La jornada de movilización del 14 de noviembre fue especialmente significativa en términos políticos, generacionales y simbólicos, demostrando que la protesta sigue viva, aunque con nuevas formas y ritmos.

Si bien no alcanzó grandes niveles de concurrencia en términos numéricos la jornada tuvo un fuerte componente simbólico en memoria de Inti Sotelo, Bryan Pintado y Eduardo Ruiz Sanz, quién fuera conocido artísticamente como Trvko.

El recuerdo de Inti, Bryan y Trvko, la denuncia de leyes represivas y la articulación regional muestran que la resistencia pacífica se está volviendo cada vez más fuerte a nivel de distintas regiones.

La fecha conmemoró los cinco años del 14N de 2020, cuando murieron los jóvenes Inti y Bryan durante las masivas protestas contra el espurio gobierno de Manuel Merino.

La  jornada también se expresó en recuerdo de Trvko, quién fue asesinado el 15 de octubre de 2025 durante una protesta debido al disparo de un suboficial de la Policía Nacional del Perú vestido de civil.

Inti, Bryan y Trvko se han convertido en íconos de la protesta social como símbolos de la continuidad de la represión estatal, junto con más de 50 víctimas de la represión entre 2022 y 2023.

Si bien la jornada tuvo como centro Lima, capital de Perú, tuvo sus expresiones en múltiples regiones del país. En Lima la concentración principal fue en la Plaza Dos de Mayo a las 5:30 p. m., donde inició su recorrido hacia el Congreso.

La marcha fue pacífica pero firme, con consignas contra el Congreso y el Ejecutivo, ocasionando congestión vehicular en avenidas como Abancay y Nicolás de Piérola.

En Cusco jóvenes, músicos y colectivos juveniles y sociales marcharon por las principales calles al ritmo de bombos y platillos.

En Puno hubo una concentración en Juliaca para exigir justicia y denunciar abusos. En Chiclayo los manifestantes se reunieron en la Plazuela Elías Aguirre.

También hubo movilizaciones en Arequipa, Lambayeque, Ayacucho y Piura, con distintos niveles de adhesión.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos denunció detenciones arbitrarias, como la del estudiante Máximo Quispe en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

La jornada se realizó a pesar de las amenazas de las autoridades contra la movilización y la vigilancia policial en centros universitarios como la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

El régimen intentó infundir temor mediante iniciativas legislativas que buscan sancionar el uso de mascarillas o cubrirse el rostro durante las marchas sociales.

Incluso el presidente del Congreso de la República Fernando Rospigliosi se tomó las atribuciones de anunciar públicamente el respaldo a medidas de control de la movilización como si fuera un jefe de Estado.

Pese a estas amenazas la juventud salió a las calles y defendió en la práctica su derecho legítimo a la protesta y que esta no constituye ningún delito.

Una bandera gigante del Perú en la Av. Abancay se desplegó como símbolo de unidad y resistencia frente a un régimen que se niega a derogar un paquete de leyes “pro-crimen” y que viene restringiendo los derechos y libertades ciudadanos.

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