Por MC

La justicia provincial decidió elevar a juicio una causa contra el dirigente sindical Federico Giuliani por una protesta realizada en agosto de 2025. Organizaciones gremiales denuncian irregularidades en la investigación y advierten sobre un posible precedente para limitar el derecho a la protesta.

La justicia de la provincia de Córdoba decidió elevar a juicio una causa judicial contra Federico Giuliani, secretario general de Asociación Trabajadores del Estado (ATE) en la provincia y dirigente de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA Córdoba). El proceso se origina en los hechos ocurridos el 28 de agosto de 2025 durante una protesta frente a la Secretaría de Políticas Sociales de la Municipalidad de Córdoba.

El requerimiento de elevación a juicio fue presentado por la fiscalía a cargo de la fiscal Patricia De Aragón, tras una investigación que incluyó testimonios de empleados municipales y efectivos policiales sobre incidentes ocurridos durante la jornada de protesta.

Ese día, trabajadores estatales, dirigentes sindicales y militantes sociales se concentraron frente a la dependencia municipal para reclamar por políticas sociales y condiciones laborales. Durante el operativo policial posterior se produjeron varias detenciones, entre ellas la del propio Giuliani, quien permaneció aproximadamente 24 horas detenido y fue trasladado al penal de Complejo Carcelario de Bouwer.

Entre las personas detenidas también estuvieron Silvia Alcoba, secretaria adjunta de la CTA Córdoba; el secretario de Derechos Humanos del gremio, César Theaux, quien se encontraba brindando asistencia legal durante la protesta; y el trabajador de prensa sindical Fermín Denipoti, que realizaba cobertura periodística de los hechos.

Cuestionamientos a la investigación

Desde ATE Córdoba sostienen que la investigación presenta inconsistencias y contradicciones. Entre los puntos señalados, destacan testimonios de empleados municipales que afirman haber observado acciones de manifestantes desde el interior del edificio de la Secretaría, pese a que —según la organización— los vidrios del inmueble se encuentran cubiertos con ploteo que impediría ver hacia el exterior.

Además, algunos testimonios incorporados al expediente señalan que elementos como escritorios habrían sido colocados dentro del edificio por efectivos policiales, lo que, según los denunciantes, contradice la versión que responsabiliza a los manifestantes por los daños.

Otra crítica apunta a que los hechos investigados no estarían individualizados de forma precisa, es decir, no se identifica a personas concretas como responsables de acciones específicas durante la protesta.

Las organizaciones sindicales también señalaron como irregular la ausencia en el expediente de un subdirector de la policía que habría estado presente durante el operativo del 28 de agosto. Según la denuncia presentada por el gremio, el funcionario apareció en el lugar durante la jornada, pero no figura en declaraciones de otros agentes ni en los registros del caso.

Para ATE Córdoba y sectores sindicales, el avance de la causa judicial forma parte de un proceso más amplio de judicialización de las protestas sociales en Argentina. Desde la organización sostienen que el caso podría utilizarse como precedente para endurecer medidas de control sobre las movilizaciones y aplicar con mayor rigor los protocolos de seguridad vinculados a cortes de calles y protestas.

El caso se inscribe en un contexto nacional de debate sobre el alcance del derecho constitucional a la protesta y el rol de las fuerzas de seguridad en manifestaciones públicas, un tema que ha generado controversia entre organizaciones sociales, sindicatos y autoridades gubernamentales en distintos puntos del país.

Fuente:

https://atecordoba.org/?p=52821: Criminalización de la protesta sindical en Argentina: elevan a juicio causa contra dirigente de ATE en Córdoba

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