menos empleo formal y menos gente con salarios que le ganan a la inflación, como decías vos, finalmente cae el consumo y cae todo el resto de la cadena, porque el 70% del PIB es consumo. Entonces, el gobierno argumenta que la manera de hacer es bajarle los costos al sector privado, no a través de políticas que eligen ganadores y perdedores. Esa es la ideología del gobierno, y ahora estamos justo en el medio del debate de la reforma laboral. ¿Qué visión tenés vos sobre lo que se está planteando?

En líneas generales nosotros entendemos que es necesaria una reforma laboral. Por ejemplo, el convenio metalúrgico es de 1974. Es un convenio que tiene más de 50 años y el mundo cambió de una manera significante en ese tiempo. Ahora, dicho eso, nosotros impulsamos la reforma, pero entendemos que la reforma es una herramienta más. No es la única herramienta que va a lograr que reactivemos el consumo, que reactivemos el mercado, la producción industrial. Claramente, si no tenemos mercado, no vamos a tener posibilidades de sacarle provecho a una reforma, en el mejor sentido del provecho.

Pero si vos pasás la reforma laboral, que supuestamente te da incentivos a traer gente del sector hoy en negro, si querés, informal, al sector formal, igual te está faltando otra de las grandes patas que atentan contra la competitividad argentina, que es el tema impositivo.

Claramente ambas reformas son necesarias. Ahora, solamente con eso no vamos a poder lograr reactivar la economía. El sector industrial, en general, es un sector bastante formal de la economía. Las tasas de informalidad son bastante bajas. Hablo del sector metalúrgico, donde es muy baja la tasa de informalidad. Y, por el otro lado, el tiempo de permanencia promedio de los trabajadores en las industrias es de más de 15 años. O sea, estamos hablando de un sector que ese trabajo ya lo realizó. Entiendo que hay sectores en la economía que necesitan avanzar en ese sentido, pero los sectores industriales en general son de otra manera. Son trabajos formales,  son trabajos de alta calificación.

¿Qué tipo de impacto pensás que puede llegar a tener el acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea en la industria argentina?

Como todo hay que mirar sector por sector, y dentro de la industria metalúrgica también sucede eso. No todos los sectores tienen contraparte en Europa y no todos son fuertes. Claramente, cuando este convenio se empezó a trabajar allá hace más de 15 años, la mirada era diferente a la mirada actual. El mundo cambió mucho en este último tiempo y creo que no tenemos que dejar de ver lo que sucede en el mundo productivo y lo que está sucediendo también con China. Cuando digo China también digo India, son claramente actores centrales de la producción mundial. Lo que tenemos que tener mucho cuidado es que estos actores no aprovechen este convenio para ingresar productos disfrazados de europeos. Eso creo que es muy importante que lo tengamos en cuenta y ver de activar los mecanismos para que eso no ocurra.

Por Mariano Cúparo Ortiz

Noviembre fue uno de los peores meses del año para el sector fabril y tiró para abajo al promedio del año, que ya empató a un pésimo 2024.

La utilización de las maquinarias en el sector industrial tuvo un pésimo 2025 y noviembre en particular fue uno de los peores meses del año: llegó a un uso de las instalaciones de apenas el 57,7%, lo que implicó una caída de 4,6 puntos respecto al mismo mes del 2024.

Ese deterioro sobre el cierre del año pasado llevó al 2025 a promediar un 58,2% de uso de las maquinarias, nivel idéntico al del pésimo 2024, que hasta acá solo había sido superado por el 2020 de parate pandémico. Los datos van de la mano con la fuerte caída del empleo fabril y del sostenido cierre de empresas.

El Indec publicó el informe de Utilización de la Capacidad Instalada en la Industria (UCII) correspondiente a noviembre. El dato refleja en qué medida el funcionamiento del sector lleva a las fábricas a intentar exprimir al máximo los turnos y líneas de producción.

En los manuales de economía se considera un nivel óptimo algún punto ubicado entre el 70% y el 80%. En esos niveles las empresas empiezan a pensar en invertir para agrandar capacidades y evitar caer en cuellos de botella a medida que la demanda crece. Así, la UCII nunca llega al 100%.

Por cuestiones estacionales, no corresponde realizar comparaciones entre meses distintos. Por ejemplo, en enero y febrero, épocas de vacaciones, resulta esperable que el nivel de uso de las maquinarias sea marcadamente inferior al del resto del año.

Aún así, observar que, excepto lo ocurrido en marzo y enero, en noviembre se registró el tercer mes de menor UCII del año, da cuenta de que las condiciones del sector industrial no cesaron su deterioro. De hecho, una mirada rápida a la serie muestra que en años normales noviembre suele ser un mes fuerte y no uno de los más débiles del año.

El deterioro en noviembre llevó al promedio anual de la UCII a una caída y el 2025 está cerrando en 58,2%. Así, empató al pésimo enero-noviembre del 2024, en el que la producción industrial sufrió el peor derrumbe de la serie histórica.

Según el IPI manufacturero del Indec la baja ese año en la actividad fabril fue del 9,8%. Ni siquiera en pandemia había llegado a tanto. En cuanto a la UCII, ahora el 2025 y el 2024 comparten el segundo puesto, solo superados por el mencionado 2020, que promedió 55,7%. Para comprender la magnitud de lo malo que fue aquel año, vale recordar que la única vez en la historia medida estadísticamente en las que algunos sectores operaron al 0% fue en aquel abril de estricta cuarentena.

En ese sentido, vale destacar otro detalle: en noviembre del 2025, el sector textil operó al 29,2%, dejando una capacidad ociosa de más del 70%. Sin contar aquellos momentos álgidos de restricciones sanitarias y los períodos de vacaciones de verano, se trata de una rareza. El sector textil, como otros rubros impactados por el bajo consumo interno y las crecientes importaciones de productos finales, es según la UIA uno de los más impactados por el actual esquema económico.

La baja en la UCII va de la mano con la contracción del empleo fabril, que en el último dato publicado por la Secretaría de Trabajo volvió a liderar la destrucción de empleos: los puestos registrados en el sector cayeron un 0,6% durante octubre, por encima del promedio del 0,3%. En lo que va de la gestión del actual Gobierno, se perdieron 58.400 puestos de trabajo (desestacionalizado, el dato muestra pérdida de 56.500 empleos fabriles).
Desde el CEPA destacaron que en lo que va del actual Gobierno cerraron 2.238 fábricas, una caída del 4,5% en las empresas del sector.

