«AMIA, Irán y la recolonización del Cono Sur»
«Diversos antecedentes demuestran que las acusaciones contra Irán carecen de sustento probatorio sólido y fueron impulsadas con fines políticos. Uno de los testimonios más contundentes es el de Claudio Lifschitz, exagente de inteligencia de la Policía Federal y ex prosecretario del juzgado que investigó el caso AMIA. Según Lifschitz, hubo una deliberada manipulación de pruebas para inculpar a funcionarios iraníes, mientras sectores de la inteligencia argentina participaron activamente en el encubrimiento del atentado.»
Por Nicolás Romero
El 18 de julio de 1994, un atentado terrorista sacudió la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires, provocando la muerte de 85 personas. A treinta y un años de la tragedia, lejos de haberse hecho justicia, el caso ha sido utilizado como una herramienta de manipulación geopolítica. Desde el primer momento, la línea de investigación fue direccionada —con fuerte presión del Estado de Israel y sus aliados en Argentina— hacia la República Islámica de Irán y el movimiento libanés Hizbulá, en una operación cuya arquitectura sigue sin desmontarse por completo.
Diversos antecedentes demuestran que las acusaciones contra Irán carecen de sustento probatorio sólido y fueron impulsadas con fines políticos. Uno de los testimonios más contundentes es el de Claudio Lifschitz, exagente de inteligencia de la Policía Federal y ex prosecretario del juzgado que investigó el caso AMIA. Según Lifschitz, hubo una deliberada manipulación de pruebas para inculpar a funcionarios iraníes, mientras sectores de la inteligencia argentina participaron activamente en el encubrimiento del atentado.
“No hubo pruebas reales contra Irán”, declaró Lifschitz en múltiples entrevistas. También ha señalado que “la línea de investigación fue desviada por órdenes políticas” y que el verdadero entramado del crimen sigue oculto por intereses que responden a agendas extranjeras.
Estas manipulaciones se intensifican bajo gobiernos subordinados a la agenda exterior de Israel y Estados Unidos. En 2025, el presidente argentino Javier Milei —autoproclamado sionista y alineado sin matices con Tel Aviv— ha reactivado una cruzada contra Irán, retomando acusaciones desmentidas por organismos internacionales y persistiendo en el juicio en ausencia contra exfuncionarios persas.
Milei ha declarado abiertamente que “Irán es enemigo de Argentina” y atribuye sin pruebas la autoría de los atentados de 1992 y 1994 al país persa. Esta narrativa es reforzada por su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y por representantes diplomáticos israelíes en Buenos Aires. La alianza estratégica entre el actual gobierno argentino y el Estado de Israel ha convertido este caso judicial en punta de lanza de una política exterior agresiva, que replica los postulados israelíes sin considerar la soberanía ni el interés nacional.
Irán ha respondido con firmeza. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Nasser Kanaani, calificó las declaraciones de Milei como parte de un eje de agresión política. Medios iraníes como Tehran Times advirtieron que “Teherán no olvidará las políticas antiiraníes de Buenos Aires… le hará lamentar su enemistad”. El diplomático iraní en Buenos Aires, Mohsen Tehrani, fue enfático: “Esa frase fue descuidada, sin fundamentos. Irán no es enemigo de Argentina”.
En un informe elevado ante Naciones Unidas en 2024, titulado “El descarado ataque al derecho internacional por parte del régimen israelí contra la República Islámica de Irán”, el gobierno iraní denunció las políticas de Javier Milei como una extensión del aparato geopolítico de Estados Unidos e Israel, acusando explícitamente a Buenos Aires de sumarse al “eje del mal” por razones ideológicas y económicas.
En los últimos años se ha hecho pública nueva documentación sobre la presencia del Mossad israelí en Sudamérica, en particular en zonas de frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay. En un informe especial de The New York Times, basado en filtraciones de inteligencia del propio Mossad, se reconocía que la agencia israelí nunca pudo encontrar evidencia que vincule a Irán o a Hizbulá con los atentados de la AMIA o la Embajada de Israel en Buenos Aires. A pesar de esta revelación —ocultada por los grandes medios locales—, el gobierno argentino ha decidido mantener su narrativa belicista.
Simultáneamente, se multiplican los convenios de “seguridad” con Israel: cooperación cibernética, entrenamiento militar, adquisición de armamento y participación israelí en infraestructura crítica. Este entramado se inserta en un tablero mayor, donde Argentina funciona como punta de lanza de una ofensiva continental contra el Eje de la Resistencia (Irán, Siria, Palestina, Líbano, Yemen).
La criminalización de Irán y de Hizbulá responde a un diseño mayor: consolidar un bloque político hostil al Eje de la Resistencia en América Latina, en consonancia con los intereses geoestratégicos de Israel y Estados Unidos. Esta estrategia busca impedir cualquier acercamiento entre Argentina, Chile u otros países del Cono Sur con Irán, Siria o Palestina, utilizando el discurso de la “seguridad hemisférica” como excusa para implementar mecanismos de intervención política, judicial y militar.
Lo que se presenta como una “defensa contra el terrorismo” es en realidad un instrumento de política colonial. La instalación de bases de inteligencia, cooperación militar y centros de ciberdefensa en el sur del continente —con fuerte presencia israelí y norteamericana— no responde a amenazas internas, sino a la necesidad de proyectar poder sobre zonas geoestratégicas como la Patagonia y la Antártida.
Como ya ha sido documentado, el interés israelí por la Patagonia incluye desde proyectos agrícolas hasta vigilancia satelital. El territorio del sur argentino y chileno se convierte en un nuevo espacio de disputa imperial, donde el alineamiento automático de gobiernos como el de Milei permite avanzar sin resistencia en una agenda de recolonización encubierta.
Mientras se fabrican enemigos externos como Irán, la verdadera amenaza a la seguridad nacional proviene del saqueo de recursos, la entrega de soberanía y la conversión del Estado en plataforma para operaciones de potencias extranjeras.
El atentado a la AMIA merece justicia, verdad y reparación. Pero ninguna de esas demandas será satisfecha mientras el caso siga siendo utilizado como instrumento para justificar políticas belicistas, alianzas subordinadas y persecuciones políticas. La memoria de las víctimas no puede seguir siendo manipulada al servicio de intereses geopolíticos ajenos.
Lo que demuestra el caso AMIA no es la culpabilidad de Irán, sino la capacidad de ciertas potencias para fabricar verdades convenientes, exportarlas como dogmas e imponerlas mediante chantaje, propaganda y lawfare. Argentina, bajo el gobierno de Milei, se ha entregado sin condiciones a esa lógica.
La verdadera pregunta no es quién puso la bomba en 1994. La verdadera pregunta es: ¿quién se beneficia de la mentira?
Fuente: revistadefrente.cl
