Un acuerdo firmado por 150 organizaciones advierte que propuestas electorales amenazan los derechos humanos en el país.

Se refieren a iniciativas en planes de gobierno de cara a las elecciones generales 2026, que proponen introducir la pena de muerte o salir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

El documento fue presentado este lunes por la secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh), Tania Pariona, y representantes de organizaciones que han firmado el mismo.

“Este consenso consolida todas las propuestas y las reivindicaciones de los sectores que hemos sido altamente afectados en nuestros derechos, tanto individuales como colectivos”, indicó Pariona.

El documento está firmado por colectivos, redes, gremios de transportistas, agrarios, emprendedores, organizaciones feministas, juveniles, colectivos de la comunidad LGTBIQ+ y pueblos indígenas, entre otros.

Para los firmantes durante los últimos meses el país vive un autoritarismo parlamentario que ha impulsado y modificado numerosas leyes que afectan los derechos humanos y la democracia.

Iniciativas como la amnistía para policías, militares y comités de autodefensa durante el conflicto armado interno (1980-2000), la prescripción para delitos de lesa humanidad, la eliminación de la ley de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y la restricción del aborto terapéutico.

Según Tania Pariona, los partidos que lideran las encuestas como Renovación Popular y Fuerza Popular, son justamente los que plantean una mayor regresión con posiciones ultraconservadoras.

La Cnddhh alerta que cuatro partidos tienen como propuesta electoral incorporar la pena de muerte, cinco incluyen el retiro o restricción de la CIDH y 14 la eliminación o fusión de ministerios bajo el argumento de lucha contra la delincuencia.

Además, varios partidos no mencionan en sus programas a los pueblos indígenas y algunos de ellos proponen el avance de la infraestructura en selva virgen y la expansión minera y energética sin consulta previa de las comunidades que habitan los territorios.

Ante este contexto, el consenso busca brindar puntos de acuerdo claros y posiciones firmes frente al rechazo a la vulneración de derechos humanos en el país, decisión que recae en manos de todos los peruanos en las urnas.

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Fuente: www.servindi.org

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