Pueblos originarios y comunidades en Guatemala, impactos posibles de la Ley de Aguas
Proyecto de Ley de Aguas, ¿qué ganan y qué pierden las comunidades y pueblos aborígenes de Guatemala? Buenas noches, y bienvenidos/as a Geopolítica desde la Aldea, el espacio donde la lucha por el territorio y los bienes comunes se convierte en el centro del análisis. Hoy abordamos un debate que toca la fibra más sensible de Guatemala: el Proyecto de Ley de Aguas. Históricamente, el agua ha sido administrada por los Pueblos Indígenas a través de sus sistemas comunitarios y ancestrales.
Sin embargo, la propuesta legislativa actual amenaza con redefinir la propiedad, la gestión y la distribución del recurso hídrico, abriendo interrogantes cruciales sobre el futuro de las comunidades que dependen directamente de su acceso y control soberano. Para guiar nuestro análisis sobre esta intersección de legislación, derechos colectivos y soberanía territorial, contamos con un experto en derechos de los Pueblos Indígenas. Nos acompaña el abogado Juan Carlos Peláez, especialista en el análisis de marcos normativos que impactan directamente a las comunidades y pueblos aborígenes de Guatemala. Junto al abogado Peláez, desglosaremos la propuesta de Ley de Aguas bajo una lupa crítica, centrándonos en la pregunta fundamental que titula nuestra entrevista: ¿Qué ganan y qué pierden las comunidades y pueblos aborígenes de Guatemala con este proyecto? Abordaremos puntos de conflicto vitales, incluyendo: Derechos Constitucionales vs. Propiedad Estatal: El abogado Peláez nos explicará si la propuesta de ley respeta el Convenio 169 de la OIT y los derechos ya adquiridos en materia de consulta y libre determinación sobre el uso del agua en sus territorios. Impacto en la Gestión Comunal: Analizaremos cómo los sistemas de administración del agua, propios de los pueblos indígenas, podrían ser cooptados o desarticulados por una estructura institucional centralizada y cómo esto afectaría la seguridad hídrica local. Riesgos y Oportunidades: Discutiremos los riesgos de mercantilización del agua y la posible exclusión de las comunidades del poder de decisión, contrastándolos con las pocas oportunidades que la ley podría ofrecer para una gestión más equitativa.