Ecuador: Indígenas denuncian represión con armas de fuego durante Paro Nacional contra aumento del combustible y del IVA

Por Noelia Carrazana

El Ecuador atraviesa una de sus crisis políticas y sociales más graves de los últimos años. Desde la medianoche del lunes 22 de septiembre, miles de comuneros, comunidades indígenas y organizaciones sociales se movilizan en el marco de un Paro Nacional indefinido convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE). La medida se anuncia como respuesta a las políticas económicas del presidente Daniel Noboa, en particular la eliminación del subsidio al diésel mediante el Decreto Ejecutivo 126 y el aumento del IVA del 12% al 15%.

Sin embargo, el levantamiento no se explica únicamente por estas reformas fiscales. La revocatoria y aprobación de nuevas licencias mineras ha encendido un rechazo masivo en comunidades indígenas y rurales, que denuncian que la minería a gran escala conlleva contaminación de ríos, pérdida de biodiversidad, impactos en los cultivos y despojo de territorios ancestrales. Según la BBC, proyectos como el de Curimining en el Cerro El Domo y Dundee Precious Metals en el páramo de Kimsakocha han sido aprobados sin una consulta previa real a las comunidades afectadas, lo que incrementa la tensión social.

Escalada represiva bajo estado de excepción

La respuesta del gobierno ha sido una militarización creciente del país. El 16 de septiembre, Noboa decretó el estado de excepción en siete provincias —Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi y Santo Domingo—, al que luego se sumó Chimborazo. Esta medida otorga a las Fuerzas Armadas y la Policía la facultad de restringir la libertad de reunión y tránsito, lo que en la práctica impide las manifestaciones pacíficas.

En este contexto, la represión se ha intensificado. La CONAIE denunció que en la comunidad de Pijal (Imbabura) efectivos ingresaron violentamente a viviendas y dispararon fusiles de asalto contra civiles, poniendo en riesgo la vida de niños, mujeres y ancianos. En Otavalo, la Cruz Roja reportó heridos con impactos de bombas lacrimógenas en la cabeza y el rostro.

En la comuna San Miguel de Común, al norte de Quito, la Policía intentó ingresar de manera violenta a la zona pese a la presencia de mujeres y niños. Allí se reportó la detención y posterior desaparición de Gina Betel Cahuásqui Tambaco, trasladada inicialmente al comando policial de Otavalo y cuyo paradero sigue siendo desconocido. En esa misma localidad, las fuerzas de seguridad desplegaron un uso excesivo de gases lacrimógenos y disparos al cuerpo contra los manifestantes, lo que provocó múltiples heridos y la muerte de un comunero atropellado en medio de los disturbios.

La violencia no se limitó a la Sierra norte. En la Amazonía, la situación escaló con denuncias de incursiones militares en territorio Huaorani, específicamente en el bloque 31 de Orellana, donde comuneros kichwas y waoranis denunciaron disparos y detenciones arbitrarias. Paralelamente, desde la Nacionalidad Kichwa de Pastaza se anunció un levantamiento que se suma al Paro Nacional 2025, mientras que en Cotopaxi las bases indígenas y campesinas mantienen cortes en la Panamericana Sur, a la altura de El Chasqui. Estos hechos evidencian que la protesta se ha extendido territorialmente, y que el endurecimiento represivo del gobierno de Daniel Noboa está alimentando nuevas adhesiones al levantamiento, en lugar de contenerlo.

Las imágenes que circulan en redes sociales muestran tanquetas y militares disparando contra comunidades rurales, una postal que recuerda al mundo los episodios del golpe de Estado en Bolivia (2019) y la represión en Perú bajo Dina Boluarte tras la destitución de Pedro Castillo.

El movimiento indígena, que en las últimas tres décadas ha derrocado presidentes y frenado reformas neoliberales, acusa al gobierno de Noboa de criminalizar la protesta. “No somos delincuentes ni terroristas, sino un pueblo digno que exige respeto a la vida, a los derechos y a los territorios”, declaró Marlon Richard Vargas Santi, presidente de la CONAIE.

En la misma línea, Leónidas Iza responsabilizó al presidente por la violencia, acusándolo de aplicar un “terrorismo económico al servicio del FMI y de los intereses imperialistas”, además de denunciar una persecución contra luchadores sociales.

Movimiento indígena, un actor central

Si bien los levantamientos de 2019 y 2022 lograron revertir medidas económicas impopulares, el contexto actual es radicalmente distinto. A diferencia de entonces, Ecuador vive bajo una declaratoria de conflicto armado interno (enero de 2024) que permite a los militares realizar operativos en barrios, detenciones sin orden judicial y patrullajes armados.

Según El País (25/07/2025), desde esa declaratoria se han registrado 31 denuncias de desapariciones forzadas atribuidas a militares. Entre ellas destaca el caso de los cuatro menores de Las Malvinas en Guayaquil, desaparecidos en diciembre de 2024 tras un operativo militar, cuyos cuerpos calcinados fueron hallados cerca de una base en Taura. Estos hechos, sumados a informes de ejecuciones extrajudiciales y tortura, han despertado alarma en organismos de derechos humanos.

Además, en agosto de 2025, el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC) denunció un intento de asesinato contra Leónidas Iza, quien habría sido hostigado por agentes de inteligencia del Estado en la comunidad de San Ignacio.

Noboa, minería y vínculos con el narcotráfico

El descontento también se alimenta de las sospechas de conflictos de interés de la familia Noboa en proyectos extractivos. Mientras Daniel Noboa impulsa políticas favorables a la minería a gran escala, su padre, Álvaro Noboa, ha estado vinculado a Curimining, empresa con licencia para operar en El Domo.

Paralelamente, investigaciones periodísticas han revelado que contenedores de Noboa Trading, empresa familiar dedicada a la exportación de banano, han sido utilizados para transportar cocaína hacia Europa. Entre 2020 y 2022, las autoridades incautaron más de 700 kilos de droga en cargamentos de banano vinculados a la compañía (Revista RAYA, citado por RTVC Noticias, 05/10/2023). Aunque Noboa ha negado su responsabilidad y cooperado con las investigaciones, estos hallazgos alimentan denuncias sobre vínculos de la élite empresarial con el narcotráfico.

La situación en ciudades como Latacunga, actualmente militarizada con retenes, y en Puyo, donde se observan largas filas en estaciones de servicio y bloqueos, refleja la magnitud del conflicto. Para la CONAIE, el pliego de demandas incluye no solo la derogatoria del Decreto 126 y la anulación del aumento del IVA, sino también la asignación de presupuesto digno para salud, educación y seguridad en un país golpeado por la violencia y la crisis económica.

Como señala Human Rights Watch en su último informe sobre la región, “la militarización de la seguridad interna y la represión contra manifestantes en Ecuador aumentan el riesgo de violaciones sistemáticas a los derechos humanos” (HRW, Informe Anual 2025).

Para seguir minuto a minuto:

https://www.telesurtv.net/paro-nacional-indigena-paquetazo-noboa-ecuador