Honduras ante una encrucijada: el Movimiento Popular y Social advierte sobre un país capturado y exige un giro profundo

Por Noelia Carrazana

Honduras celebrará elecciones generales el próximo 30 de noviembre de 2025, en medio de denuncias sobre deterioro institucional, desigualdad y criminalización del movimiento social. En la antesala de las elecciones hondureñas, el Movimiento Popular y Social Hondureño difundió una serie de mensajes que reclaman recuperar el Estado para el bien común, priorizar presupuestos para salud, educación y energía, y garantizar derechos y protección a quienes defienden los territorios. Desde comunidades y colectivos, exigen que la agenda popular finalmente ingrese al debate político.

Honduras llega a las elecciones del 30 de noviembre de 2025 inmersa en una profunda crisis política y social que trasciende a los partidos en disputa. A pocos días de la votación, el Movimiento Popular y Social Hondureño (MPSH) publicó una carta abierta dirigida al pueblo hondureño y a los candidatos a elección popular, en la que advierte que el país enfrenta los mismos desafíos estructurales que han atravesado a todos los gobiernos recientes: impunidad persistente, corrupción sin freno, violencia territorial, precarización de la vida, extractivismo y un Estado que opera bajo pactos entre élites políticas, empresariales y criminales.

El documento, presentado en el marco del III Encuentro del Movimiento Popular y Social Hondureño realizado el 8 de noviembre en San Pedro Sula, señala que la ciudadanía se encuentra nuevamente ante “una encrucijada histórica”, pero con un panorama electoral debilitado y carente de propuestas reales para atender las necesidades de la población. El movimiento denuncia que el proceso electoral está marcado por irregularidades y por un discurso vacío que no ofrece soluciones a temas estructurales como el acceso a la tierra, la defensa de los recursos naturales, la protección de los territorios indígenas, la falta de empleo, la crisis en salud y el avance del crimen organizado. “El gran ausente en este proceso es el movimiento popular y sus demandas”, advierten.

Las organizaciones sociales señalan que el país sigue funcionando bajo lógicas asistencialistas, sin una política social sólida, mientras la población continúa sin acceso a servicios básicos, medicamentos o atención médica digna. A esto se suma el cierre sistemático de espacios de participación política y la persecución contra líderes indígenas, campesinos y defensores ambientales, hechos que, según el MPSH, demuestran que la violencia estatal y paraestatal continúa siendo un mecanismo de control. También denuncian que la lucha contra la corrupción “pasó de moda”, mientras instituciones clave como el Ministerio Público o los órganos fiscalizadores se encuentran cooptados o debilitados, lo que perpetúa la impunidad.

En el panorama económico, el movimiento afirma que el modelo vigente profundiza la desigualdad: “los ricos se siguen haciendo más ricos y los pobres más pobres”, señalan, apuntando que la migración sigue siendo, para miles de hondureños, la única salida ante la falta de oportunidades. A su vez, cuestionan que los gobiernos continúen aprobando licencias extractivas que ponen en riesgo la vida de comunidades indígenas y rurales, mientras se criminaliza a quienes defienden sus territorios.

De cara a un nuevo gobierno, el MPSH exige respeto a los bienes naturales y comunes, el fin de la criminalización contra pueblos indígenas y campesinos, el combate real a la corrupción y la participación activa del movimiento social en la definición de políticas públicas. También llaman a la ciudadanía a no resignarse a la política tradicional: “Nuestro deber es mantenernos como sujetos políticos autónomos y disputar todos los escenarios, incluido el electoral”.

El mensaje del movimiento es contundente: las elecciones del 30 de noviembre no resolverán de inmediato los problemas que atraviesan al país, pero sí marcarán el punto de partida para exigir con más fuerza que la clase política responda, por primera vez, a la agenda real del pueblo hondureño y no a los intereses de los partidos, los grupos económicos ni las redes criminales que han marcado la vida pública del país.