Justicia climática para personas afrodescendientes
Afectados por el huracán Matthew en Haití. Foto: Logan Abassi/MINUSTAH
Así lo sostuvo en un comunicado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA).
El llamado a los Estados se efectuó con motivo del Día Internacional de las Personas Afrodescendientes, que se celebra los 31 de agosto de cada año.
Las Personas Afrodescendientes enfrentan una emergencia climática agravada por el racismo estructural y ambiental, que históricamente les ha negado acceso a tierra, agua y participación pública,.
Ellas se encuentran entre las más vulnerables a los efectos devastadores de la crisis climática, y aún más las mujeres, personas mayores y afrodescendientes con discapacidad.
Esta situación ocurre pese a que son las que menos contribuyen a los efectos invernaderos, como se ha indicado el informe Pobreza, cambio climático y derechos económicos, sociales y culturales.
En el reciente informe sobre las inundaciones en Rio Grande do Sul, la REDESCA documentó cómo comunidades afrodescendientes y quilombolas resultaron desproporcionadamente afectadas por la catástrofe.
Ellas enfrentaron pérdidas agravadas por la histórica falta de acceso a tierras seguras, servicios básicos y procesos de regularización territorial.
Estos hallazgos evidencian los riesgos y vulnerabilidades de las comunidades afrodescendientes en contextos de desastre, y reafirman la urgencia de políticas climáticas con enfoque de justicia racial e interseccional.
El cambio climático constituye una emergencia de derechos humanos, con impactos en la vida, la salud, la alimentación, la vivienda, el trabajo y el acceso al agua potable de las personas en todo el hemisferio.
La intensificación de fenómenos extremos –como sequías prolongadas, inundaciones, huracanes, incendios y el aumento del nivel del mar– desestabiliza los ecosistemas y provoca impactos profundos en millones de personas, especialmente en quienes ya enfrentan pobreza y exclusión social.
El impacto desproporcionado de la crisis climática sobre comunidades afrodescendientes refleja desigualdad racial que amenaza su identidad, cultura y supervivencia, agravada por la degradación de territorios ancestrales y la exclusión de decisiones públicas.
La justicia climática requiere políticas ambientales con enfoque antidiscriminatorio que reconozcan su papel en la preservación de ecosistemas y en un futuro sostenible.
Cabe considerar que, según la FAO, junto con los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes son quienes más pueden aportar a la mitigación climática gracias a saberes ancestrales y prácticas colectivas.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos y del Protocolo de San Salvador obligan a los Estados a adoptar medidas urgentes y eficaces frente a la emergencia climática.
En línea con la reciente Opinión Consultiva 32-25 de la Corte IDH, deben garantizar la protección reforzada de derechos como la vida, la integridad personal, la salud, la alimentación, la vivienda, el agua, un medio ambiente sano y la identidad cultural.
Para enfrentar la crisis climática, los Estados deben recabar datos exhaustivos y desglosados sobre los riesgos para las personas y los ecosistemas, identificando y tomando medidas diferenciadas que protejan a los grupos poblacionales particularmente vulnerables frente a estos.
La CIDH y la REDESCA instan a los Estados a actuar con urgencia, garantizando políticas climáticas y ambientales basadas en derechos humanos y en los principios de justicia climática e igualdad racial.
Esto requiere reducir emisiones y garantizar una transición energética justa; proteger territorios ancestrales afrodescendientes con la participación efectiva de las personas afrodescendientes y el consentimiento libre, previo e informado.
Además, eliminar barreras de acceso a la información y garantizar la reparación integral ante violaciones. Así como ampliando el financiamiento climático equitativo para adaptación y resiliencia.
Dato:
La Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el objetivo de fortalecer la promoción y protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el continente americano, liderando los esfuerzos de la Comisión en esta materia.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actuar como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan a sus países de origen o residencia.
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