La provincia de Buenos Aires concentra el 30% de las empresas que cerraron sus puertas en el último año a nivel nacional

El Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires presentó un informe que detalla la magnitud del retroceso económico. Según los registros oficiales, 3 de cada 10 empresas que cesaron operaciones en Argentina durante el último ciclo estaban radicadas en suelo bonaerense. Esta cifra posiciona a la provincia como la región más castigada por la actual coyuntura macroeconómica.

La situación es especialmente sensible en el sector manufacturero. El Conurbano bonaerense, históricamente el motor industrial del país, registra las mayores tasas de inactividad. Los rubros de textiles, calzado y metalmecánica encabezan la lista de sectores con mayor número de persianas bajas, debido a la combinación de altos costos operativos y una demanda que no encuentra piso.

La administración provincial identifica tres ejes que asfixian a las unidades productivas: el incremento en las tarifas de servicios públicos, la apertura selectiva de importaciones y la pérdida sistemática del poder adquisitivo de los salarios. Estos factores generaron un “efecto pinza” que las PyMEs no logran resistir.

A diferencia de crisis anteriores, el fenómeno actual se caracteriza por la velocidad del deterioro. Empresas con décadas de trayectoria se ven obligadas a liquidar activos para afrontar indemnizaciones o deudas impositivas. La capacidad instalada en las fábricas bonaerenses opera hoy a niveles mínimos, lo que preanuncia nuevas suspensiones o cierres definitivos en el corto plazo si no hay un cambio en la política monetaria.

El cierre de estas compañías no solo implica la pérdida de capital privado, sino un golpe directo a las arcas públicas y al tejido social. Se estima que la desaparición de estas empresas destruyó miles de empleos directos e indirectos, aumentando la presión sobre los sistemas de asistencia social en municipios del Gran Buenos Aires y ciudades del interior como Mar del Plata y Bahía Blanca.

Desde el gobierno provincial advierten que la menor actividad económica reduce la recaudación de Ingresos Brutos, limitando la capacidad de inversión en infraestructura y servicios básicos. La preocupación de los intendentes crece ante la falta de incentivos para la radicación de nuevos proyectos que compensen las bajas registradas.

Las proyecciones para los próximos meses no muestran señales de alivio. Con el consumo interno estancado, las Cámaras empresariales bonaerenses solicitan medidas urgentes, como líneas de crédito con tasas subsidiadas y moratorias impositivas específicas para sostener las estructuras actuales. Sin un repunte en las ventas minoristas, el goteo de cierres podría extenderse a sectores de servicios y comercio vecinal.

El estimador mensual de actividad económica (EMAE) registró una nueva caída

En relación con noviembre de 2024, tres de los sectores de actividad que conforman el EMAE registraron subas interanuales, entre los que se destacan Intermediación financiera (13,9%), impulsado principalmente por la mayor actividad de los agentes y Sociedades de Bolsa, y Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (10,5%).

La actividad de Intermediación financiera fue a su vez la de mayor incidencia positiva en la variación interanual del EMAE, seguida de Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (10,5%); entre ambos sectores aportaron 0,94 puntos porcentuales (p.p.) a la variación interanual.

Por su parte, cinco sectores de actividad registraron caídas en la comparación interanual, entre los que se destacan Pesca (-25%) e Industria manufacturera (-8,2%), que junto con Comercio mayorista, minorista y reparaciones (-6,4%) le restan 2,23 p.p. a la variación del EMAE.

Los sectores que más crecieron en noviembre, según el EMAE
– Intermediación financiera: 13,9%
– Agricultura, ganadería, caza y silvicultura: 10,5%
– Explotación de minas y canteras: 7%

Los sectores que cayeron en noviembre, según el EMAE
– Pesca: -25%
– Industria manufacturera: -8,2%
– Comercio: -6,2%
– Construcción: -2,3%
– Adm. pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria: -0,6%

Desde el CEPEC consideran que «aunque el EMAE aún muestra crecimiento en el acumulado del año, los últimos datos mensuales evidencian una pérdida de impulso hacia el cierre de 2025. La recuperación sigue siendo heterogénea y concentrada en pocos sectores, mientras que la actividad ligada al consumo y la industria continúa mostrando señales de fragilidad».

El gobierno comparó el parque automotor argentino con el de Cuba

El arribo de autos chinos marca uno de los mayores desembarcos de vehículos electrificados en la historia reciente de la Argentina. El buque BYD Changzhou comenzó a descargar en el puerto de Zárate más de 5.000 autos eléctricos e híbridos destinados al mercado local, un volumen inédito para el segmento. La operación se inscribe en la política de apertura de importaciones impulsada por el Gobierno nacional y apunta a consolidar la presencia de marcas extranjeras —especialmente chinas— en un mercado donde la movilidad eléctrica todavía tiene una participación marginal.

La automotriz china BYD, fundada en 2003 y hoy entre los principales fabricantes globales de vehículos eléctricos, ya había logrado posicionarse en el país durante 2025 con modelos que encabezaron los patentamientos dentro del segmento electrificado. El nuevo embarque refuerza esa presencia y amplía la oferta disponible para los consumidores argentinos.

El desembarco se produce en un contexto de transformación del mercado automotor local. Durante el último año, los vehículos importados ganaron terreno en los patentamientos, impulsados por la flexibilización de restricciones y por medidas oficiales que facilitaron el ingreso de autos eléctricos e híbridos sin aranceles, dentro de un cupo anual. La estrategia busca ampliar la oferta, modernizar el parque automotor y acelerar la incorporación de nuevas tecnologías.

En este escenario, el Gobierno decidió darle una fuerte carga política al anuncio. Javier Lanari, secretario de Comunicación y Prensa, recientemente designado en el cargo, celebró la llegada de los vehículos con un mensaje en redes sociales: “Muy pronto el parque automotor cubano que nos dejó el kirchnerismo será parte de un triste y oscuro pasado. La Argentina volvió al mundo…”

Techint vs Welspun (India)

En la industria local defienden a Techint sosteniendo que la oferta de la india Welspun, que elabora tubos con acero chino, no contemplaba aranceles de importación, tasa de estadística, flete ni logística y que Sturzenegger no mencionó los descuentos y servicios que ofrecía el grupo de Rocca. Aún así, alegan que Tenaris igualó la propuesta de Welspun en una segunda instancia, que Southern Energy desechó. Es curioso pero en este consorcio encabezado por PAE aparece como segundo accionista la estatal YPF, que preside Horacio Marín, un ex ejecutivo de Techint.

