En el Día Internacional de la Democracia la CIDH exhorta a los Estados a proteger y reconocer el papel protagónico de las organizaciones de la sociedad civil en la promoción de los derechos humanos y en la consolidación de instituciones democráticas.

Asimismo, a abstenerse de cualquier acción arbitraria o desproporcionada que obstaculice su labor.

El Día Internacional de la Democracia es una jornada que se celebra anualmente el 15 de septiembre desde 2008, y fue promulgada por la Asamblea General de la ONU en 2007.

En esta fecha la Comisión Interamericana pide a la comunidad internacional y a los actores de cooperación a promover y fomentar diversas formas de participación ciudadana con el objetivo de fortalecer la democracia.

Recuerda que la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana reconocen la asociación ciudadana como elemento fundamental de la democracia.

En consecuencia, los Estados tienen la obligación de mantener un ambiente propicio para la defensa de derechos humanos en una sociedad democrática.

La ausencia de una sociedad civil organizada aumenta el riesgo de que se den retrocesos en las libertades civiles, en el Estado de Derecho y en la propia la democracia.

La Comisión Interamericana observa que en diversos Estados de la región, se han impulsado o aprobado marcos legislativos o administrativos que tienen como finalidad limitar u obstruir su trabajo a través de procesos de registro más estrictos.

Tales regulaciones buscan controlar sus ámbitos de trabajo o fiscalizar de manera desproporcionada sus fuentes de financiamiento.

La Comisión recuerda que, si bien los Estados pueden reglamentar el registro, supervisión y control de las organizaciones, el marco regulatorio no debe emplease para silenciar o intimidar a la sociedad civil.

Además, remarca que los requisitos legales no deben ser arbitrarios ni desproporcionados.

La Comisión también observa que persisten prácticas estatales que desalientan deliberadamente la labor de las organizaciones de la sociedad civil.

Ejemplo de ello es el uso abusivo del sistema judicial con fines intimidatorios, la vigilancia arbitraria mediante tecnologías, discursos estigmatizantes, así como campañas de difamación que las señalan de ser “enemigas del Estado” y “traidoras de la patria”.

La convergencia de estas prácticas puede generar un clima de temor y, con ello, autocensura dentro de las organizaciones en perjuicio de la democracia, advierte un pronunciamiento de la CIDH.

Cabe recordar que la CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia.

La CIDH está integrada por siete miembros independientes, elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y que no representan a sus países de origen o residencia.

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