Ecuador: marcha convocada por Noboa contra la Corte Constitucional genera críticas internas y alertas internacionales
Por MC
Quito, 13 de agosto de 2025 — El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, encabezó el 12 de agosto una multitudinaria marcha hacia la sede de la Corte Constitucional, en rechazo a una decisión del máximo tribunal. La movilización, que contó con un amplio despliegue de fuerzas policiales y militares, despertó críticas de organizaciones sociales, sindicatos y organismos internacionales que alertaron sobre riesgos a la independencia judicial.
Durante la manifestación, tres jóvenes fueron grabados realizando gestos asociados al nazismo y portando símbolos con esvásticas en los brazos. Las imágenes, registradas en Quito mientras caminaban junto a la marcha oficialista, provocaron repudio en redes sociales y en sectores políticos.
El presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), Edwin Bedoya, advirtió que el país enfrenta “niveles críticos de conflicto social” y llamó a la ciudadanía a perder el miedo y movilizarse. Bedoya anunció que más de 30 organizaciones sociales se reunirán este sábado para definir estrategias jurídicas y de protesta “a escala nacional” en los próximos meses.
Las reacciones internacionales no se hicieron esperar. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por “actos y discursos que pueden amenazar la independencia de jueces constitucionales”, recordando que esta independencia “es fundamental en el sistema de pesos y contrapesos”. La entidad instó a Ecuador a garantizar la labor libre de la Corte y la seguridad de sus magistrados y funcionarios.
Amnistía Internacional señaló que el tribunal debe operar sin presiones políticas y pidió al presidente Noboa y a las autoridades que respeten la independencia judicial, “esencial para la garantía y protección de los derechos humanos, más aún en un contexto de militarización de la seguridad pública”.
En la misma línea, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos calificó de “inaceptables” los ataques contra la Corte Constitucional y urgió al Gobierno a asegurar la integridad de jueces y personal.
Desde el Ejecutivo, la vocera gubernamental Carolina Jaramillo defendió la marcha, negó que represente una amenaza al organismo constitucional y minimizó las críticas internacionales. También rechazó que el Gobierno haya financiado las gigantografías vistas durante la manifestación.