“Contra una oferta realizada a precios de dumping Tenaris ofreció, en una carta enviada al directorio de Southern Energy, igualar las condiciones comerciales de la oferta alternativa con el objetivo de preservar la operación industrial a largo plazo, aunque no resulte rentable para este negocio en particular, el cual representa más del 60% del mercado argentino de tubería”, explican cerca del grupo ítaloargentino con sede fiscal en Luxemburgo. Recuerdan que el Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI), que benefició a este proyecto de exportación de gas, “en sus considerandos establece entre sus objetivos principales fomentar el desarrollo de las cadenas de producción locales asociadas a los proyectos de inversión”.

“Sin embargo, con este proyecto va a ocurrir todo lo contrario. Con ingresos fiscales que cede el Estado nacional y todos los argentinos, se financia el trabajo en India y China. Por el contrario, las empresas argentinas aún trabajan en un entorno poco competitivo con impuestos distorsivos como el impuesto al cheque, Ingresos Brutos provinciales y tasas municipales que penalizan la agregación de valor”, agregan.

TenarisSiat, la división que haría estos tubos -como los hizo en 2022 para el gasoducto Néstor Kirchner, de Vaca Muerta a la provincia de Buenos Aires-, emplea a 420 personas y, por cada empleado de la compañía, se estima que hay otros cuatro empleos asociados en su cadena de valor, según las fuentes vinculadas a Techint. En la oposición a la conducción de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) se advierte que sin el proyecto de Southern Energy se pierden 300 empleos.

“El debate de fondo es si queremos ser Noruega o Nigeria”, reclaman cerca del grupo de Rocca, que a fin del año pasado rogó por una política industrial que el gobierno libertario se niega a enarbolar por su fanatismo del mercado, una postura contraria a la de su admirado Donald Trump. “Desarrollados adecuadamente en un proyecto país, los recursos naturales pueden ser una palanca poderosa para generar divisas, crear empleo de calidad, desarrollos tecnológicos y activos de largo impacto que apuntalen el crecimiento futuro de la Argentina. Vaca Muerta y la minería pueden contribuir con el desarrollo de valor agregado nacional. O podemos seguir el otro camino, el de la primarización de la economía”, alegan en el entorno de uno de los cinco empresarios más ricos de la Argentina, detrás de Marcos Galperin (Mercado Libre), Hugo Sigman (Insud, grupo farmacéutico y audiovisual), Alejandro Bulgheroni y Luis Pérez Companc (Molinos Río de la Plata y Molinos Agro).

No es la primera vez que los tubos de un gasoducto enfrentan a Techint con un presidente argentino. En 2023, la entonces vicepresidenta y ex jefa de Estado Cristina Fernández de Kirchner se quejó del grupo, pero no por los precios, sino por fabricar el acero en Brasil para terminar de elaborar los caños en Valentín Alsina, sede de TenarisSiat. Aquella polémica le costó el puesto al entonces ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, aunque finalmente los tubos se hicieron mitad en el socio vecino y mitad en el país para terminar de construir el gasoducto Kirchner, que revirtió el déficit comercial energético de la Argentina y que Milei rebautizó como Perito Moreno.

¿Por qué los empresarios no protestan contra Milei?

En medio de los cuestionamientos por la poca reacción empresaria ante las críticas de Javier Milei, el presidente de la UIA, Martín Rapallini, rechazó que exista temor y explicó que los industriales buscan “marcar nuestra posición desde un lugar en el cual no nos pongamos en el fragor de la discusión política”. Según sostuvo en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), la prioridad es atravesar “una etapa de reconversión” para “salir de una economía adicta a problemas económicos estructurales, a una economía normal”, convencido de que el empresario argentino “está a la altura de las circunstancias”.

Martín Rappallini es abogado egresado de la Universidad de Belgrano que cuenta con formación en coaching ontológico. Es un destacado empresario industrial, titular del Grupo Alberdi. Además, presidió la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires en el período 2018-2025. Actualmente se desempeña como presidente de la Unión Industrial Argentina para el período 2025-2027. En su gestión impulsa un nuevo contrato productivo y propone una modernización laboral que brinde mayor previsibilidad para la generación de empleo.

Después, cuando hay que entrar en una normalización de la economía, estamos en una etapa de reconversión. Yo creo que si entendemos y acompañamos, bueno, ahora se está haciendo, se está votando en el día de hoy una legislación laboral, con una reforma impositiva, el empresario argentino va a reaccionar positivamente. Estoy totalmente seguro de que quiere vivir en una economía ordenada, sin inflación, sin distorsiones, con una presión fiscal razonable y con las condiciones para poder competir.

Dijiste: “Nosotros tenemos en cuenta el mediano plazo”. Puedo entender los problemas que vive hoy la apertura de las importaciones sin la corrección de las distorsiones que hacen que las empresas argentinas sean menos competitivas; ponemos el ejemplo de Australia, de que lo hizo, pero después de un proceso de 10 años de adecuación para que las empresas, cuando se abría el mercado, pudieran competir.

Puedo entender que cuando vos te referís a mediano plazo decís: “Ahora tenemos un problema porque cierran pymes todos los días, porque las importaciones se han abierto de manera indiscriminada y el consumo baja y la producción baja, todo eso podríamos colocarlo dentro del corto plazo. Se equilibra con cosas de mediano plazo, como es pasar a tener una macroeconomía ordenada y sin inflación, o tener reformas como la reforma laboral”. Es decir, que hay una priorización de lo de mediano y largo plazo, que son las reformas, versus lo de corto plazo, que son los costos que generan efectos secundarios de política que pueden ser beneficiosos en un sentido, pero tienen costos por otro. ¿Lo estoy entendiendo bien?

Es una coordinación también de corto y mediano plazo, porque no es que estoy diciendo que el corto plazo no es importante. Lo que estoy diciendo es: tenemos que salir de una economía adicta a problemas económicos estructurales, a una economía normal. Ese camino tenemos que ver las soluciones a mediano plazo, y también eso es lo que estamos discutiendo con el gobierno para que ese corto plazo sea posible para llegar a una etapa mejor en términos de actividad, que son los temas que estamos hablando ir reduciendo impuestos. De alguna manera el proceso también es importante.

Pero también hay que ver cuándo uno está haciendo ese esfuerzo y ese camino, a dónde vamos. Que seguramente va a ser una sociedad distinta a la que vivíamos. Porque lo que para mí tenía ese modelo, de alguna manera, de inflacionario, donde el Estado era el centro, el Estado se ocupaba de resolverle los problemas a distintos sectores, pero la globalidad era un fracaso total. Vos tenías a los jubilados, al empresario, y después tenías un problema de inflación terrible, desborde del Estado. O sea, cuando vos querés ordenar el país desde otro lugar donde dan las cuentas públicas, vas ordenando la economía, la integración al mundo es más complejo porque, de alguna forma, todos los sectores se tienen que acomodar a la competitividad, a otras reglas distintas que tenían cuando vivías en una economía inflacionaria, y este es el proceso de adaptación que tenemos que hacer, mirando el corto plazo, pero también con un objetivo claro a dónde queremos ir.

