Alerta por persecución a defensores en Ecuador

Ofensiva del Gobierno de Noboa contra personas que defienden la naturaleza y el territorio lleva más de cinco meses. A pesar de la falta de pruebas, la criminalización persiste.

El colectivo advirtió que, desde 2025, el Gobierno y el poder corporativo mantienen una arremetida política, jurídica y económica que no ha cesado.

Desde julio de ese mismo año, estos actores construyen discursos donde vinculan a defensores con el ‘crimen organizado y la minería ilegal’, además de acusarlos de recibir ‘fondos irregulares’.

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“Este discurso busca estigmatizar, amedrentar e incluso atentar contra la vida de quienes defendemos el agua y la vida, bajo la lógica de los ‘falsos positivos’”, denuncia el FNA. 

Como recuerdan, en agosto de 2025, se reveló la existencia de una red de inteligencia policial en Ecuador dedicada a espiar a organizaciones sociales, entre ellas, el Frente Nacional Antiminero.

En un contexto de Paro Nacional que se iba formando en septiembre de ese año, el Gobierno de Noboa llevó a cabo una campaña de criminalización contra organizaciones sociales, detalla el Frente.

Al mes siguiente, dirigentes sociales, ecologistas, académicos y defensores de derechos humanos fueron sometidos a procesos judiciales por el presunto delito de “enriquecimiento ilícito no justificado”.

En este grupo se encontraban 16 integrantes del Frente Nacional Antiminero, quienes vieron sus cuentas bancarias bloqueadas sin orden judicial ni justificación administrativa. 

Ante la ausencia de pruebas, en octubre de 2025, el Gobierno amplió los cargos incorporando la figura de ‘financiamiento de terrorismo’, “con evidente objetivo de amedrentar, generar miedo y desarticular la resistencia frente al modelo extractivo”.

“Cinco meses desde el inicio de esta judicialización y aunque nuestra defensa legal ha demostrado la falsedad de las acusaciones y los tribunales han ordenado desbloquear cuentas, el acoso persiste”, denuncia el Frente.

De esta forma, el FNA denuncia que seis de sus integrantes han sufrido el cierre definitivo y unilateral de sus cuentas bancarias, en una clara forma de asfixia financiera que vulnera derechos fundamentales.

Además, revelan que más de 200 campesinas y campesinos son criminalizados en provincias como Imbabura, Cotopaxi, Bolívar, Los Ríos y Azuay. La razón se hallaría en su resistencia a la minería a gran escala que afecta a la vida de sus pueblos.

En este contexto, el Frente realizará una rueda de prensa virtual para ampliar detalles sobre esta denuncia y exigir el cese inmediato de la persecución y toda forma de criminalización contra quienes defienden la naturaleza.

La rueda de prensa será el miércoles 25 de febrero, a las 9am. (hora Ecuador)

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