Argentina y Ecuador en las calles contra ajustes neoliberales: entre hambre, violencia y patria vendida

Por Noelia Carrazana

La indignación popular volvió a tomar las calles en Argentina y Ecuador. En ambos países, miles de personas se movilizaron contra las políticas neoliberales de sus gobiernos, que han disparado los precios de alimentos, transporte y combustibles, mientras crece la inseguridad, el narcotráfico.

El sábado 27 de septiembre, el colectivo Ni Una Menos convocó a una multitudinaria movilización en la Plaza de Mayo, que luego se trasladó al Congreso Nacional. Las marchas se replicaron en Rosario, Córdoba, Tucumán, Bariloche y San Juan, en repudio a los feminicidios de Morena Verdi (20), Brenda del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15), asesinadas en la provincia de Buenos Aires y cuyos casos se vinculan a redes del narcotráfico.

Los familiares de las víctimas denunciaron la indiferencia del Estado: en el caso de Morena, la Policía se negó a tomar la denuncia hasta 24 horas después de su desaparición, un tiempo vital que pudo haber marcado la diferencia. “No hay víctimas buenas ni malas, hay feminicidios. ¡El Estado es responsable!”, fue la consigna que encabezó la marcha.

El reclamo se conecta con un contexto social cada vez más crítico. La inflación acumulada en los primeros ocho meses del año alcanzó el 19,5 %, y los alimentos lideran los aumentos que erosionan cualquier ingreso familiar. El costo del transporte urbano y los combustibles también subió, agravando la precariedad cotidiana.

A esto se suma el avance del narcotráfico y la inseguridad, particularmente en Rosario y el conurbano bonaerense, donde el aumento del consumo y de los delitos violentos refleja la ausencia de políticas públicas efectivas.

El paro en Ecuador: hambre, violencia y represión

En paralelo, Ecuador atraviesa un paro nacional indefinido desde el 22 de septiembre convocado por la CONAIE y respaldado por organizaciones sociales y estudiantiles. Con bloqueos en Guayas, Manabí, Esmeraldas, Los Ríos y movilizaciones en Quito y Guayaquil, los manifestantes denuncian el aumento del costo de vida y la represión del gobierno de Daniel Noboa.

El Índice de Precios al Consumidor reporta que, aunque la inflación anual se mantiene en torno al 0,31 %, el costo de la canasta básica se disparó por los incrementos en alimentos, transporte y combustibles. En provincias agrícolas, comunidades enteras denuncian que el alza de la gasolina encarece el traslado de sus productos y golpea la economía familiar.

A ello se suma una ola de violencia sin precedentes: entre 2020 y 2023 los homicidios se duplicaron, con bandas vinculadas al narcotráfico que controlan territorios. Informes internacionales destacan a Ecuador como un corredor estratégico de cocaína hacia Europa y EE. UU., situación que alimenta la violencia en las calles.

En medio del estado de excepción, organismos de derechos humanos reportan abusos de las fuerzas de seguridad: detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza y militarización de barrios populares.

La patria vendida: deuda, FMI y pérdida de soberanía

Las movilizaciones en Argentina y Ecuador tienen un trasfondo común: la denuncia de que los gobiernos actuales actúan en favor de las élites y de organismos financieros internacionales, sacrificando la soberanía nacional. Ese reclamo de “la patria vendida” se materializa con cifras, hechos y resistencias cotidianas.

En Argentina, el gobierno negoció con el FMI un nuevo programa de facilidades extendidas por USD 20.000 millones, del cual ya recibió desembolsos iniciales (alrededor del 60 %) para cubrir vencimientos previos y reforzar reservas. Este endeudamiento se suma a préstamos previos: según análisis, la deuda con el FMI (capital más intereses) ronda los USD 65.000 millones en la actualidad, convirtiendo a Argentina en uno de los principales deudores del Fondo. Además, entre diciembre de 2019 y agosto de 2025 se han pagado USD 12.441 millones en intereses al FMI, sin contar capital.

Mientras tanto, en Ecuador las calles también hablan. En las movilizaciones contra el ajuste, se vieron carteles contra el FMI en Quito y otras ciudades, denunciando la injerencia del organismo en las decisiones nacionales. (estas consignas aparecieron en las protestas difundidas por medios y redes sociales) Además, los jubilados ecuatorianos han salido a las calles contra proyectos de ley que, según denuncian, pueden vulnerar su seguridad social y favorecer al sector financiero privado.

Por su parte, en Argentina una de las manifestaciones más recurrentes es la de los jubilados: todos los miércoles marchan hacia el Congreso para reclamar aumentos dignos, medicinas y mejoras en sus derechos. Ese ritual semanal denuncia que el ajuste presupuestal, los recortes y la inflación golpean especialmente a las personas mayores.

Ese contraste entre la deuda al FMI, la transferencia de recursos hacia el pago de intereses y el abandono de servicios públicos es el eje central de la denuncia: la patria no solo se vende en el sentido simbólico, sino en decisiones económicas concretas que hipotecan el futuro del país.