En el Salvador el autoritarismo avanza sobre sectores campesinos: caso Cooperativa el Bosque

Por corresponsal de El Salvador

El 12 de mayo de 2025, la Cooperativa El Bosque, ubicada en el cantón El Triunfo, Santa Tecla
realizó una manifestación pacífica organizada por sus habitantes cerca de la
residencia presidencial, pidiendo al mandatario su intercesión para detener a una orden judicial
de desalojo que afectaría a unas 300 familias que han residido en esas tierras desde los años
80s, tras ser adjudicadas como parte de la reforma agraria.
Durante la manifestación del 12 de mayo, la Policía Militar y la Unidad de Mantenimiento del
Orden (UMO) reprimieron a los manifestantes, utilizando gases lacrimógenos y efectuando
detenciones. Entre los arrestados se encontraban José Ángel Pérez, presidente de la
cooperativa y pastor local, y al siguiente día, fue detenido arbitrariamente, Alejandro
Henríquez, abogado defensor de la comunidad. Ambos fueron acusados preliminarmente de
desórdenes públicos. Además, se les aplicó la medida del régimen de excepción, lo que ha
sido criticado por organizaciones de derechos humanos por considerarlo una violación a sus
garantías fundamentales.
El conflicto se originó por una disputa legal con Luis Antonio Palomo Urbina, propietario de
Proyin, S.A. de C.V. En 2004, la cooperativa firmó contratos con esta empresa para servicios
de escrituración de terrenos, respaldados por pagarés por $130,000. Sin embargo, en 2008,
Palomo demandó a la cooperativa por cerca de $850,000, alegando incumplimiento
contractual. La cooperativa denuncia que estos servicios nunca se prestaron y que los pagarés
fueron firmados en blanco.
El presidente Bukele afirmó en su cuenta de X que las familias de la cooperativa fueron
manipuladas por partidos políticos y ONGs, y propuso un impuesto del 30% a las donaciones
que estas organizaciones reciben, con el objetivo de utilizar esos fondos para resolver la
situación de la comunidad. Por su parte, la ministra de Vivienda, Michelle Sol, anunció la
formación de un equipo técnico, social y legal para abordar el caso y brindar apoyo a las
familias afectadas.

El 17 de mayo, el Juzgado de lo Laboral de Santa Tecla suspendió temporalmente la orden de
desalojo que estaba programada para el 22 de mayo. Sin embargo, persiste la presencia
policial en la comunidad, y organizaciones sociales continúan exigiendo la liberación de los
líderes detenidos y el respeto a los derechos de las familias de la cooperativa.
Este caso ha generado un amplio debate en El Salvador sobre el acceso a la tierra, la
criminalización de la protesta social y la actuación del Estado frente a comunidades
campesinas que reclaman derechos históricos sobre sus territorios.
Organizaciones como Amnistía Internacional, Relatorías de la ONU, Human Rights Watch
rechazan el uso excesivo de la fuerza y la criminalización de defensores.
Hoy dos líderes comunitarios narran todo lo que han tenido que vivir y sacrificar, en resistencia
a ser despojados de sus tierras en las que han cultivado toda su vida. ¡La tierra no se vende,
se cuida y se defiende!

https://www.youtube.com/watch?v=mDqkIAY5Cl8