Por Alejandro Rebossio
 
En la UIA la inmensa mayoría de los empresarios quiere responder la agresión del Presidente al dueño de Techint. En el entorno del mayor grupo industrial del país niegan que la brecha de sus precios con los de la india Welspun fuera 40%, como denunció Sturzenegger.

La Unión Industrial Argentina (UIA) delibera por estas horas de manera presencial para decidir si responde la agresión del presidente Javier Milei al mayor empresario manufacturero del país, el italiano residente bonaerense Paolo Rocca. El jefe de Estado calificó por la red social X al dueño de Techint como “Don Chatarrín de los Tubitos CAROS”, después de que fuentes vinculadas al grupo difundieran que iba a presentar un recurso antidumping (venta por debajo del costo, lo que supone competencia desleal) contra la empresa india Welspun, que lo venció en la licitación para proveer los caños del nuevo gasoducto de Vaca Muerta.

Como cada 15 días, tocaba este martes a la tarde reunión de la cúpula de la UIA y el ataque de Milei a Rocca acaparó la discusión. “El 80%” de los máximos dirigentes de la entidad fabril está de acuerdo con respaldar al empresario siderúrgico y petrolero, según altas fuentes del sector. Pero todavía falta que los propios representantes de “la T” -como apodan al conglomerado- aprueben la moción, según otros informantes.

El vicepresidente de desarrollo industrial de la UIA, David Uriburu, es uno de ellos. También lo está meditando el presidente de la UIA, Martín Rappallini, que siempre estuvo en sintonía con Rocca, pero también intentó mantener una buena relación con el gobierno libertario, pese al retroceso industrial en estos dos años. “Rappallini está buscando la forma de plantear técnicamente el problema”, argumenta un tercer dirigente consultado.

Fuentes vinculadas a Techint respondieron la diatriba de ayer del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, por la licitación perdida de los tubos del proyecto Southern Energy, que encabeza Pan American Energy (PAE, de los Bulgheroni, la británica BP y la china CNOOC) y que servirá para exportar gas neuquino en barco desde Río Negro. Nunca Bulgheroni y Rocca se llevaron bien.

“Tenaris (siderúrgica de Techint) es el principal fabricante de tubos de acero con y sin costura del mundo, tiene plantas productivas en 17 países y más de 26.000 empleados a nivel global. En condiciones de competencia leal, la oferta de Tenaris para el proyecto FLNG de Southern Energy es competitiva con el precio internacional. La diferencia que circuló del 40% entre la que resultó ganadora y la de Tenaris es falsa”, negaron cerca de Rocca la cifra que había tirado Sturzenegger.

Negocios son negocios

Techint tiene todo preparado para competir para ganar una licitación que, en el caso de vencer, viene con una curiosidad de valor agregado.

Se trata de la obra civil para construir el gasoducto Vaca Muerta-Río Negro, precisamente el de la polémica por la provisión de los tubos donde Techint perdió la puja con los hindúes de Welspun, quienes ofertaron con un costo 40% inferior. Una decisión que quedó pétrea y no se modificará. Y que Techint aceptó. La curiosidad radica en que, de ganar, la empresa de los Rocca deberá trasladar los tubos, colocarlos y, en definitiva, construir el gasoducto; por primera vez quizá, sin que el insumo básico sea propio. No importa. Si resulta ganadora, así se hará. El proyecto en cuestión es el siguiente: la concreción del ducto Vaca Muerta con Punta Colorada, y tiene como objetivo abastecer el proyecto de exportación de GNL (gas natural licuado) que encara Southern Energy, el consorcio formado por Pan American Energy PAE (30% de la sociedad, ideólogo y principal impulsor), YPF (25% y socio imprescindible), Pampa Energía (20% socio nacional estratégico), Harbour Energy (15%) y Golar LNG (10%). Este último, en su rol de aportante de los buques. La inversión total llegaría a más de US$ 15.000 millones durante veinte años, con exportaciones proyectadas por más de US$ 20.000 millones entre 2027 y 2035. Y para que esto sea posible, se necesita que el gas de Vaca Muerta llegue al puerto con el menor costo de construcción y amortización posible. Especialmente en estos momentos de mercados mundiales volátiles. El gas debe ser transportado por el gasoducto que ahora depende de la obra civil que incluye el traslado de los caños desde el puerto hasta su lugar correspondiente dentro de la línea del gasoducto, la apertura de traza, el movimiento de suelos, zanjeo, cruces especiales para rutas, ríos y vías férreas. Quedan excluidos de la obra la provisión de caños, la soldadura, el montaje y las plantas compresoras. En todos estos ítems, también puede competir Techint. Licita Enarsa en coordinación con el gobierno de Río Negro pero, se sabe, la influencia sobre la decisión final la tienen los privados. La empresa de los Rocca llegó al sprint final de la adjudicación, a través de Techint Ingeniería y Construcción + SACDE; quienes tienen la mayor experiencia en grandes gasoductos nacionales, al haber construido el (ex) Néstor Kirchner y la reversión del gasoducto Norte (ex GNK / Perito Moreno, Reversión Norte, etc.). Su principal competidor es toda una noticia. Se trata del Consorcio Contreras Hermanos – Pumpco (EE UU)-Bonatti (Italia) – alianza internacional con capacidades en obra pesada y tramos complejos, que viene ofertando en diferentes obras civiles desde hace tiempo en el país, sin suerte en el diseño de sus números. Pumco es una empresa estadounidense radicada en Texas, especializada en construcción de gasoductos y oleoductos, con décadas de experiencia en el sector energético de Estados Unidos. Está enfocada principalmente en la infraestructura del petróleo y gas en ese país, y es un clásico de las obras de infraestructura energética en ese país. Lo importante es su dueño. Se trata de MasTec, Inc., una constructora estadounidense fundada por Jorge Mas Canosa y liderada en la actualidad por su familia (los hermanos Jorge y José Mas), quienes también son dueños del club de fútbol Inter Miami, donde brilla Leonel Messi. Se sabe que los Mas tienen desde hace varios años la intención de desembarcar en el país en alguna obra importante; y que en su momento la contratación del astro argentino vino acompañada por algún tipo de lobby. Por ahora sin resultados.

