Aprehenden a Lidia Patty en medio de acusaciones de persecución política

Por Calixta Quispe

La exdiputada boliviana y dirigente indígena Lidia Patty fue aprehendida este viernes en La Paz cuando se dirigía a declarar ante la Fiscalía Anticorrupción, en un procedimiento que su defensa y sectores afines al MAS califican como un nuevo episodio de persecución política. Patty, reconocida por haber impulsado las denuncias contra exautoridades por las masacres de Sacaba y Senkata (2019), fue interceptada por la Policía minutos antes de ingresar al edificio donde debía ampliar su declaración informativa.

El caso, la detención y el trasfondo político

Según el Ministerio Público, Patty es investigada por presuntas irregularidades en un proyecto agrícola financiado por el Fondo de Desarrollo Indígena (FDI), desde donde, afirman, se le habrían transferido alrededor de 700.000 bolivianos a su cuenta personal como parte de un programa destinado a ocho comunidades. La Fiscalía sostiene que los indicios justifican imputarla por conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado e incumplimiento de deberes.

El operativo ocurrió en pleno centro de La Paz, en la vía pública, y quedó registrado por medios locales. En las imágenes se ve a Patty sorprendida, reclamando que desconocía la existencia de una orden de aprehensión. Su defensa insiste en que ella había decidido presentarse voluntariamente y que nunca recibió una notificación formal previa, lo que —según afirman— demuestra la intención de detenerla sin garantías procesales.

La reacción fue inmediata: dirigentes, organizaciones sociales y referentes del MAS señalaron que la aprehensión se enmarca en una escalada de acciones judiciales contra figuras vinculadas a las investigaciones por los hechos de 2019. Patty fue una de las principales acusadoras en los procesos que responsabilizan a autoridades del gobierno transitorio por las muertes de Sacaba y Senkata, episodios calificados como masacres por organismos nacionales e internacionales. Ese rol la convirtió en una figura central en las demandas de justicia y, al mismo tiempo, en un blanco político recurrente.

La exdiputada rechaza todos los cargos y asegura que los fondos recibidos estaban respaldados por una resolución ministerial, además de denunciar que la causa fue reactivada en un momento políticamente sensible. Su defensa sostiene que la aprehensión, ejecutada justo cuando acudía por voluntad propia a declarar, confirma un uso instrumental del sistema judicial para neutralizar a voces críticas y a protagonistas de causas sensibles para la memoria reciente del país.

La detención de Patty reabre tensiones en Bolivia y vuelve a poner en la agenda internacional el debate sobre la independencia judicial, el tratamiento de los casos vinculados a 2019 y la persistente fractura política que marca al país desde entonces.