Gobierno brasileño promulgó parcialmente la Ley Devastación. Expertos cuestionan que amenazas para región amazónica se mantienen.

Expertos y activistas han enfatizado que se estarían dejando vacíos legales que abren las puertas a la exploración de hidrocarburos en la desembocadura del Amazonas o la construcción de carreteras en la región.

Cabe recordar que a mediados de julio el parlamento brasileño aprobó el proyecto de ley 2159/2021, también conocido como Ley Devastación. Días posteriores el presidente promulgó la norma de forma parcial.

El panorama genera preocupación de cara a la COP30 que se desarrollará en Belém.

Antes de promulgarla el 8 de agosto, Lula Da Silva vetó 63 de las 400 disposiciones que contenía la ley. Entre los puntos rechazados se encontraban los más críticos en materia ambiental. 

Con estos puntos críticos se buscaba restar poder a organismos fiscalizadores, facilitar la deforestación y quitar protección a territorios indígenas y quilombolas en demarcación.

Una de las medidas más cuestionadas era la Licencia por Adhesión y Compromiso (LAC) o “autolicenciamiento”, que permitiría a empresas obtener permisos ambientales presentando información básica y sin necesidad de estudios de impactos.

Al clasificar a proyectos con potencial de contaminación media, esta licencia excluía a pueblos indígenas y quilombolas de su derecho a consulta sobre actividades en sus territorios.

Esta norma también fue ampliamente criticada por beneficiar al sector agroindustrial y realizarse sin diálogo con la sociedad.

A pesar del veto parcial que el gobierno impuso a los aspectos más dañinos de la ley, expertos señalan que las amenazas para el ambiente persisten, más aún con la posibilidad del parlamento para revocar los vetos.

Entre las medidas que se mantuvieron, se encuentra la Licencia Ambiental Especial (LAE), que busca agilizar  permisos de proyectos que el Gobierno considere estratégicos.

De esta forma, esta decisión que ha sido señalada como insuficiente para contrarrestar los riesgos ambientales.

“El país necesita un licenciamiento ambiental eficiente, técnico, transparente y participativo que concilie el desarrollo con la protección ambiental y esté a la altura de los desafíos climáticos y sociales de nuestro tiempo”, señala la World Wide Fund (WWF) Brasil.

En este contexto, el gobierno Brasileño anunció que presentará un proyecto de ley que busque llenar los vacíos generados por el veto de los 63 artículos.


Con información de France24, WWF y Telesur.

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