Los otros oferentes para la obra civil son el Consorcio Víctor Contreras –Sichim (Italia)– integración local con apoyo técnico europeo; y la argentina BTU de la familia Mundin, una compañía participante activa de la causa Cuadernos por sus potenciales desvíos en ciertos contratos de gasoductos en Santa Cruz en la era kirchnerista.
La adjudicación debería estar resuelta para fines de marzo. Y, de ganar, sería un nuevo comienzo para Techint; mientras se instalan los caños hindúes elaborados con láminas chinas.

Más importante es la participación en la obra vinculada con el flamante consorcio Argentina LNG, formado por YPF, la italiana ENI y los flamantes socios de XRG, el brazo internacional de inversiones energéticas de Adnoc (Abu Dhabi National Oil Company), la petrolera estatal de Emiratos Árabes Unidos y la cuarta en el ranking mundial. Se trata de la obra más importante de la historia argentina, que debería unir Vaca Muarta con un puerto en Punta Colorada, Río Negro, para producir, procesar, transportar, licuar en unidades flotantes y exportar el gas licuado a mercados internacionales. La obra sería la más importante de Vaca Muerta, se anunciaría en breve, y Techint quiere estar presente. Tanto en la provisión de caños como en la obra civil. Se cree en el mercado que sería un terreno más amistoso para la empresa industrial argentina.

No son estos los únicos proyectos que están en carpeta, vinculados a Vaca Muerta y el traslado del petróleo y el gas que produce el yacimiento. En análisis (y con aceleración máxima) están los estudios para la expansión del gasoducto Perito Moreno (ex Néstor Kirchner) que une Vaca Muerta con Saliqueló (donde Techint participó tanto en la provisión de tubos como en la construcción de la obra); y el ambicioso proyecto de construcción de un gasoducto que una Argentina con Brasil, para proveer a ese país, de una manera rápida, del gas que Bolivia ya no le puede enviar.

No hay tiempo para reproches. Y hay mucha obra vinculada a Vaca Muerta en juego, donde Techint puede ser un actor fundamental. Esto, además de beneficiarse por estar el grupo presente en el yacimiento a través de Tecpetrol. En definitiva, habrá que apostar al sector Oli&Gas. Según el último informe de uso de la capacidad instalada en la industria publicada por el Indec y correspondiente a diciembre 2025; el petrolero es el único rubro manufacturero que opera por arriba del 85% de sus posibilidades. El resto pelea el 50%, con un indicador general de 53,8%.

La inflación no cede

La inflación de enero se ubicó en 2,9% mensual, de acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) el martes 10 de febrero. La variación interanual es del 32,9% en el total nacional.

La publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero llegó envuelta en un clima poco habitual para un organismo estadístico: malestar interno, protestas sindicales y dudas de la opinión pública que no tiene en claro por qué el gobierno decidió no aplicar la nueva metología para medir el IPC.

A las 15:45, quince minutos antes de la difusión oficial del índice, los trabajadores nucleados en ATE realizaron una radio abierta frente al edificio del Instituto, para reclamar la publicación del nuevo IPC con ponderaciones actualizadas. Desde la asociación que nuclea a los trabajadores del Estado señalan que la radio abierta tendrá lugar «en el marco de la postergación de la difusión del IPC actualizado con las ponderaciones de la ENGHO 2017/18, en la puerta del INDEC rechazando la intromisión del gob en decisiones técnicas. Exigimos la normalización del IPC y la independencia del organismo estadístico nacional», señalaron.

La decisión de postergar sin fecha definida la salida del nuevo IPC fue tomada por el ministro de Economía, Luis Caputo, con aval del presidente Javier Milei, y derivó en la renuncia de Marco Lavagna como director del organismo.

El lunes 9 de febrero, fue designado oficialmente el nuevo titular del organismo, Pedro Lines, a través del decreto 93/2026, publicado en el Boletín Oficial.

«Con el presidente siempre tuvimos la visión que había que implementar un cambio una vez que el proceso de desinflación estuviera totalmente consolidado», manifestó el ministro de Economía, Luis Caputo, al explicar que el ex titular del INDEC esperaba implementar la nueva metodología en enero.

El cuestionamiento no apuntaría a una manipulación directa de los datos sino a la interferencia política que limita la confianza en las estadísticas oficiales.

Tras la decisión de Milei de no actualizar la canasta de medición, el IPC de enero quedó por debajo de registros como el de CABA (3,1%). A pesar del retraso, la inflación fue mayor a diciembre y es el 9º mes consecutivo al alza. Esta subestimación impacta de lleno en jubilaciones, salarios y asignaciones, que se ajustan por una inflación más baja que la que efectivamente enfrentan los hogares.

Este martes, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicó el esperado índice de precios al consumidor (IPC) de enero. A pesar de la decisión de Caputo y Milei de no actualizar la metodología, la inflación en el primer mes del año se ubicó en 2,9%, la más alta desde marzo del año pasado y el 9° mes consecutivo de alza. Así acumula un 32,4% en los últimos 12 meses, según el Indec.

Con una economía prácticamente congelada, con salarios y jubilaciones a la baja, y con un dólar sostenido con endeudamiento y asistencia de Trump, aun así el Gobierno no puede bajar la inflación que presenta como su «caballito de batalla».

La variación de precios en servicios fue de 3,1%, lo cual al estar subestimado este rubro en la vieja medición, la inflación real es mayor.

En tanto, el sensible rubro de Alimentos y Bebidas no alcohólicas fue el de mayor aumento en el mes con 4,7%. Seguida de Restaurantes y hoteles (4,1%), Comunicación (3,6%) y Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3%).

Una familia con cuatro integrantes necesitó 1.360.299 pesos para no ser pobre en enero de 2026, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Además, precisó 623.990 pesos para no llegar a ser considerado indigente, según se informó.

La variación mensual de la canasta alimentaria (CBA) fue de 5,8%, mientras que la básica total (CBT) fue de 3,9%.

En el reporte de la medición interanual, la canasta alimentaria tuvo una variación de 37,6% y la total fue de 31,6%.

Tarifazo en el boleto de colectivos

El Gobierno dispuso un nuevo tarifazo, en este caso en el transporte público, con un aumento del 41% en las líneas de colectivos nacionales del AMBA, que entró en vigencia a partir de esta semana.

Así lo determinó la Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Economía, a través de la Resolución 8/2026, publicada en el Boletín Oficial.

«La medida responde a la búsqueda de mayor competitividad del sector automotor y de una actualización en los valores de la tarifa», argumentó la Secretaría de Transporte en un comunicado. La suba solamente alcanza a las líneas de colectivos del AMBA dependientes de Nación, es decir, las que cruzan la avenida General Paz o el Riachuelo, unas 104 en total.

