Ecuador: Tribunal revocó arresto domiciliario a Gabriela Gallardo, dirigente del Movimiento Guevarista
Gabriela Gallardo fue trasladada a la Cárcel de Cotopaxi, pese a sufrir una enfermedad catastrófica.
La revocatoria de la medida de arresto domiciliario de Gabriela Gallardo, dirigente del Movimiento Guevarista, fue anunciada este jueves 17 de octubre de 2024.
La decisión se adoptó tras una audiencia de habeas corpus, en la que se argumentó que su regreso a la cárcel es necesario debido al proceso penal que aún está en curso.
La medida, adoptada por un tribunal, ha generado preocupaciones entre sus familiares, compañeros de lucha y defensores de derechos humanos.
Advierten sobre los peligros que enfrenta Gallardo, en un sistema penitenciario marcado por la violencia y la falta de atención médica.
Tanto Gabriela como su abogado, Aquiles Hervas Parra, han denunciado que esta decisión es un claro atropello a sus derechos constitucionales.
Condición de salud de Gabriela Gallardo
Antes de su traslado a la Cárcel de Cotopaxi, Gabriela Gallardo denunció que esto representa un riesgo grave para su salud, debido a un tumor cerebral que padece y que requiere atención médica especializada.
Aquiles Hervas expresó su preocupación por la decisión del tribunal de revocar la medida de habeas corpus.
Argumentó que el estado de salud de su clienta no es compatible con la privación de libertad en un centro carcelario, donde no existen las condiciones adecuadas para su atención médica, por lo cual se pone en riesgo su vida.
El abogado señaló que, a pesar de la evidencia presentada sobre la salud de Gallardo, los jueces ignoraron los informes médicos y actuaron bajo la influencia de la Fiscalía, lo que a su juicio evidencia una grave violación de los derechos constitucionales de su clienta.
Gabriela, en un video compartido en redes sociales, hizo un llamado a sus compañeros y a la comunidad para que se unan en la defensa de sus derechos, subrayando la gravedad de su situación y la del resto de los detenidos en condiciones similares.
«Voy a regresar a un lugar donde hay torturas y abusos, y donde no hay garantías para la vida y la salud. Pido su apoyo para denunciar este atropello», manifestó, evidenciando su angustia ante el inminente traslado.
Contexto
La madrugada del 19 de mayo de 2022, un operativo encabezado por la Fiscalía llevó a la detención de dirigentes del Movimiento Guevarista Tierra y Libertad (MGTL).
Las autoridades les imputaron presuntos delitos de delincuencia, trata de personas y reclutamiento para grupos guerrilleros. Sin embargo, los detalles de las condiciones de su detención han generado un profundo cuestionamiento sobre la legalidad y la ética del proceso.
Los detenidos denunciaron que durante su captura se violentaron numerosos derechos. Se destruyeron bienes y no se les leyeron los derechos, lo que algunos consideran un acto que se asemeja a un «secuestro del Estado.»
Tras ser llevados a audiencia en la madrugada, se dictó prisión preventiva, y los acusados pasaron seis días en condiciones deplorables e incomunicados.
Desde entonces, según la defensa, el proceso ha estado marcado por irregularidades sistemáticas, donde se ha tejido un discurso mediático en el que se les presenta como un «enemigo interno.»
Pruebas y proceso judicial
La investigación contra los ‘Guevaristas’ comenzó en agosto de 2020, sin la debida autorización legal, lo que ha llevado a la defensa a cuestionar la legitimidad de las acusaciones. Según los procesados, los seguimientos realizados durante un año no encontraron evidencia alguna que justifique su imputación.
Los principales testigos de la Fiscalía fueron policías, además de dos testimonios protegidos uno de ellos desde el consulado de Nueva York.
Denuncian persecución política
Los miembros del MGTL consideran que esta situación es un claro ejemplo de persecución política. Afirman que la narrativa del «enemigo interno» se originó en el gobierno de Lenín Moreno y que busca deslegitimar la movilización social.
Además, se ha señalado la influencia de actores externos, como Estados Unidos, que han respaldado violaciones de derechos humanos en Ecuador. La presencia de funcionarios de la Embajada de EE.UU. durante las audiencias ha reforzado esta percepción.
Radio Pichincha




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