El Decreto 5503, que abría las compuertas, de manera desbocada, la transferencia de los bienes comunes, como litio, tierras raras, etc., al sector empresarial, incluso vulnerando lo establecido en la Constitución Política de Bolivia, activo una de las movilizaciones más potentes del campo popular por varios días, encabezado por la Central Obrera Boliviana.

Al grado que el presidente Paz Pereira tenía el ultimatum popular: Si no abrogas ese Decreto hasta el día lunes, 12 de enero, de vas de la presidencia. No importó que fuese domingo, no importó que el lugar de la reunión exigido por el campo popular movilizado fuese la sede de las organizaciones populares en la ciudad de El Alto. Lo cierto, 6 ministros llegaron a la reunión en domingo. Y, luego de varias horas de reunión, en un ambiente con aroma a la «raza de bronce aymara», tuvieron que retroceder y aceptar que el Decreto 5503 era anti patria y debía de abrogarse. Y así fue. Ahora, el gobierno tiene 24 horas para firmar un nuevo Decreto con la eliminación de la subvención de los hidrocarburos, salarios y bonos, sin abrir las compuertas a las privatizaciones de los bienes. Mientras, los campesinos, obreros e aborígenes se mantienen en estado de emergencia y en asambleas a la espera del nuevo Decreto. Así es Bolivia: territorios donde las organizaciones sociales y comunitarias, incluso sin los caudillos autoproclamados, revierten, por ahora, las aspiraciones de los «libertarios».

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