El aumento se dará en dos tramos. Inicialmente, el martes 17 de febrero el boleto tuvo un incremento del 31%, llevando el boleto mínimo a $650. Luego, habrá un aumento de otro 10% el 16 de marzo, llevando el boleto mínimo a $700 y totalizando una suba del 41% (sobre la base actual).

De este modo, la Secretaría de Transporte equipara los valores de los colectivos nacionales del AMBA con los servicios correspondientes a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quedando todavía por debajo de los de la provincia de Buenos Aires.

Esto se debe a que tanto CABA como PBA estuvieron incrementando los valores del boleto de los colectivos que circulan dentro de sus jurisdicciones desde marzo de 2025 mes a mes, según el último índice de inflación más un adicional del 2%. En cambio, el último aumento en las líneas nacionales había sido en noviembre pasado, luego de varios meses de congelamiento.

Las cifras de pobreza de Sandra «Pinocho» Petovello

El Ministerio de Capital Humano aseguró que la pobreza se redujo en el tercer trimestre de 2025 a 26,9%, lo que implicaría una baja interanual de 11,4 puntos porcentuales respecto a igual período del año anterior, cuando había marcado 38,3%.

Así lo expresó la cartera que conduce la ministra Sandra Pettovelo, que produce el dato a través del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS) a partir de la publicación del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) en base a la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del tercer trimestre de 2025. En marzo próximo, el organismo estadístico dará a conocer las cifras de la pobreza e indigencia del segundo semestre de 2025. Por ende, la estimación de Capital Humano se adelanta a la confirmación oficial.

«La pobreza continúa bajando en la Argentina, gracias a las políticas económicas implementadas por el gobierno, que han contribuido a reducir la inflación y estabilizar la economía, sumado a las acciones encaradas desde el Ministerio de Capital Humano, centradas en las personas con mayor vulnerabilidad del país», evaluó Capital Humano en un comunicado publicado en su cuenta oficial de X.

En cuanto a la cifra de la pobreza, indicó que para el tercer trimestre de 2025 midió 26,9%, lo que representó una baja interanual de 11,4 puntos porcentuales (pp) respecto al tercer trimestre de 2024, cuando estaba en 38,3%.

«Esta proyección ratifica la firme tendencia a la baja de la incidencia de la pobreza, que tuvo su pico más alto en el primer trimestre de 2024, alcanzando al 54,8%», replicó.

En tanto, la indigencia para el tercer trimestre de 2025 se ubicó en 6%, lo que marca una caída interanual de 3,2 pp respecto del mismo período de 2024 (9,2%).

«Equilibrar la macroeconomía, poner un freno a la inflación, y focalizar las transferencias hacia los sectores más vulnerables, de manera directas y transparente, sin intermediarios, nos está permitiendo seguir bajando la pobreza en la Argentina», destacó el comunicado.

Por Rodrigo Núñez

Tras anunciar la muerte de Nicolás Maquiavelo, el presidente Javier Milei dedicó una porción importante de su discurso en el foro económico de Davos para nombrar algunos de los supuestos «logros» de gestión libertaria: la baja de la inflación, el derrumbe de la pobreza, del déficit fiscal y el crecimiento económico. Consignas puestas bajo la lupa de serias críticas, desde lo metodológico en la forma de medición hasta en lo que representan realmente para el estado de la economía actual.

Durante su participación, Milei lució enfocado en repasar argumentos teóricos que sostienen su postura libertaria y fervorosa defensa del capitalismo moderno. Citas interminables de frases o conceptos antiguos que, cree, sirven como fundamento de la supuesta superioridad de la ideología libertaria. Sin embargo, no se quedó solo en la teoría. El mandatario utilizó un puñado de minutos para hablar de la economía real argentina y describió al mundo un escenario rebosante de optimismo que, aquí, ni los mercados creen.

Derrumbe de la inflación

En un pasaje de su discurso, Milei sostuvo que bajó la inflación de un «300% a un 30%». La primera cifra es desconocida porque durante la gestión del Frente de Todos nunca se llegó a ese número en ninguna variación interanual.

Suponiendo que se trató de una exageración pronunciada, el jefe de Estado volvió a omitir que la liberación masiva de precios se dio luego de su victoria en el balotaje de noviembre de 2023 y la posterior aplicación de una devaluación profunda que disparó el valor de la canasta básica.

Para el último año, es cierto que los valores de la inflación interanual se redujeron drásticamente, pero la serie intermensual refleja otra tendencia. El índice de precios al consumidor no desciende hace siete meses, según el Indec. El balance es aún peor si se tiene en cuenta que el plan desinflacionario del Gobierno está basado en el hundimiento de los salarios y jubilaciones.

En paralelo, fueron múltiples las críticas metodológicas al organismo oficial de estadísticas por no contemplar el peso real de las tarifas de servicios públicos en la medición de la inflación y contemplar variables que ya no representan variables esenciales del consumo cotidiano.

¿Déficit liquidado?

Milei también aseguró que pasó la motosierra por las cuentas públicas y terminó con un déficit fiscal equivalente a 15 puntos del PBI. Sin embargo, pese a haber celebrado el logro de un superávit en 2025, un estudio privado puso en duda ese resultado al señalar que las cuentas del Estado terminaron en déficit financiero, incluso después del fuerte ajuste aplicado.

Un análisis reciente de la ejecución presupuestaria reveló que el superávit fiscal exhibido por el Gobierno en los primeros meses del plan económico se fue diluyendo hacia el cierre de 2025. El relevamiento, realizado por la consultora 1816, indicó que al sumar la capitalización de intereses de la deuda, el resultado financiero volvió a ubicarse en terreno negativo.

Según el informe, una vez incorporado ese componente, el sector público cerró 2025 con un déficit financiero cercano al 0,2% del PBI, a pesar de haber mostrado un leve superávit en el resultado primario. En términos nominales, el desbalance rondó los USD 5.000 millones, lo que implicó un giro respecto del saldo positivo que el Ejecutivo había destacado meses antes.

De acuerdo con la medición de 1816, el sector público nacional finalizó el año con un superávit primario equivalente a cerca del 0,3% del PBI, explicado por una fuerte licuación del gasto y recortes reales en partidas clave. No obstante, ese margen quedó neutralizado al computar el costo de los intereses.

El informe precisó que los intereses devengados y capitalizados superaron el 0,5% del producto, un nivel que alcanzó para arrastrar nuevamente el resultado final al déficit. Así, el superávit fiscal quedó limitado a una lectura incompleta de las cuentas públicas.

