TIERRAS COMUNALES EN GUATEMALA. UNA AGENDA PENDIENTE

La situación de las tierras comunales en Guatemala sigue siendo un foco de profunda conflictividad, anclada en rezagos históricos que se remontan a la época colonial y las políticas agrarias liberales del siglo XIX, las cuales promovieron el despojo en favor de la propiedad privada y las élites.

A pesar de los Acuerdos de Paz de 1996, que prometían un nuevo régimen agrario, el marco legal guatemalteco ha sido calificado como confuso e insuficiente, lo que facilita la inseguridad jurídica y el acaparamiento de tierras por parte de empresas extractivas y grandes propietarios. La falta de reconocimiento de la propiedad ancestral colectiva sigue exponiendo a miles de familias indígenas al desalojo, la criminalización y la violencia, en un país donde la defensa del territorio está estrechamente ligada a la identidad cultural, la supervivencia económica y la gestión de la biodiversidad. Frente a esta adversidad, las comunidades indígenas han revitalizado sus estructuras de organización y han adoptado el litigio estratégico como una herramienta clave para la defensa territorial. Estos litigios buscan no solo la restitución de propiedades específicas —como en el caso de Chuarrancho y las concesiones comunitarias en la Reserva de la Biósfera Maya—, sino también generar un cambio sistémico en la jurisprudencia y las políticas estatales. El objetivo estratégico de estos casos es lograr el reconocimiento formal de la tenencia comunal, que a menudo está respaldada por la costumbre y títulos ancestrales, pero que es ignorada por el sistema registral. Mediante la articulación con organizaciones de derechos humanos y el uso de estándares internacionales (como el Convenio 169 de la OIT), las comunidades están logrando visibilizar sus demandas y obtener fallos favorables, aunque el cumplimiento de estas sentencias a menudo se enfrenta a la resistencia de redes de poder y corrupción. No obstante los logros legales, la criminalización de los líderes y defensores del territorio sigue siendo una táctica recurrente para debilitar las luchas. Fiscalías especializadas han sido utilizadas para denunciar a cientos de integrantes de comunidades indígenas por el delito de «usurpación», invirtiendo el rol de víctima y victimario y exponiéndolos a órdenes de captura y persecución. Este uso arbitrario del poder punitivo, sumado a la falta de voluntad política para abordar la reforma agraria, mantiene a muchas comunidades en un estado de alerta constante frente a la amenaza de desalojos violentos. Pese a ello, la lucha por las más de 1,300 tierras comunales en el país continúa, demostrando que la tenencia colectiva indígena es un modelo de gobernanza territorial esencial para el desarrollo sostenible y la conservación de la Madre Naturaleza. Geopolítica desde la Aldea conversa sobre esta agenda con Juan Carlos Paláez.