STOP GUATEMALA. ¿La MAQUINARIA DE LA JUSTICIA CONTRA LOS DERECHOS HUMANOS?
El sistema de justicia de Guatemala ha sido señalado por organizaciones nacionales e internacionales como un espacio cooptado por poderes fácticos, conocido coloquialmente como el «Pacto de Corruptos».
Esta captura institucional socava la independencia judicial y el Estado de Derecho, instrumentalizando el derecho penal para la persecución selectiva. El patrón de hostigamiento y criminalización se dirige sistemáticamente contra quienes han encabezado la lucha contra la corrupción y la impunidad. Figuras clave, incluyendo exfiscales, exjueces, exmagistrados y antiguos miembros de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), han sido blanco de múltiples denuncias y procesos judiciales por decisiones tomadas en el ejercicio de sus funciones. Este acoso ha forzado al exilio a más de 50 operadores de justicia, incluyendo a Thelma Aldana, Juan Francisco Sandoval, Gloria Porras, y Erika Aifán, quienes han denunciado que los casos en su contra son fabricados por sectores afectados por sus investigaciones. A pesar de las denuncias persistentes y los informes de organismos como la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que urgen a poner fin a la criminalización de defensores, la situación se agrava. El gobierno de Guatemala, en un aparente contrasentido, ha solicitado la activación de la Carta Democrática Interamericana de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y ha clamado protección a organismos internacionales. Sin embargo, esta acción se percibe en muchos contextos como una medida defensiva de la institucionalidad del país ante crisis políticas y no como una garantía efectiva para los perseguidos. Mientras tanto, la criminalización de defensores de derechos humanos, especialmente quienes defienden el territorio y el medio ambiente, y de mujeres operadoras de justicia, es un fenómeno documentado que utiliza indebidamente el derecho penal para silenciar y desarticular la resistencia civil frente a la impunidad y la corrupción. El jurista, actualmente criminalizado, Ramón Cadena, conversa con Geopolítica desde la Aldea.