Otra vez la pobreza como bastión del discurso

Por supuesto que Milei no iba a perderse de repetir que su gobierno bajó drásticamente la pobreza, un elemento recurrente en sus apariciones públicas. El indicador, como la inflación, también está bajo la lupa.

Diversos cálculos privados coinciden en que la mejora fue más acotada y que una parte del descenso se explica por cuestiones metodológicas más que por cambios económicos de fondo. En ese sentido, la reducción atenuada implica que la pobreza estimada hoy por consultoras privadas resulta superior a la que medía el Indec con su metodología previa al inicio del gobierno de Milei.

Si la medición se corrige actualizando la canasta básica total con los ponderadores 2017/2018 y, al mismo tiempo, se ajusta por la mejor captación de ingresos que el Indec incorporó desde mediados de 2024, la incidencia de la pobreza se ubicaría en torno al 42%. Ese nivel es 11 puntos porcentuales más alto que el informado oficialmente por el organismo estadístico.

Según los últimos datos del Indec, la pobreza cayó del 52,9% en el primer semestre de 2024 al 31,6% en la primera mitad de 2025. La baja, superior a los 21 puntos en apenas un año, fue presentada como uno de los indicadores sociales más contundentes del período. Sin embargo, la magnitud del descenso despertó dudas entre economistas y analistas, ya que ningún otro indicador social o del mercado laboral mostró una mejora de semejante escala en tan corto plazo.

Los trabajos más recientes señalan que, desde fines de 2023, mejoró de manera significativa la declaración de ingresos en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Ese cambio tiene un impacto directo: al registrarse ingresos más elevados, una mayor cantidad de personas queda estadísticamente por encima de la línea de pobreza, aun cuando su situación material no haya mejorado en la misma proporción.

De acuerdo con estas estimaciones, la mejora en la captación de ingresos explica una parte relevante de la caída que muestra el Indec, incluso por encima de la evolución “real” del poder adquisitivo.

La serie de pobreza corregida por estos efectos distorsivos arroja una incidencia del 42% de la población en el primer semestre, 11 puntos por encima del valor oficial. Ese 42% implica una baja de 14,2 puntos frente al pico del primer semestre de 2024, mientras que la serie del Indec muestra un descenso de 21,3 puntos.

Se trata, así, de una mejora bastante más moderada. Además, al contrastar con períodos anteriores, estas mediciones indican que el nivel actual de pobreza es comparable al de los últimos tramos del gobierno de Mauricio Macri y apenas inferior al cierre de la gestión de Alberto Fernández, muy lejos del desplome que sugiere la serie oficial.

Experto en crecimiento económico… de algunos

Por último, Milei sostuvo que su modelo hizo crecer la economía. Una vez más, eligió omitir los factores que explican esa recuperación, basada en el empuje de sectores primarios que emplean a pocas personas y que no producen valor agregado.

La actividad económica habría vuelto a mostrar señales de debilidad en noviembre. Según un informe de la consultora Equilibra, el nivel de actividad registró una caída mensual del 0,5%.

El anticipo del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) elaborado por Equilibra mostró que en noviembre de 2025 la actividad económica se contrajo 0,5% mensual desestacionalizado, luego de un octubre también negativo.

En la comparación interanual, el indicador se mantuvo en 0%, lo que refleja un estancamiento más que una recuperación sostenida. De acuerdo con el informe, el nivel de actividad quedó 0,8% por debajo de febrero de 2025 y aún se mantiene 1,4% debajo del récord alcanzado en junio de 2022, una señal clara de las dificultades para consolidar el crecimiento.

Entre los sectores más afectados por la caída de la actividad económica se destacan:
Industria, con una contracción interanual cercana al 4,2%.
Construcción, que continúa en terreno negativo por la baja de la obra pública y privada.
Comercio y transporte, con caídas del 3,1% y 0,7%, respectivamente.

El rumbo de la actividad tiene una consecuencia directa en el empleo. Durante los primeros dos años del Gobierno se perdieron 270.852 puestos asalariados formales (SIPA). El sector privado fue el más golpeado (-176.000 fuentes de trabajo), con una aceleración de la destrucción de puestos en los últimos meses del 2025.

Una de las actividades más golpeados es justamente la que más empleo genera en la economía: la industria perdió más de 60.000 puestos desde fines del 2023. En correlato, en este tiempo 20.134 unidades productivas cerraron la persiana (SRT), siendo afectadas 23 de las 24 jurisdicciones (excepto Neuquén). Las más damnificadas fueron Buenos Aires (-5.335), CABA (-2.397), Córdoba (-3457) y Santa Fe (-2.238).

La última arista del triángulo vicioso es la baja del consumo. Las ventas minoristas de las pymes crecieron apenas un 2,5% durante 2025 respecto al año previo, pero la cifra se da en comparación a un mal desempeño en 2024, cuando se produjo un caída del 10% respecto al 2023, y se explica por las significativas subas del arranque del año (25,5% en enero, 24% en febrero, 10,5% en marzo y 3,7% en abril).

De esta forma, Milei volvió a construir una narrativa en Davos que dista de la realidad económica del argentino promedio. Por ahora, «Make Argentina Great Again» (Hacer a la Argentina Grande Otra Vez) fue un guiño a Donald Trump y no un logro concreto.

Luis Caputo negó que Argentina fuera a recibir un préstamo de u$s 808 millones de Estados Unidos para pagar sus próximos compromisos con el FMI

En una entrevista con Eduardo Feinman en Radio Mitre, el funcionario explicó que en realidad Argentina debe pagarle intereses al FMI con la moneda que ellos operan, los Derechos Especiales de Giro (DEG). Opinó que la información del préstamo de EE UU es “una información falsa”, al mismo tiempo que detalló que “no es ningún préstamo”.

“Si fuera en dólares, directamente nosotros le pagaríamos al FMI en dólares. Como es en DEGs, hay que comprar DEGs”, señaló el ministro.

Sin embargo, el Tesoro de Estados Unidos, bajo la conducción de Scott Bessent, giró a la Argentina US$ 808 millones mediante una operación con Derechos Especiales de Giro (DEGs), que permitió pagar los intereses al FMI sin recurrir a las reservas en dólares del Banco Central.

Caputo no ocultó la importancia de esa asistencia y la justificó como parte de una relación fluida con Washington. “Tenemos un diálogo permanente y muy constructivo con el Tesoro de Estados Unidos”, señaló, y destacó que la operación permitió “cumplir con el Fondo sin generar un impacto negativo en las reservas”. Según el ministro, este tipo de mecanismos financieros “ordenan el programa” y le dan previsibilidad al esquema cambiario.

