Honduras: Posicionamiento del Bloque Campesino e indígena ante el Instituto Nacional Agrario (INA)
Tegucigalpa, 6 de junio de 2025 – A pesar de que la presidenta Xiomara Castro llegó al poder con una fuerte base de apoyo de organizaciones campesinas e indígenas, y con el compromiso de emprender una reforma agraria justa, la realidad en el campo hondureño revela una dolorosa contradicción: continúan los asesinatos de líderes campesinos, los desalojos violentos y la ocupación de tierras por parte de intereses privados y agroindustriales, mientras las instituciones encargadas de velar por el acceso a la tierra permanecen paralizadas o cómplices.
Desde inicios de 2025, organizaciones defensoras de derechos humanos han denunciado el recrudecimiento de la violencia en el Valle del Aguán, donde han sido asesinados varios líderes agrarios. Sólo entre enero y febrero de este año, al menos tres campesinos fueron ultimados en circunstancias vinculadas a conflictos por la tierra: Arnulfo Díaz, José Luis Hernández Lobo y Suyapa Guillén. En muchos casos, los crímenes han quedado en la impunidad, alimentando una sensación de abandono institucional entre las comunidades rurales.
Denuncia del Bloque Campesino e Indígena
En este contexto, desde el movimiento popular y social hondureño y el Bloque Campesino e Indígena, integrado por organizaciones campesinas, pueblos originarios, comunidades organizadas y otros movimientos populares y sociales, se realizó un plantón frente al Instituto Nacional Agrario (INA) exigiendo el derecho a la tierra y el acceso justo y equitativo al territorio. En ese marco, el Bloque emitió un pronunciamiento contundente denunciando la grave crisis de acceso a la tierra y el papel que ha venido desempeñando el INA bajo el actual gobierno:
1. Cuestionamos el papel que ha venido desempeñando la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra, cuya existencia, lejos de significar avances, ha resultado en una parálisis institucional que no responde a las urgencias históricas del campesinado e indígenas del país. En lugar de implementar políticas efectivas de redistribución de tierras, hemos sido testigos de operativos de desalojo violento, ejecutados con la complicidad o pasividad de las instituciones agrarias, profundizando la injusticia social y territorial en las comunidades rurales.
2. Hemos sostenido múltiples reuniones y presentado peticiones concretas al INA, exigiendo que cumpla con su mandato legal e histórico de garantizar el derecho de acceso a la tierra para el movimiento campesino e indígena. A pesar de la apertura de algunos funcionarios, observamos con preocupación que el INA se ha alejado de su misión y de las comunidades a las que debería servir.
3. El INA, lejos de ejercer una labor beligerante en defensa de nuestros derechos, ha mostrado una alineación preocupante con intereses empresariales, económicos y políticos, lo que ha debilitado su capacidad para responder a las urgentes demandas territoriales de nuestros pueblos. Esta situación ha afectado directamente procesos de titulación, recuperación de tierras ancestrales y acceso efectivo a los recursos productivos.
5. Uno de los temas más graves es el manejo de tierras incautadas al crimen organizado por parte de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI). Hemos solicitado al INA que gestione, ante el Poder Ejecutivo o el Congreso Nacional, la adjudicación prioritaria de estas tierras al campesinado, como una medida concreta de justicia agraria. No obstante, estas tierras siguen cayendo en un ciclo perverso, regresando a manos de sectores criminales o económicos vinculados al poder, en lugar de ser devueltas al pueblo que las necesita para vivir y producir.
6. Por ello, emplazamos públicamente al INA a que rectifique su rumbo institucional, abandone toda complacencia con las élites económicas y asuma su rol como garante del derecho a la tierra para los pueblos originarios y el campesinado hondureño.
7. Además, solicitamos la reanudación inmediata de la Mesa de Trabajo entre el INA y el Bloque Campesino e Indígena, con el objetivo de dar seguimiento y cumplimiento a los acuerdos alcanzados con nuestras organizaciones y pueblos. Este espacio debe ser un mecanismo efectivo de diálogo, resolución de conflictos y ejecución de políticas agrarias, no un instrumento decorativo sin consecuencias reales.
8. Al Instituto Nacional Agrario, a la presidenta Xiomara Castro
a. Reinstalación de la Mesa de Trabajo permanente con el Bloque Campesino e Indígena, con carácter resolutivo y vinculante.
b. Que se garanticen los derechos de acceso a la tierra para todos los movimientos campesinos del país y el derecho sobre las tierras ancestrales de los pueblos indígenas.
c. La Comisión de Seguridad Agraria, siendo presidida por el ministro de esta institución, solicitamos que incida para revertir cualquier desalojo en contra de movimiento campesino y pueblos indígenas.
Nos mantendremos firmes, unidos y movilizados en la defensa del derecho a la tierra, de nuestras comunidades, nuestras culturas y nuestras tierras ancestrales. No retrocederemos ante el poder económico, los terratenientes, ni el sector agroindustrial que históricamente nos ha despojado. Lucharemos con dignidad y resistencia hasta que nuestros derechos sean plenamente restituidos y garantizados.
El derecho a la tierra no es negociable. Sin tierra no hay dignidad, no hay soberanía, y no hay paz.
Tegucigalpa, Francisco Morazán, 06 de junio, 2025
![Fuentes: Climática [Imagen: Desprendimiento de hielo del glaciar Russel, Kangerlussuaq, Groenlandia, julio de 2022 Foto: Sepp Kipfstuhl, Alfred Wegener Institute]](https://abyayalasoberana.org/wp-content/uploads/2026/02/19-comprimido.jpg)
