Recorte podría ocasionar riesgos ambientales y patrimoniales advierten especialistas.
La medida, que recorta cerca de 1.400 campos de fútbol en área protegida, fue aprobada el 30 de mayo y afecta una zona declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, reconocida por sus geoglifos milenarios y su frágil ecosistema desértico.
Según el Ministerio de Cultura, el ajuste se basa en estudios científicos actualizados y no compromete las protecciones esenciales del sitio ni su condición internacional.
Un día después de anunciar la reducción, el ministro Fabricio Valencia admitió la presencia de minería ilegal en la zona, aunque afirmó que la medida no fomenta su expansión.
Mariano Castro, exviceministro de Ambiente, señaló que la decisión excluye áreas donde existen concesiones mineras activas o en trámite, lo cual agrava los riesgos ambientales y culturales.
Castro recordó que el artículo 5(h) de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental exige preservar el patrimonio arqueológico e histórico, norma que estaría siendo vulnerada.
“Se están eliminando protecciones justo donde la presión extractiva es mayor”, declaró, advirtiendo además que las salvaguardas arqueológicas durante la formalización minera son débiles.
Para el abogado ambiental César Ipenza, la resolución refleja una tendencia preocupante de flexibilización normativa en favor de la minería informal y denunció una alianza entre el gobierno y estos sectores.
La UNESCO, manifestó a la agencia AP que no ha recibido notificación oficial sobre cambios en los límites del sitio protegido, algo que considera esencial para su resguardo.
Para muchos, la decisión no solo pone en peligro uno de los íconos culturales más emblemáticos del Perú, sino que representa un retroceso en la lucha por una gestión ambiental y cultural responsable.
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