La ayuda de Bessent no fue un hecho aislado. Es la tercera intervención directa en pocos meses, luego de un giro de US$ 1.185 millones en octubre y de la habilitación de un swap por US$ 2.500 millones. En Economía lo presentan como una señal de respaldo político al rumbo de Milei, pero el dato concreto es que sin ese auxilio el pago al FMI habría absorbido una parte sustancial de los dólares comprados por el Banco Central en enero.

Conflicto con Techint y descalificación de la industria textil

Luis Caputo eligió una defensa política e ideológica para explicar el conflicto abierto con Techint tras la licitación de tubos de acero que el conglomerado de Paolo Rocca perdió en manos de una compañía india.

“No es una guerra con nadie en particular, sino con el modelo anterior”, afirmó Caputo al referirse a la polémica por la licitación que ganó una empresa de la India y que dejó afuera al principal grupo siderúrgico argentino. El ministro insistió en que la decisión no estuvo dirigida contra Techint y rechazó que exista un enfrentamiento con el empresariado local: “No es Techint sí o Techint no. Es si el Estado paga lo que corresponde o vuelve a pagar sobreprecios”.

En la misma línea, defendió el proceso al sostener que “cuando hay competencia real, los precios bajan” y que el Gobierno no está dispuesto a convalidar esquemas heredados. “Durante años se naturalizó que el Estado pagara más caro. Eso se terminó”, remarcó. “Se habló de la licitación que perdió la empresa y ese es un ejemplo de cambio de modelo. Veníamos de un modelo con déficit que, en gran parte, era porque se le hacía creer a la gente que la energía era gratis. ¿Qué hizo el gobierno pasado? En una macroeconomía absolutamente desordenada salió a las apuradas a construir un gasoducto al que se lo cargaron para que lo pague la gente. Unos 4.000 dólares salió la tonelada del tubo. ¿Sabés a cuánto salió en esta licitación? A US$ 1.400. Fijate la diferencia del modelo”, dijo.

La empresa india Welspun se quedó con el contrato para la provisión de caños del gasoducto que conectará Vaca Muerta con la costa de Río Negro. Son El 500 kilómetros de tubos a cargo del consorcio Southern Energy, integrado por YPF, Pan American Energy (PAE) y Pampa Energía.

El ministro también puso el foco en el sector textil como uno de los ejemplos paradigmáticos de lo que considera distorsiones de larga data en la economía argentina. “Nunca compré ropa en la Argentina porque es un robo”, afirmó sin matices, y sostuvo que los precios locales estuvieron históricamente inflados por un esquema de protección que “benefició a muy pocos y perjudicó a millones de consumidores”. En esa línea, Caputo defendió la apertura de importaciones y cuestionó los aranceles y restricciones que protegieron a la industria: “Durante años se usó el argumento del empleo para justificar precios absurdos”, dijo, y agregó que el Gobierno no está dispuesto a sostener sectores que “no sean competitivos a nivel internacional”.

¿Acuerdo comercial con EE UU o medida excepcional?

El Gobierno argentino deliberadamente mezcló una decisión excepcional que dispuso la administración de Donald Trump con el resultado del Tratado de Libre Comercio que anunciaron ambos países, creando la idea de que los productores locales tendrán garantizado un cupo anual de 100.000 toneladas para exportar a Estados Unidos.

De hecho, el comunicado del Departamento de Comercio de Estados Unidos advierte que otorgará “el trato arancelario de nación más favorecida (NMF) a ciertos productos incluidos en la lista de Ajustes Arancelarios Potenciales para Socios Alineados (PTAAP)” y que aclara que queda por finalizar “las negociaciones respecto del acceso al mercado de carne vacuna”.

Lo que aprobó Estados Unidos fue una autorización excepcional de ampliación del cupo de importación de “carne magra de res” de 80.000 toneladas que por orden ejecutiva del presidente Trump se asignó a Argentina.

En la proclama, Trump concluye que necesita ampliar las importaciones por la caída de la producción local que provocó un incremento del precio interno y, dice, “determino que es necesario y apropiado aumentar temporalmente la cantidad de importaciones de recortes de carne magra de res”.

Acto seguido, decide que “es apropiado asignar a Argentina la totalidad del aumento de la cantidad de carne de res dentro del contingente, según lo establecido en esta proclamación”. De esa manera, queda expresamente aclarado que la ampliación del cupo no forma parte del Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíproco, como se denominó oficialmente el tratado que firmó el canciller Pablo Quirno con el representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer.

La disparidad de concesiones que aceptó cada país quedó expuesta en los 113 compromisos de modificación de su legislación que asumió Argentina contra 10 que se comprometió Estados Unidos.

La proclama de Trump aclara que el cupo puede ser modificado en cualquier sentido a partir de la recomendación del Secretario de Agricultura en consulta con el Representante Comercial. “El Secretario de Agricultura, en consulta con el Representante Comercial, me informará sobre cualquier circunstancia que, a su juicio, pueda indicar la necesidad de tomar medidas adicionales y me recomendará las medidas adicionales que deba tomar, de ser necesario”, sostuvo.

Las 80.000 toneladas métricas adicionales se administrarán en cuatro tramos trimestrales; el primero de 20.000 toneladas métricas se abrirá el 13 de febrero y cerrará el 31 de marzo; el segundo del 1º de abril al 30 de junio; el tercero del 1º de julio al 30 de septiembre y el último del 1º de octubre al 31 de diciembre de 2026.

Mientras, en el comunicado que informa: “Hoja informativa: Estados Unidos y Argentina acuerdan un marco para un acuerdo sobre comercio e inversión recíprocos” aclara sobre el comercio agrícola ganadero que “Argentina permitirá el acceso a las aves y productos avícolas estadounidenses en el plazo de un año y simplificará los trámites burocráticos para los exportadores estadounidenses de carne de res, productos de carne de res, carne de cerdo y productos derivados del cerdo”.

Además, señaló que “Argentina también acordó proteger el uso de ciertos términos relacionados con la carne y el queso por parte de los exportadores estadounidenses, preservando así el acceso al mercado y creando el potencial para nuevas oportunidades en la región”. Ese comunicado dice que “en las próximas semanas, Estados Unidos y Argentina trabajarán con celeridad para finalizar el texto del Acuerdo para su firma” y “finalizará las negociaciones respecto del acceso al mercado de carne vacuna”, un capítulo que sigue abierto.

Fuentes: NA, Perfil, Resumen Latinoamericano, El Destape, Noticias Argentinas, Tiempo Argentino, Diario BAE

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Fuente: rebelion.org

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